El conflicto diplomático entre Argentina y Paraguay que se viene desarrollando hace semanas tiene dos aspectos relacionados a la interacción de ambos países: el problema de la energía, alrededor de la represa de Yacyretá y el de los peajes de la Hidrovía (ríos Paraná y Paraguay). Ambas cuestiones de gran importancia en las que, mirando un poco más allá de lo que muestran, se puede ver como los Estados nacionales de países semicoloniales como los nuestros, actúan como ejecutores de los intereses de las multinacionales.
La relación de Argentina con Paraguay tuvo varios hitos de enfrentamiento en su historia. Sin duda el más importante y dramático fue la guerra de la Triple Alianza, (1864/1870) en la que murió entre el 60 y 69% de la población paraguaya, y en la que el Estado argentino cumplió un rol genocida.
La burguesía argentina siempre tuvo una actitud de avasallamiento del Paraguay, aprovechándose de su mayor fortaleza para obtener rédito (desarrollando mecanismos de opresión), lo que a nivel popular se traduce en xenofobia con la comunidad paraguaya.
Sin embargo, ahora no estamos ante un gesto de soberanía del Estado paraguayo, aunque eso haya inundado los discursos al respecto de ese Gobierno, ni del Estado argentino. Sino que la disputa expresa dos cuestiones esenciales que hacen a problemas de fondo de ambos estados, serviles a las multinacionales. Veamos.
La Hidrovía
Hace tiempo que en Argentina se viene hablando de la Hidrovía, ya que en 2021 venció la concesión a la empresa belga que la administraba (desde 1995 la administración está privatizada) y aún está suspendida una nueva licitación. Hay que tener en cuenta que esta vía fluvial, que tiene 3400 kilómetros de longitud, concentra el 60% del comercio exterior de Argentina y el 70% de las exportaciones paraguayas y factura entre 200 y 300 millones de dólares por año.
Paraguay pone el grito en el cielo por el peaje que se empieza a cobrar (de 1,47 dólares por tonelada transportada) en concepto de mantenimiento de dragado y balizamiento (lo que se delegó tercerizado a la empresa belga), siendo que de las 153 empresas que se verían afectadas por tener que pagar ese impuesto 147 son de origen extranjero, con gran predominio de los capitales norteamericanos.
Por otra parte, el Estado Argentino impone ese canon, en el marco de buscar el ingreso de dólares de variadas maneras por la situación en la que se encuentra la economía del país y frente a la queja de los empresarios de la UIA que defienden el peaje, pero mantiene en manos del capital extranjero la inmensa mayoría de los puertos que hay en la cuenca (16 de 21). De hecho, el 26 de noviembre de 2020 salió el decreto 949/20 que echó por tierra los anuncios de una posible estatización, dando lugar a una nueva licitación privada, que aún está sin concretar.
Es decir, ambos estados, tienen el comercio exterior fluvial en manos de multinacionales (la mayoría de las cuales se repiten en ambas flotas) y la pelea es en función de cómo cumplir mejor ese rol servil (y quién se queda con las migajas).
Yacyretá y el problema de la energía
Como represalia Paraguay suspendió la venta de su parte de la energía proveniente de la hidroeléctrica Yacyretá, entidad binacional que funciona desde 1995, cuyo financiamiento hizo el Banco Mundial y es la mayor proveedora de energía eléctrica del país vecino (un 45%). El argumento es la deuda que el Estado argentino no venía pagando de la parte de energía que le compra a Paraguay (ya que este no necesita el total del 50% que le corresponde, solo consume el 13%).
Esta situación no solo revela la crisis de dólares de la economía argentina sino también el problema de la energía como un problema estructural del país. Similarmente se evidencia cuando frente a las altas temperaturas el sistema eléctrico colapsa en varias regiones frente a las olas de calor.
La privatización de la energía eléctrica impuesta con las políticas entreguistas de los ́90 tuvieron consecuencias nefastas en este aspecto y convirtieron esta cuestión vital en un gran negociado de diversas empresas, que se caracterizaron por la desinversión tanto en materia de generación, como de transporte y de distribución de la energía eléctrica. En La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), que cumple un rol fundamental en la distribución de energía en el país, el Estado Argentino sólo interviene con un 20%, y el resto son capitales privados. Las de distribución son capitales privados y tienen permanente deuda que termina absorbiendo el Estado, además de los subsidios que se les otorgan por vía directa o indirecta,
La soberanía energética de la que tanto se ha hablado está muy lejos de alcanzarse, principalmente porque la industria energética está en manos de multinacionales y capitales privados.
Los intereses del pueblo trabajador
El conflicto diplomático entre Argentina y Paraguay no responde a los intereses del pueblo trabajador de ambos países. Los gobiernos y estados representan los intereses de los sectores de poder a los que sirven, que son los que nos explotan y oprimen en nuestros países. Los trabajadores argentinos y paraguayos tenemos que luchar por echar a las multinacionales, e imponer en nuestros países otro modelo económico que esté al servicio de las necesidades de la población y no de la ganancia empresarial y de las multinacionales. Algunas primeras medidas en ese sentido serían: la nacionalización y monopolio estatal del comercio exterior, para que el mismo sea planificado en función de las necesidades del pueblo trabajador; expropiación de toda la industria agrícola, centro del comercio de la Hidrovía; estatización de la Hidrovía y de todos los puertos de la cuenca, basta del lucro de las multinacionales con nuestros ríos y recursos, estatización de toda la industria energética bajo control obrero, por un plan de soberanía energética al servicio del pueblo pobre en función de las necesidades, contemplando el problema ambiental. Estas medidas deberían formar parte de un plan económico obrero que solo un Gobierno de trabajadores, conquistado por la vía de una Revolución puede ser capaz de implementar. Para dirigirnos por ese camino, la solidaridad de los trabajadores argentinos y paraguayos es fundamental, sin dejarnos enfrentar por los intereses de los empresarios y las multinacionales.