Con el llamado a sesiones extraordinarias en el Parlamento para febrero, el Gobierno busca dar tratamiento, entre otros proyectos, a la Ley de Agroindustria. Este proyecto fue presentado en septiembre y tiene el aval del Consejo Agro Industrial, la Bolsa de Cereales y la oposición de Juntos.
El proyecto
Denominado «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador», el proyecto de ley apunta a maximizar los beneficios de la cadena de producción agropecuaria y algunos derivados. El sector declara haber ingresado hasta la fecha de presentación del proyecto, septiembre del 2021, ingresos por U$D 23.229 millones, y de conjunto representa el 65 % de las exportaciones nacionales.
El Gobierno nacional trabajó en este proyecto con los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y el de Producción, Matías Kulfas, consensuando con las Grandes Cámaras Aceiteras, Cerealeras, y la mayoría de las productoras rurales, con excepción de la Sociedad Rural. El objetivo que se presenta es el de fomentar a través de diferentes créditos y subsidios, exenciones impositivas y beneficios para aquellos sectores de la cadena productiva que realicen inversiones, con el fin de aumentar la producción y las exportaciones del sector.
El Gobierno, de este modo, busca darle mayores beneficios al sector que mayores ingresos tiene en el país. Es el sector más interesado en la devaluación de la moneda, debido a que muchos de sus costos son pesos y exportan su producción a los valores de la Bolsa de Chicago, aprovechando la ventaja de las tierras extensas y fértiles. Así mientras el sector agro exportador se beneficia acaparando miles de millones de dólares, los sectores populares tenemos que sufrir la presión devaluatoria empujando la suba de precios y viendo cómo los productos que consumimos y son producidos en el país tienen el mismo precio que en los países de Europa.
Grandes ganadores
La discusión de este proyecto de Ley se da en el marco del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por eso es que el Gobierno tiene el interés de incrementar las exportaciones del sector y darle estos beneficios.
El problema radica en que se sigue alimentando al sector más concentrado de la economía, al mismo que desde el discurso y, muchas veces en lo cierto, se lo acusa de ser el que genera el aumento del precio de los alimentos empujando la pobreza del país a más del 40% de la población. Son los mismos empresarios que exportan a simple declaración jurada, utilizando diferentes mecanismos para evadir todo tipo de impuestos, vaciando aún más las arcas del Estado. Incluso los hemos visto tirar litros de leche en las rutas a modo de protesta contra el aumento de retenciones a las exportaciones.
Una propuesta
Creemos que es necesario abrir un debate en el conjunto de los sectores obreros y populares, ya que por la importancia económica del sector afecta al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Seguir dándole beneficios a los grandes exportadores es un tiro en el pie para el desarrollo de cualquier iniciativa nacional. Tal es así que, en el pasado, hasta un gobierno capitalista como el de Juan Perón y con el economista Miguel Miranda entre 1946 y 1947 reactivó y se apoyó en organismos que ya existían para control del comercio exterior (Juntas Nacional de Carnes y Granos) que fijaban un precio para comprar la producción de carnes y cereales y luego era el Estado quien lo exportaba. Lo que buscan Alberto Fernández y Julián Domínguez es contrario no solo a los intereses del pueblo trabajador sino hasta a las medidas de la propia política de Perón en la que se referencian.
Nuestro planteo es que, para poder bajar los precios de los alimentos, lograr acumular divisas que sirvan para el impulso de la industria y la obra pública y crear puestos de trabajo de calidad para quienes los necesitan, es la expropiación de las grandes concentraciones de tierra y de toda la cadena de producción de oleaginosas, bajo control de trabajadores y consumidores. De esta manera se podrán estabilizar los precios para el mercado interno y que el saldo exportable sea utilizado en pos del interés de la mayoría de la población y no de la ganancia de unos pocos. Convocamos a los sectores obreros y populares a rechazar este proyecto de Ley del actual gobierno de Fernández e impulsar una pelea común para terminar con el hambre.