El Gobierno dispuso a partir de junio aumentos tarifarios en los servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua. Con un discurso “populista” argumenta que son necesarios visto que hace tiempo, desde la pandemia, no se modifican. Justifica además que el déficit fiscal obliga a eliminar millonarios subsidios a las empresas a instancias del FMI y su ajuste para que queden recursos para el pago de Deuda Pública y sus intereses. Omiten los Fernández que las empresas de energía ganaron millones de dólares luego de los bestiales aumentos de más del 1000% del Gobierno de Macri Y por otra parte disimula que estos incrementos impulsarán aún más la inflación descontrolada y en aumento
Por disposiciones vigentes los aumentos en los servicios esenciales deben debatirse en audiencias públicas donde los usuarios opinen, el Estado justificaría y las empresas explican sus necesidades de ganancias. Algo realmente irrisorio, ya que dichas reuniones no son vinculantes, no modifican lo que “propuso” el Gobierno. Por los aumentos que se vienen en electricidad y gas ya se realizaron las audiencias, y lo mismo será con el agua, pasan sin pena ni gloria, y los incrementos deben aplicarse.
ELECTRICIDAD: En junio será de un 20% promedio para usuarios sin tarifa social y de 7% con tarifa social. Mantendrían el beneficio de los subsidios a cargo del Estado, pero se prevé llegar a un 43% para todo el 2022.
GAS: Para usuarios sin tarifa social 18,5% al 25,5% según las zonas del país. Mantendrían el beneficio de los subsidio a cargo del Estado y se prevé en el año también un 43%. Al igual que con la luz, porcentajes relacionados con el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del 2021. Con tarifa social es 40% del CVS, y como ya hubo un aumento en marzo 2022 del 21,3% no sufrirían por ahora más aumentos.
Tanto para electricidad y gas se aplicaría una segmentación según los bienes e ingresos, lo que generaría que a un 10% de los usuarios se les eliminaría los subsidios generando aumentos entre 100% y 150%. Unos 920.000 en energía eléctrica y 760.600 en gas. Algo de dudosa aplicación porque siempre los aumentos los debimos soportar todos los trabajadores, de todos los barrios y todas las regiones.
Estos aumentos son para los usuarios del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), y cada provincia debería adecuarlos. Las empresas de energía pretenden un aumento del 80% al 100% argumentando costos y ganancias. Y casi seguro, en base a la historia de estos aumentos, que sumado a la inflación que llegaría por ahora a un 65% al 70% anual, habrá un nuevo ajuste que superará el 43% promedio mencionado.
AGUA: Se dispuso incrementos provisorios del 32%, 20% desde julio y 10% desde octubre. Pero al igual que los otros servicios habría ajustes mayores ya que la inflación 2022 pretendida por el Gobierno era del 33% y a abril ya suma casi un 24%.
También a las empresas
Describir el aumento a las patronales no es justificar que les incrementen menos, sino demostrar que en el capitalismo las tarifas son también causa muy influyente en costos y generadoras de más inflación. En el 2021 las mayores industrias ya habían recibido aumentos de más del 70% y algo menos las medianas y PYMEs, y según el grado de “tensíon” eléctrica que contratan.
Para las grandes patronales se autorizó este año a partir de mayo un aumento del 73% bajando al 58% con uso de baja tensión. Obviamente sus ganancias se verían afectadas, pero ante la falta de controles de costos y rendiciones contables serias, aplicando la Ley de Abastecimiento, semejantes aumentos son trasladados a los productos que generan.
El FMI presiona por los subsidios
Los subsidios energéticos son parte de la columna vertebral del acuerdo con el FMI, que acordó con los Fernández un abrupto ajuste económico y recorte para concretar una fuerte reducción del Déficit Fiscal. Y disponer así de fondos para ir pagando los intereses de la Deuda con este organismo y demás buitres nacionales e internacionales y ni siquiera alcanza la cancelación de capital en los vencimientos, una Deuda-Estafa impagable por donde se la mire. Acuerdo que respeta a rajatabla el Ministro de Economía, Martín Guzmán, eliminando subsidios y que se hagan cargo los bolsillos de los trabajadores y el pueblo.
Los subsidios destinados en el 2021 al sector energético (gas y electricidad), sumados, ascendieron a $1.046 BILLONES (unos U$S 11.570 millones) al dólar oficial. El Presupuesto 2022 propuesto nunca aprobado por el Congreso preveía unos U$S 8.000 millones.
El Estado subsidia y las empresas ganan
Como en toda empresa capitalista, las dedicadas a la generación, distribución y comercialización de la energía, su objetivo es el aumento de sus ganancias. En una economía semi-colonial como la argentina, al ser controladas principalmente por inversores extranjeros y ser socias de multinacionales, los valores operativos los basan en los precios internacionales. Es decir, aplican además precios a la luz y el gas a valor dólar por lo que el valor al usuario sería colosal. De ahí los subsidios que los gobiernos destinan para compensar a las empresas, en detrimento de los recursos que generamos los trabajadores y el pueblo, y que no se aplican para viviendas, salud, educación y generación de empleo genuino.
Según los estados contables de Edenor y Edesur, las principales distribuidoras eléctricas del AMBA, registraron en el período 2016-2019 ganancias por U$S 478 millones luego de los colosales ajustes tarifarios en el gobierno de Mauricio Macri, pero con inversiones muy limitadas para mantenimiento y modernización. O sea, existe un colchón.
No es casual que grupos de inversores busquen comprar estas empresas. Un consorcio liderado por Daniel Vila (capitalista argentino de los medios), José Luis Manzano (ex diputado peronista millonario que vive en Suiza) y Mauricio Filiberti (capitalista millonario de empresas bioquínicas), previendo los aumentos constantes de tarifas, se convirtió en el nuevo dueño de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina.
El capitalismo no garantiza buena energía y precios accesibles
El desconocimiento absoluto de la Deuda Pública fraudulenta, como con el FMI, y la reestatización que empiece por expropiar sin pago a todas las empresas de energía, es la única salida. No puede confiarse en los funcionarios de ningún gobierno. La gestión de esas empresas tiene que estar bajo el control de sus propios trabajadores, incluyendo aquellas que estén, excepcionalmente en manos del Estado, como el caso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). Durante el proceso de renacionalización, hay que poner fin a todos los subsidios. Los costos operativos tienen que ser soportados por las grandes empresas, que utilizan la energía para sus ganancias, y las viviendas lujosas.
Que la producción de energía se realice bajo control obrero, administrándola en forma democrática, transparente, y con el único interés de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, con el Estado cumpliendo solamente un rol financiero. La salida está en un sistema socialista, una economía planificada. Los millones que se pagaron, se paga y se pagarán por la Deuda Pública jamás investigada, deben estar al servicio de mantener y mejorar los sistemas de energía argentinos y no en el bolsillo de los buitres capitalistas y especulativos.