Hace poco más de dos meses fue detectado el primer caso positivo de coronavirus en nuestro país. Los primeros infectados eran en su mayoría personas de alto poder adquisitivo que venían de viajes por Europa.
Con el correr de los días el virus se abrió paso en la sociedad. Así es que se contagiaron empleadas domésticas, trabajadores de comercio y de la salud. En un principio con la aplicación de la cuarentena la propagación fue en un menor ritmo. Pero la presión de los empresarios por hacer funcionar las industrias y los comercios contó con el aval del gobierno.
A medida que pasaban las semanas nos acostumbramos a ver como Larreta, Kicillof y Fernández por cadena nacional iban sumando excepciones para que nuevas empresas volvieran a trabajar.
Enfermedad y hacinamiento
En la Argentina según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2018 por Techo, Cáritas, CTEP, CCC y Barrios de Pie hay mas de 4 mil villas o asentamientos informales en los cuales viven más de 3 millones de personas. Dichos barrios en su mayoría no cuentan con servicios básicos como agua corriente, gas, cloacas o luz. La situación empeora y cada día más y más familias son condenadas a tener que vivir en estas condiciones por el encarecimiento de los alquileres y el crecimiento de la desocupación.
En este contexto de precariedad y hacinamiento el ingreso del Virus Covid 19 a las Villas de la Ciudad de Buenos Aires podía ser el detonante de una ola de contagios.
La Villa 31 fue la primera en donde comenzó a propagarse la enfermedad. La misma está ubicada en el Barrio de Retiro detrás de la terminal del ferrocarril San Martin y la Terminal de Ómnibus, a pocos metros de las torres y hoteles más caros de Latinoamérica. En la Villa 31 viven mas de 40 mil personas la mayoría de ellas migrantes. Un 53% de los habitantes provienen de Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y Países Africanos. Del 47% de argentinos una gran parte proviene de provincias del interior del país, con mayor caudal de Jujuy y Formosa. La pobreza tiene un gran contenido discriminatorio.
Vecinos y movimientos sociales de ese Barrio venían denunciando la falta de suministro de agua corriente en el último tiempo. Mientras Aysa (Empresa estatal que brinda el servicio de Agua) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evadían los reclamos y se pasaban la pelota, miles de personas tenían que evitar el contagio de una enfermedad que necesita de una higiene constante. Así es que el virus se extendió y empezó a cobrarse las primeras víctimas.
Entre ellas se encontraba Ramona Medina, referente de La Poderosa, quien hace pocos días había salido a denunciar la falta de agua para poder cumplir con la prevención necesaria para combatir el virus.
El virus luego se fue extendiendo por otros Barrios Populares como la Villa 1-11-14 y la Zavaleta. Al día de hoy ya hay más de 1400 infectados que viven en las Villas Porteñas y representan el 34% de los casos de la Capital Federal.
Esta situación desesperante en cuanto a la salud viene a agravar otra preexistente que es la cuestión del hambre. La ayuda asistencial del Gobierno y los movimientos sociales es cada vez más insuficiente frente a una pobreza que al día de hoy alcanza casi al 40% de la población.
Como arrojan estos datos es una farsa total lo que dicen las autoridades y medios de comunicación que el virus afecta a todos por igual. Los trabajadores, y en particular su franja más explotada y oprimida son las principales víctimas de la pandemia.
Una salida frente a la catástrofe
Desde el PSTU venimos planteando un programa para poder enfrentar la crisis generada por el capitalismo y su profundización debido a la pandemia. Si desde hace años que hay personas que viven en la completa miseria son necesarias medidas de fondo que afecten los intereses de quienes deban ser afectados.
Frente al riesgo de contagio generado por el hacinamiento para más de tres millones de personas en el país hay que aplicar algo tan simple como que cada familia tenga una vivienda digna. Suena utópico, pero no lo es. En el país hay mas de 2 millones de viviendas sin ocupar según el INDEC. Bastaría con expropiarlas y repartirlas. Si no se hace es porque se defiende el derecho individual para hacer negocios con los inmuebles por sobre la cuestión colectiva de la salud pública.
De la misma manera se podría atacar el problema del hambre. Tan solo bastaría que el Gobierno reoriente la enorme masa de subsidios que está otorgando a las empresas para brindar un subsidio de renta media para todo aquel que lo necesite.
Creemos que con medidas de este tipo se puede afrontar una situación catastrófica que viene ocurriendo hace años y que se agudizó con la pandemia.
En definitiva, lo que está en discusión nuevamente frente a una crisis que azota al país y al mundo es quiénes van a ser los que paguen las consecuencias. Desde el PSTU ponemos toda la carne al asador para que esta vez sean los empresarios, que son una minoría rica, y de esa manera poder abrir el camino hacia una vida más justa para la inmensa mayoría de la población mundial.
21 de Mayo de 2020.-