Grandes luchas han surcado nuestro continente, y con las mujeres a la vanguardia de ellas, se ha conseguido en Argentina y en otros países un derecho fundamental para la clase trabajadora: el derecho a la interrupción del embarazo.
El proceso revolucionario chileno que se inició en 2019 logró la incorporación de la despenalización del aborto en el proyecto de la nueva constitución. También en Colombia se ha dado un gran paso en el mismo sentido, despenalizando el aborto hasta la semana 24 de gestación. Cada vez queda más claro a los ojos de todo el mundo que nada de esto podría haberse logrado, sin una tenaz lucha que lleva años.
A pesar de la férrea oposición de sectores políticos conservadores y de todo el arco religioso, donde la Iglesia Católica y las Iglesias evangélicas y cristianas han jugado un papel absolutamente reaccionario con el objetivo de seguir perpetuando su poder sobre el cuerpo y los derechos del conjunto de la sociedad, igualmente la lucha logró imponerse.
Siguiendo el ejemplo de Argentina, la pelea se fue masificando hasta imponer a los Gobiernos de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia que pongan en papeles algo que en la práctica sucedía, pero en la clandestinidad. Ninguno de estos dos gobiernos se caracteriza ni de lejos por tener algún rasgo progresista de “izquierda”, ni de tomar medidas a favor del pueblo trabajador, sino que han sido obligados por la lucha del conjunto.
En nuestro país, el Gobierno de Alberto Fernández se ha cansado de adjudicarse como logro propio la legalización del aborto, como si hubiera sido una “concesión”, producto de la buena voluntad de un gobierno “nacional y popular” que responde a las necesidades del pueblo. Nada más lejos de la realidad. El Frente de Todos, ahora gobernante, recogió frutos de una enorme pelea que atravesó tanto los gobiernos kirchneristas como el de Macri. Y los ejemplos de Chile y Colombia muestran que, gobierne quien gobierne, los derechos se los arrebatamos con organización, decisión y lucha, y fundamentalmente con la unidad y fuerza de la clase trabajadora para llevar las peleas hasta el final.
Con el objeto de conocer con mayor detalle el proceso chileno, Avanzada Socialista entrevistó a Tamara Norambuena , miembro de nuestro partido hermano en ese país, el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT).
Reportaje a Tamara Norambuena, dirigente del MIT
“(…) esta irrupción violenta de las masas sintetizó lo insoportable de la realidad que vivíamos como clase trabajadora y que el movimiento de mujeres expresaba, mostrando el estado de descomposición de la sociedad capitalista y del modelo neoliberal (…)”
Avanzada Socialista (AS) – ¿Cómo se desarrolló en Chile la pelea por los derechos sexuales y reproductivos en los últimos años?
Tamara (T) – Lo primero que hay que decir es que el aborto bajo la actual Constitución se sigue penalizando. En 1989, la dictadura modificó el Código Sanitario, y cambió el artículo 119 estableciendo: «No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Y por sobre esta Ley, el artículo 19 de la Constitución Política de 1980, norma que: «La ley protege la vida del que está por nacer». En septiembre de 2017 fue promulgada la Ley Nº 21.030 bajo el Gobierno de Bachelet por presión del movimiento de mujeres, pero sólo regula aquella penalización, despenalizando en tres causales: Peligro para la vida de la mujer. Inviabilidad fetal de carácter letal. Embarazo por violación. Sin embargo, en la práctica, se hicieron inasequibles en muchas regiones u hospitales, porque médicos de dichas instituciones apelaron al derecho de objeción de conciencia, con el fin de no realizar el procedimiento.
En el contexto de un ascenso internacional por los derechos de las mujeres, en el 2018, el “movimiento de mujeres” comienza a plantear con mayor presión y masividad, con grandes marchas y su momento más álgido previo a pandemia y en el contexto de la Revolución Chilena (casi dos millones de mujeres), como parte de la lucha por los derechos reproductivos, el aborto libre (sin causales), seguro, gratuito.
AS – ¿Qué relación guarda con el proceso revolucionario chileno?
T – Nosotros creemos que todos los derechos democráticos de las mujeres y las grandes manifestaciones previas al 18 de octubre de 2019, marcaron la antesala de la Revolución. De hecho, las secundarias, protagonizaron el salto de torniquetes para evadir el pago del transporte público (que experimentaba un alza de 30 pesos). Pero el movimiento se extendió más allá de los límites temporales y territoriales; esta irrupción violenta de las masas sintetizó lo insoportable de la realidad que vivíamos como clase trabajadora y que el movimiento de mujeres expresaba, mostrando el estado de descomposición de la sociedad capitalista y del modelo neoliberal.
AS – ¿Qué rol tuvo el MIT?
