Después del aval que le dio el parlamento burgués al Gobierno para aprobar las bases del acuerdo de sometimiento al FMI, Alberto Fernández dispuso lo que difundió como “una guerra a la inflación”. Una serie de medidas irrisorias que se asemejan más a una” palmada en la cola” a los formadores de precios, y no a verdaderas acciones de contención atacando a los generadores de este flagelo: las grandes empresas nacionales y extranjeras controladoras del mercado de alimentos, medicamentos, energía, y los distribuidores, en una economía dependiente del capitalismo internacional.
Según el INDEC la inflación de febrero fue del 4,7%, y suma en los dos primeros meses de este año un 8,8%. La interanual, de marzo 2021 a febrero 2022 llega al 52,3%. La de los alimentos en el 2022 ya llega al 12,8%. Proyecciones de economistas y consultoras patronales, así como algunos funcionarios del Gobierno pronostican que este año estaría entre 55% y 60%.
Tras el acuerdo con el FMI los Fernández, aunque lo nieguen, profundizarán el ajuste a los trabajadores y al pueblo, y parte de ello es la escalada de precios impulsadas por las empresas controladoras de la producción. Ante semejante panorama del capitalismo argentino, con las perspectivas de desgastes políticos acelerados y crisis internas en el Frente de Todos, el Presidente salió con discursos para la “platea” que en lo más mínimo pronostican un verdadero ataque a la inflación.
Cinco medidas para la tribuna
1. Reactiva hasta el 7 de abril próximo el programa de “precios cuidados” ampliándolo a 1.321 productos. Algo que en la práctica nunca fue cumplido, ni siquiera en plena pandemia del Covid-19. En realidad son precios de referencia y exceptúa a las empresas de incluir sus principales marcas y de mejor calidad.
2. Precios máximos a productos de primera necesidad. Una burla económica al bolsillo de los trabajadores. En los últimos diez días las listas de precios a distribuidores y a puntos de venta llegaron con aumentos de hasta un 30%, que no están dispuestos a bajar aunque el Gobierno pide retrotraerlos previo antes de los aumentos, algo que nunca ocurrió. Por ejemplo aumentaron La Serenísima (10%), Arcor (15%), Bimbo (20%).
3. Creación de un “Fondo Fiduciario” (fideicomiso) para las verduras frescas que se venden en el Mercado Central, pero no aclara que se haría con los mercados concentradores del interior del país.
4. Creación de un “fideicomiso” (administración de fondos aportados por terceros) destinado a un Fondo del Trigo. Recursos que se obtendrían de un restablecimiento del 2% (del 31% al 33%) de las retenciones solo a las exportaciones de harina y aceite de soja. Y tendría como objetivo subsidiar el precio del pan y derivados del trigo. Nada se dice sobre el aumento exhuberante y reciente del pan y derivados de harina, y cómo se haría para que vuelva a precios anteriores.
5. Se convocó a una Mesa de Diálogo con productores agropecuarios, empresas nacionales y extranjeras, entidades capitalistas de la producción que las agrupan, a los dirigentes sindicales burocráticos, para debatir como bajar la inflación. Es decir, a los que ganan fortunas aumentando y a los que permiten el despojo a los trabajadores. Justamente a los que monopolizan el poder de la producción y ganan fortunas pendientes de los precios internacionales, no de las necesidades de la población empobrecida. Por ejemplo están convocadas las 11 empresas que exportan harina y aceite de soja: Cargill, Cofco, Nidera, Noble, Molinos, ADM, Toepfer, Bunge, AGD, Vicentin, ADA, muchas de ellas multinacionales además. Difícil que acepten retrotraer los precios a principio de marzo como les propusieron.
Precios por el ascensor, salarios por una vieja escalera de incendio
En forma paralela al flagelo de la inflación, el ataque al salario del capitalismo es cada vez más salvaje. Con la complicidad de las conducciones sindicales cómplices del Gobierno, en los últimos seis años el salario real perdió un 20% de poder adquisitivo en el sector privado registrado, el 26% en el sector público y en los informales y en negro un 29%.
Ministerio de Trabajo, sindicalistas y empresarios se reunieron en el Consejo del Salario y subieron el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $33.000.- a $47.850, un 45%. Variable que establece lo mínimo que debe ganar un trabajador. Y además en cuatro tramos hasta diciembre 2022. Es decir, sin recuperar lo que vienen perdiendo, los trabajadores deben aguantar la escalada de precios con salarios en cuotas ya devaluados.
A la par de los índices inflacionarios de febrero pasado, el INDEC informó que en una familia tipo de cuatro integrantes debería percibir ingresos por $83.807 para no estar bajo la línea de pobreza sin considerar el pago de un alquiler y otros servicios básicos. Por otra parte la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado estableció que ningún trabajador debería ganar menos de $136.000.- Si se considera además que la jubilación mínima desde marzo será de $32.630.- se demuestra el enorme ajuste económico acordado con el FMI y quienes tendrán que soportarlo.
A quiénes conviene
El Gobierno hace demagogia con su guerra a la inflación; su ministro de Economía, Martín Guzmán, y el resto de los funcionarios ministeriales saben que si bien le trae desgaste grande y problemas políticos, las consecuencias del acuerdo con el FMI favorecen la inflación. Así también impulsó y permitió el reciente aumento de combustibles, el tarifazo que viene en la luz y el gas, el aumento en la medicina prepaga, los medicamentos, y en todos los servicios como los de telefonía y comunicaciones.
La inflación les permite a estos gobiernos patronales al servicio de los grandes capitales recaudar mucho más, y al reducir proporcionalmente los salarios y gasto público como salud y educación lograría reducir el déficit fiscal para disponer en el tiempo, economia de recursos para pagar intereses usureros de una Deuda Pública impagable.
Párrafo aparte merece el otro factor inflacionario que no ataca Alberto Fernández. No son los trabajadores y los jubilados los que empujan el dólar. Son los grandes especuladores como los acreedores en Leliqs del Banco Central y las propias exportadoras de productos agropecuarios y mineros que buscan aumentar sus millonarias ganancias con las devaluaciones. No es casual que el FMI exija en el acuerdo que el dólar oficial se acerque más al paralelo, con importaciones más caras que enfriarán nuestra débil economía capitalista.
Hay herramientas económicas que no quieren aplicar
Ratificamos las medidas que el gobierno burgués peronista podría implementar, aunque sean provisorias dentro de este capitalismo en una crisis, que podría atenuarla y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo. Pero los Fernández, por no afectar la propiedad privada de los capitalistas y respetar la especulación de las ganancias del ”mercado” no apelan siquiera a recursos provisorios que el capitalismo argentino ya utilizó, y podrían atenuar la salvaje remarcación de las patronales.
El recrear las Juntas Nacionales de Carne y Granos o el Mercado Único de Cambios podrían garantizar alimentos y bebidas básicos con precios accesible y el resto exportarlos. Pero además puede imponer la Ley de Abastecimiento interviniendo en las empresas productoras para controlar los mentirosos motivos de las remarcaciones y los posibles desabastecimientos. Se aplicó en el 2011 con los combustibles de la empresa Shell, en 2012 con la yerba mate y en el 2013 con el trigo. El propio Mauricio Macri estuvo por aplicarla en 2019 por la nafta y el gas oil.
Los socialistas revolucionarios sabemos que la única forma contundente para contener esta odiosa inflación es con el pueblo movilizado. Con el control de los trabajadores en sus propias empresas organizados democráticamente para denunciar e impedir abiertamente la especulación de los patrones para sus mayores ganancias. Pero a eso no está dispuesto ningún sector del Frente deTodos.