La movilización obrera y popular, que acorraló al Congreso para obligar a la media sanción de la legalización del aborto, llevó a otro debate íntimamente vinculado: la separación entre la Iglesia y el Estado, cuyo símbolo es un pañuelo naranja.
Luego del revés en Diputados, el Papa al frente de la Iglesia Católica, las Iglesias Evangelistas y los autotitulados Pro Vida, han redoblado su campaña con mucha violencia.
No nos asombra si recordamos, por ejemplo, los crímenes de la Inquisición; la complicidad con el genocidio y el robo de bebés durante la dictadura; la intervención del Papa a favor de los piratas ingleses durante la guerra de Malvinas; el encubrimiento al cura Grassi y a pastores y curas abusadores, violadores y pedófilos.
Las iglesias son parte de los poderosos del mundo, dueñas de cuantiosos bienes (por ejemplo, el Papa Francisco maneja el multimillonario Estado de El Vaticano) e influyen sobre los actos de gobierno.
Se opusieron al matrimonio civil, a la educación laica, al divorcio vincular, a la igualdad de hijos/as nacidos/as fuera del matrimonio, a la responsabilidad parental compartida y más recientemente a la salud reproductiva y anticoncepción, la educación sexual integral, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario y la identidad de géneros.
Son sus creencias y los fieles de cada culto tienen derecho a profesarlas. Pero ¿hay derecho a imponerlas a toda la sociedad? ¡Eso es altamente antidemocrático!
La Iglesia Católica y las demás iglesias no deben entrometerse en asuntos públicos. Las religiones no tienen por qué decir al Estado cómo debe vivir el conjunto de la población.
Hay que romper la interdependencia Iglesia – Estado. Primero en lo económico: anular los fondos millonarios que el Estado otorga (y que pagamos todos), principalmente a la Iglesia Católica, en sueldos, jubilaciones, exenciones impositivas, becas, subsidios a escuelas y universidades. Se podría comenzar ya por cortar el chorro a la Fundación Conin, que recibe millones, para que Abel Albino diga disparates anticientíficos como los que habló sobre los preservativos en el Senado.
Si queremos continuar, en mejores condiciones, la pelea por el aborto legal y por los derechos femeninos, por la escuela y la salud pública; frenar la intromisión religiosa en la vida civil, e incluso que haya una real libertad de cultos, hay que luchar por la separación entre Iglesia y Estado, por un Estado Laico.