¿SE PUEDE FRENAR?
En marzo de 2021 un gran incendio originado en la provincia de Río Negro arrasó con miles de hectáreas, llegando hasta Chubut y Neuquén. Desde julio del año pasado comienza en las sierras de Córdoba una serie de incendios que terminan afectando una superficie de más de 90 mil hectáreas. Casos similares se repiten en otras provincias como Chaco, Catamarca y Buenos Aires. En esta última, desde el comienzo de la pandemia se intensificaron los incendios sobre el Delta del Paraná, ocasionando que todas las ciudades y pueblos que lo rodean se encuentren bajo oscuras nubes de polvo y humo. Estos incendios están lejos de ser simples accidentes: son Ecocidios. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes se benefician?
Ecocidios
Son incendios intencionales con daños ecológicos irreversibles. Los estragos van desde la pérdida de la cubierta forestal del lugar, la huida y muerte de varias especies de animales, hasta un impacto inmensurable para la vida de los habitantes. Sin dejar de lado que la emisión a gran escala de dióxido de carbono es la principal causante del calentamiento global. Pero, para obtener responsables es importante ver las causas de esta destrucción ambiental.
Agro negocio.
Podemos observar que parte de las tierras que sufrieron estos incendios son utilizadas para el cultivo de soja y la ganadería. La agroindustria en nuestro país representa el principal negocio de exportación.
La quema de la tierra es una práctica común dentro de la agricultura que busca renovar las pasturas, “limpiando” los terrenos para buscar rebrotes para el cultivo de la soja.
Son conocidas las severas consecuencias que deja el cultivo de esta semilla patentada. El mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) admite estar preocupado por las consecuencias para el suelo del cultivo desmedido del transgénico. La soja extrae minerales esenciales que no se reponen y la utilización del glifosato (herbicida utilizado para eliminar hierbas y malezas), es nociva para los microorganismos del ambiente y hasta para el consumo humano.
Por todo eso la disponibilidad de tierras se reduce, provocando que este negocio necesite de cada vez más deforestación para la obtención de nuevas tierras fértiles listas para la explotación.
Negocios inmobiliarios
La quema provoca que estos terrenos se vuelvan “productivos” para el el sistema comercial, haciendo que su valor llegue a triplicarse. Entonces se los vende no solo para el desarrollo de la agricultura, como lo detallamos en el punto anterior, sino también para la creación de barrios privados. En el caso particular de los humedales, desde hace ya varias décadas, son transformados en barrios cerrados, clubes náuticos y privados, para el acceso de sólo una elite social y económica.
Un ejemplo claro es lo que pasó hace poco con los carpinchos en el barrio privado Nordelta en la zona norte del Gran Buenos Aires. El hábitat natural de esos animales son los humedales. Nordelta está construido sobre estos terrenos húmedos rellenados con tierra, por lo que lejos de ser un animal invasor es, más bien, el invadido por la especulación comercial.
Lo mismo sucede con otras especies, que son desplazadas de sus hábitat naturales o eliminadas por los incendios.
Remarcamos que esas tierras no fueron utilizadas para resolver el terrible problema de la falta de viviendas, sino vendidas a precios internacionales para el acceso de los ricos y millonarios.
Mega minería.
En la Patagonia, los incendios tuvieron como finalidad la búsqueda de oro. Según estudios públicos en los Registros Nacionales Mineros (Padrón y Catastro Minero) bajo el suelo de este territorio existe una gran concentración de oro aún no explotado. El problema con el que se hallan las corporaciones internacionales de mega minería es la existencia de la cordillera, y los bosques, lagos y glaciares. Así, los incendios fueron provocados para abrir el paso a la explotación del suelo. Explotación que queda en mano del capital extranjero que destruye el ecosistema para la expoliación de nuestros recursos a cambio de migajas en comparación con las ganancias obtenidas.
¿Quiénes pagan los platos rotos?
El pueblo trabajador es quien sufre las consecuencias de este desastre ambiental para beneficio de unos pocos. No es un daño solo para futuras generaciones sino que tiene consecuencias inmediatas.
Los incendios en el Delta abrieron el debate sobre la implementación de la Ley de Humedales, que busca la regulación estatal sobre estos territorios para acabar con el lobby inmobiliario y la explotación agropecuaria. Hay ya quince proyectos diferentes presentados en el Congreso, varios de ellos intentaron aprobarse sin éxito.
En el 2020, pese a la gran ola de incendios y de grandes movilizaciones de protesta, el Gobierno Nacional de Alberto Fernández excluyó el tratamiento de la ley dentro de las sesiones extraordinarias. No es de sorprendernos esta decisión si tenemos en cuenta que su implementación va en contra de los grandes capitales del país: la Sociedad Rural, la Federación Agraria, las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, los grandes productores agropecuarios, las empresas agroexportadoras y mineras, las grandes cadenas inmobiliarias.
Además, en el mismo río Paraná se encuentra la “hidrovía” comercial más importante de Latinoamérica en manos de una multinacional belga. El Gobierno no quiere perjudicar los negocios de los empresarios nacionales como tampoco generar ningún riesgo en el saqueo del imperialismo.
¿Qué necesitamos?
No debemos seguir permitiendo la búsqueda de ganancias a costa de nuestras vidas. Así lo entendieron los cientos de mujeres indígenas que en mayo de este año llegaron a Buenos Aires, luego de 2000 km de caminata, desde los cuatro puntos cardinales, para exigir al Gobierno: ¡Basta de Terricidio!
Para que cesen los crímenes contra la tierra y quienes la habitamos, es urgente luchar por:
Que la explotación del suelo esté en manos del Estado, bajo control de los trabajadores agrícolas y pequeños campesinos, para asegurar el beneficio a toda la comunidad y generar el menor impacto ambiental posible.
Que los recursos y canales comerciales sean nacionalizados, bajo control de los trabajadores. Es parte fundamental de recuperar nuestra soberanía que tanto el Gobierno dice defender y que poco hace por ello.
Que las organizaciones obreras incorporen en su programa estas demandas para garantizar la soberanía alimentaria y la defensa del medio ambiente. Así como la urgente necesidad de dejar de pagar la Deuda Externa.
Sólo con medidas como éstas, impuestas por la movilización obrera y popular, podremos frenar el colapso ambiental. Quienes levantamos, también en las próximas elecciones, la necesidad de una Revolución Obrera y Socialista, no hablamos de utopías sino de una cuestión de vida o muerte que no se puede eludir ni dejar para el futuro.
https://cai.org.ar/el-suelo-despues-de-la-soja/
http://idepsalud.org/incendios-en-chubut-sobre-el-oro-que-esta-debajo-de-los-bosques/
https://www.pagina12.com.ar/285497-los-humedales-amenazados-por-el-avance-de-los-barrios-privad