T – Nosotros estuvimos presentes en cada una de las movilizaciones y somos parte de esta lucha. Aunque, el proyecto por los derechos sexuales y reproductivos fue presentado por organizaciones feministas, María Rivera, nuestra convencional ha sido una defensora y hemos apoyado proyectos de norma en contra de la violencia machista, por el aborto legal. Esto se complementa con nuestra norma presentada por ella, de “Igualdad ante la Ley Igualdad ante la Vida”, que da un paso más allá, incorporando la necesidad histórica de las mujeres para poner fin a las labores domésticas como responsabilidad exclusiva nuestra y la socialización de estas. Entre otras cosas también apunta a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la incorporación masiva de nosotras al área de la producción, la construcción de una Red Nacional de Labores Sociales Domésticas e Igualdad de Derechos de la Mujer dentro de cualquier rama de la administración pública, Fuerzas Armadas y de Orden.
AS – ¿Cómo es la propuesta de despenalización aprobada en la Convención Constitucional?
La Convención Constitucional aprobó una norma que faculta a todas las personas a ser responsables de sus derechos reproductivos, lo que permitiría el derecho al aborto en nuestro país. El artículo presentado por la Comisión de Derechos Fundamentales del organismo contó con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones y será ley en caso de que se apruebe el plebiscito de salida por la nueva Constitución.
AS – ¿Sus limitaciones?
T – Nosotros creemos que todos los derechos democráticos, incluidos los de la mujer, son un impulso para avanzar en la lucha de la clase trabajadora. Pero por experiencia histórica, la trayectoria del aborto en Chile, así lo demuestra, (penalizado, luego incorporando causales bajo el Gobierno de Ibañez, restringido bajo el Gobierno de Frei, penalizado completamente en dictadura y despenalizado sólo en tres causales bajo el Gobierno de Bachelet), nos indica que estos derechos serán parciales y transitorios, si no apuntamos a transformar el verdadero origen de una sociedad injusta en todos los aspectos. Para ello es necesario, cambiar la estructura capitalista de raíz, fuente de toda desigualdad, para solucionar los problemas de las mujeres y de todos los oprimidos.
AS – ¿Qué postura tienen los distintos sectores políticos y las iglesias?
Como en otros lugares, las iglesias y las religiones en general, han jugado un rol opresivo para las mujeres y opositor para que se legisle por los derechos reproductivos y el aborto, ha sido un freno para la conquista de ellos. El mismo papel jugaron los sectores políticos del ala conservadora, que van desde la derecha hasta la Democracia Cristiana. En general no les interesa el riesgo de vida para la madre, la muerte de mujeres por abortos clandestinos, incluso en caso de violación o el derecho a la autodeterminación del cuerpo de nosotras, que no es más que el derecho a decidir. Recordemos que Jaime Guzmán, ideólogo de la UDI (Unión Demócrata Independiente, partido de la derecha chilena), que ejerció gran influencia ideológica en la actual Constitución, refrendaba: “La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte.” Ese es el argumento bajo el cual la derecha sigue manifestando su oposición frente al aborto.
AS – ¿Qué se necesita para concretar y ampliar este y otros derechos elementales negados a las mujeres y al resto de los oprimidos?
El Gobierno de Boric, que se ha autoproclamado como el primer gobierno feminista de la historia de nuestro país, deberá cumplir, y así lo exigiremos, sus promesas de combatir la violencia machista, apoyar la legalización del aborto, etc.
Pero hacemos una alerta: este Gobierno ya viene mostrando que será un gobierno de pactos con las élites privilegiadas y que no está dispuesto a enfrentarlas hasta el final. Su principal ministro es Mario Marcel, uno de los mayores representantes del gran empresariado chileno y extranjero, quien, por ejemplo, durante el gobierno de Bachelet, propugnaba aumentar la edad de jubilación de las mujeres a la misma de los hombres.
Si el Gobierno no toca los intereses de los que han saqueado nuestro país, no va por la nacionalización de nuestros recursos naturales como el cobre, el litio o las empresas estratégicas, (lo que ya descartó Camila Vallejos, Secretaria General de Gobierno, feminista y militante del Partido Comunista), no podrá solucionar los problemas de las mujeres y de la mayoría de la población.
Por lo tanto, debemos seguir movilizadas y movilizados, de forma independiente de este Gobierno. Organizarnos en los territorios, sindicatos, colectivas/os, etc. para presionar a la Convención Constitucional a aprobar las demandas populares, porque de lo contrario serán cocinadas por los partidos políticos del gran empresariado y sus aliados políticos actuales, Frente Amplio y Partido Comunista.
Necesitamos construir un partido revolucionario para llevar adelante un programa que recoja las demandas populares establecidas en el proceso revolucionario iniciado el 18 de octubre de 2019 y para que podamos transformar de raíz este sistema capitalista, que nos oprime y nos explota, en pos de una sociedad socialista.