En Tierra del Fuego, la CTA, SUTEF (Docentes), SIPROSA (Salud), ATE (Estatales) y AFEP (Empleados Públicos) anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves, por mejoras salariales y contra la «precarización» y el «ajuste», entre otros puntos reclamados a los gobiernos de Cristina y Ríos. La UOM de Río Grande y de Ushuaia deberían sumarse a la convocatoria para rechazar los 3000 despidos que anuncian en New San, BGH, Carrier, Radio Victoria, etc. Despidos que se sumarían a otros tantos ya consumados, con lo cual las patronales dejarían en la calle en menos de un año a 6000 metalúrgicos sobre un total de 15000. Son repudiables las excusas de los dirigentes Oscar Martínez y Héctor Tapia: «No tenemos despidos ni suspensiones. Sólo hay finalización de contratos». Como si estos ceses no fuesen lisa y llanamente despidos. Y las declaraciones de Caló sobre gestionar RePro, es decir, $2000 mensuales durante un año, para «paliar» la situación de los compañeros, cuando el costo de vida para sus familias es diez veces mayor.
Estos contratos basura fueron aceptados por la UOM en sus acuerdos con AFARTE como parte de la extensión de la ley 19640 de promoción industrial y su complementaria ley 26539 (que eleva impuestos a electrónicos fuera de la isla) para beneficio de las empresas que sólo buscan maximizar sus ganancias. Medidas negociadas a cambio del apoyo de los legisladores provinciales a la ley de medios kirchnerista, sancionada en 2009. Ahora no renuevan estos contratos argumentando «la escasez de dólares para importar los insumos», con lo cual admiten que trabajo hay. De modo que chantajean pidiendo «comprensión» con la intención de que los obreros respaldemos sus pedidos de ayuda estatal.
Desde el PSTU en el FIT proponemos exigir asambleas de base para que el paro del próximo jueves en Tierra del Fuego sea tomado por la UOM desde las seccionales de la isla y a nivel nacional, con una movilización y plan de lucha que obligue al reparto de las horas de trabajo entre todos los compañeros sin disminución salarial. Que se elimine el secreto comercial y bancario de toda fábrica que sostenga no poder aplicar esta medida, para establecer su verdadera situación contable. Y que sea estatizada bajo control de sus trabajadores, si se descubren maniobras especulativas o cualquier otro intento de hacer pagarles una crisis de la que no son responsables. El complemento necesario de estas medidas de emergencia es la estatización del comercio exterior, para asegurar el ingreso de todas las divisas por exportaciones y fiscalizar que las importaciones se reduzcan a lo indispensable para el verdadero desarrollo de una industria estatal pesada y semipesada, única forma de recuperar para la nación los resortes básicos de la economía en lugar de pagar la estafa de la deuda a los buitres.