Monsanto es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. Cuenta con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo implica corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos rurales, desmontes y masivo uso de agroquímicos. Monsanto tiene una facturación anual de 7.297 millones de dólares, domina el 27% del mercado de semillas a nivel mundial y acaba de dar un paso más en su política expansiva: el Gobierno Nacional aprobó su nueva semilla de soja transgénica.
El 28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa Bioceres (Grupo Grobocopatel – pool de siembra) habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”. En el discurso de junio de ese año, ante los empresarios estadounidenses, la Presidenta recordó el “avance” de los científicos y destacó que “estaban muy contentos (los directivos de Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos hacía la Argentina y fundamentalmente en respeto a las patentes”.
La crónica del diario La Nación (10/8/2012) es elocuente. “En el marco de Aapresid, el tema de la nueva soja fue motivo de un encuentro informal entre directivos de Monsanto, Eduardo Buzzi (presidente de la Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto (presidente de Coninagro), Luis Miguel Etchevehere (vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina) y José Basaldúa (directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estaba el jefe del gremio de trabajadores rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un stand de Monsanto, todos compartieron una improvisada picada”. Es decir, un gran pacto patronal junto a la burocracia sindical, a favor del modelo sojero y del saqueo de los recursos naturales con destrucción del medio ambiente.