Las refinerías del país producen a máxima capacidad, aumentaron un 11% interaunal. Además hace algunas semanas, el Gobierno autorizó aumentar el «corte» del gasoil con biodiesel (en criollo: diluírlo o estirarlo) pasando de un 5% a un 12,5%. Ninguna de estas medidas logró resolver la falta de abastecimiento en surtidores del gasoil/diesel, faltando unos 1600 metros cúbicos diarios de suministro.
¿Qué pasa con el gasoil?
Hay varias lecturas en la prensa y no todas se ponen de acuerdo, pero hay elementos comunes que se repiten. La invasión rusa a Ucrania que disparó los costos de combustibles, el aumento en la actividad económica «post-pandemia» a nivel global (y nacional, que empuja la demanda un 14% interanual) y las liquidaciones récord del campo que consume el 28% del gasoil, son algunas de ellas.
Lo que algunos informes sugieren, pero muy al pasar, puede explicar la falta de solución de fondo al problema: la desinversión en infraestructura y el rol de los grandes jugadores del sector energético y de consumo: las grandes empresas, pooles de siembra y multinacionales.
Resulta que Refinor de Pampa Energía (Salta) y la gran mayoría de estaciones de servicio de la zona fronteriza del noroeste venden el gasoil a precio internacional (el doble que el local) a productores de Bolivia y Paraguay. Hay informes de grandes productores que liquidaron las cosechas para venderlas rápidamente al exterior y aprovechar la subida de precio de los productos del agro por la invasion rusa a Ucrania, aumentando el uso de camiones y por ende del consumo. Por último los grandes pulpos petroleros multinacionales que operan en nuestro país hicieron lo mismo: priorizaron vender el crudo afuera para obtener más ganancias récord con el barril de Brent en precios que rondan los 120 dólares.
El Gobierno de Alberto Fernández por su lado, responsable por la falta de inversión en infraestructura (tanto como los anteriores de Macri y Cristina) no ha tomado ninguna medida que garantice de forma urgente el gasoil para las máquinas y los vehículos.
Por el contrario, todas las medidas aplicadas tienden a favorecer aún más a las mismas empresas que se benefician del aumento de precios y la escasez. Diluir el gasoil es permitir que vendan porquería a precio de combustible, abaratándole el costo a las refinerías y produciendo daños en los motores de los que cargan. Aumentar el costo a consumidores extranjeros como en el noroeste, sólo permite que las refinerías y estaciones saquen aún más ganancia y no logra desalentar la venta. Por último, impulsando la importación de barcos y pidiendo por favor a las multinacionales que extraen crudo que lo destinen al mercado interno, sólo les permitirá aumentar aun más el precio del gasoil (que ya superó a la nafta y aumentó un 20% en lo que va del 2022), y dependerá en parte de la «buena voluntad» de los especuladores.
Lo que hace falta.
Es necesario encarar la crisis energética global y local con un programa que responda a las necesidades del pueblo trabajador y no de los especuladores. Es necesario declarar la emergencia energética, garantizando el abastecimiento a los sectores productivos y consumidores.
Eso debe implicar que las grandes empresas resignen ganancias para que el gasoil se venda al costo por lo que dure la medida. Las grandes empresas que se llenaron los bolsillos durante años saqueando a la Argentina, tanto en extracción como refinación, deberán aceptar y si se niegan, amenazando con cierres y despidos, deben ser estatizadas bajo control de sus propios trabajadores que saben operar y producir, bajando el costo del producto final y subiendo los salarios.
Toda empresa que venda al mercado internacional para obtener beneficios extraordinarios, cuando hay escasez en el país, deberá enfrentar el mismo destino.
El aumento de la producción (extracción, transporte y refinación) debe incorporar a miles de trabajadores repartiendo las horas de trabajo existentes en turnos de 6 horas y no de 8 o 12, como es actualmente.
Por último, para construír una salida estratégica para el sector y el país es necesario avanzar en la estatización y nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo control de sus trabajadores.