Cristina Fernández viene sosteniendo que las distintas causas judiciales sobre corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz son parte en realidad de una persecución política sobre ella. Sería, según argumenta, un ejemplo de “lawfare” (1).
Es cierto que la investigación de la Justicia es parcial ya que está focalizada sólo en la obra pública en Santa Cruz. Si se hubiera investigado el conjunto de las contrataciones del país habrían tenido que incluir como imputados a la familia Macri (incluido el primo Calcaterra), y también a Nicolás “Niki” Caputo (amigo del alma de Mauricio), así como muchos otros empresarios. Hacia ahí apuntó Cristina en su larga defensa en su canal de YouTube. Por otro lado se la acusa con la reaccionaria y arbitraria figura legal de “asociación ilícita” (2) y tampoco se explica por qué sólo están acusados De Vido y José López, además de Cristina, y no los Jefes de Gabinete del período como Alberto Fernández o Sergio Massa entre otros. También hay evidencias de la vinculación del fiscal Luciani y miembros del Tribunal con Macri.
Pero lo que Cristina misma reconoció es que hubo corrupción bajo su gobierno y el de Néstor Kirchner, aunque intenta adjudicársela a sus funcionarios, a los que el kirchnerismo mantuvo a lo largo de sus 12 años. Nada explica del acelerado y astronómico crecimiento de la fortuna de Lázaro Báez con la obra pública, amigo personal de la familia, y sus negocios comunes que también hicieron aumentar la fortuna de los Kirchner. A esto podríamos agregar la corrupción con los subsidios del transporte que ocasionó la masacre de Once, y un largo etcétera.
Es falso entonces el argumento del kirchnerismo y sus medios afines, avalado por el PJ y la totalidad del Gobierno del Frente de Todos (FdT), de que se trata de causas inventadas para perseguir políticamente y proscribir a Cristina. En todo caso no deberían ser acusadas/os sólo Cristina y sus funcionarios sino también los empresarios. Y cabe agregar que aún si el Tribunal confirmara la condena pedida por el fiscal quedan varias instancias de apelación que pueden demorar años. No habría impedimento por lo tanto para que Cristina se postule en el 2023 y tampoco iría presa en lo inmediato.
Otra cuestión es la utilización cínica de las causas judiciales que hace la oposición patronal y que agitan sus medios amigos para desgastar a Cristina y al Gobierno en vista de las elecciones del 2023. Justamente ellos que bajo el Gobierno de Macri fueron tanto o más corruptos que el kirchnerismo. Basta mencionar la causa del Correo Argentino, las “autopistas del curro”, la del soterramiento del Sarmiento de la mano de la brasileña Odebrecht, el crédito trucho del Banco Nación a Vicentín o la más escandalosa, los 50 mil millones de dólares pedidos al FMI para financiar la fuga de capitales de sus amigos.
Con la Justicia capitalista no hay verdadera Justicia
La corrupción acompaña al capitalismo como la sombra al cuerpo. En una sociedad dividida en clases y donde una minoría es dueña de las fábricas, tierras, bancos, comercios y medios de comunicación es inevitable que busquen utilizar el poder del Estado para garantizar sus intereses. Como además compiten entre sí por el mercado y para apropiarse de una cuota mayor de ganancias es lógico que financien y controlen partidos y funcionarios que representen y defiendan sus intereses en el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.
A veces hacen esto legalmente, financiando públicamente las campañas de los principales partidos y haciendo lobby por determinados proyectos, y otras en las sombras, con coimas o sobornando con privilegios. Por eso en esta democracia de los ricos la independencia de los poderes es una ficción y no hay posibilidad de una Justicia que investigue y juzgue al servicio de los intereses populares.
De esto hay muchos ejemplos. Los juicios contra los genocidas avanzan a paso de tortuga y centenares de ellos siguen libres, mueren en libertad o consiguen prisión domiciliaria. Los juicios laborales y jubilatorios también demoran largos años así como los juicios por gatillo fácil. Pero cuando los/as trabajadores/as salen a movilizarse contra los ajustes de los gobiernos y ataques patronales, ocupan empresas para defender sus fuentes de trabajo o se defienden de la represión estatal rápidamente aparecen las causas penales, el espionaje de los servicios, la represión policial y condenas a luchadores/as. Por mencionar solo unos pocos ejemplos ahí están la persecución, cárcel y condena a Sebastián Romero, Daniel Ruiz y César Arakaki por la movilización contra la Reforma Previsional, Milagro Sala por encabezar una movilización en Jujuy y recientemente la condena a Santiago Goodman, el dirigente docente de Chubut. Mientras tanto Menem, cuyo Gobierno fue un monumento a la corrupción y que hizo volar parte de Río Tercero para encubrir sus delitos, murió en la impunidad y sin pasar ni un día en la cárcel (gracias a los fueros que le garantizó el kirchnerismo).
¿Qué justicia necesitamos?
Está claro que mientras el Estado lo sigan controlando los grandes empresarios y multinacionales y sus representantes políticos del FdT o Juntos por el Cambio (JxC), ni hablemos de Milei o Espert, serán ellos los que pongan los jueces y fiscales, y los que hagan las leyes y el Código Penal a su servicio.
Es necesario que la clase obrera y el pueblo pobre tomen el control del Estado y expropien a ese puñado de chupasangres para garantizar el control democrático de las principales palancas de la economía y del propio Estado. Siguiendo el ejemplo de la gran Revolución Socialista Rusa de 1917, hay que instaurar tribunales populares electos democráticamente donde el pueblo trabajador directamente juzgue y castigue a sus verdugos y saqueadores, sin costosos y eternos trámites burocráticos.
En ese camino y para saber la verdad sobre las causas actuales de corrupción y evitar la manipulación de las mismas, proponemos formar una Comisión Investigadora con plenos poderes en base a representantes electos democráticamente por las organizaciones obreras. Que los jueces sean electos por voto popular, que sean revocables en cualquier momento, y ganen lo mismo que un obrero calificado. Basta de esa casta privilegiada con sueldos fabulosos y que no paga Impuesto a las Ganancias. Basta de fallos decididos por un puñado de jueces amigos de empresarios y políticos patronales: juicios por jurados obreros y populares. Llamamos a aquellos/as trabajadores/as y jóvenes que honestamente quieren un juicio justo para Cristina, Macri y todos los empresarios y funcionarios corruptos a luchar juntos por estas propuestas.
NOTAS
(1) Se puede traducir como “guerra legal”. Es decir, una utilización del Poder Judicial por parte de los grandes grupos capitalistas, la derecha y el imperialismo para hostigar y perseguir a líderes políticos “progresistas” como ella, Lula o Correa de Ecuador.
(2) Es una figura del Código Penal que fue establecida y utilizada a comienzos del siglo XX para perseguir a las organizaciones anarquistas y que fue usada luego también por la última dictadura genocida. Define a una asociación permanente de 3 o más personas para cometer delitos.