Venimos de un comienzo de año en que la represión se ha hecho notar, con la Gendarmería Nacional regando de balas de goma la autopista de Ezeiza, cuando los trabajadores del frigorífico Cresta Roja reclamaban por sus puestos de trabajo. Unos veinte días más tarde, llegó el turno de los trabajadores estatales de La Plata quienes recibieron gases lacrimógenos y nuevamente balas de goma esta vez por parte de la policía bonaerense. Estos últimos estaban luchando contra la no renovación de contratos que había realizado el intendente Julio Garro. Porque ante la resistencia de los trabajadores a los despidos, el Gobierno Nacional y sus aliados municipales responden con palos y balas.
El pasado 22 de enero, se aprobó el decreto 228/16 que da lugar a la Emergencia de Seguridad Pública. Un tema que nos viene preocupando a todos desde hace mucho tiempo. Ya que en todos los barrios la inseguridad no se trata de sensaciones. Sino de cuestiones muy concretas, como llegar al laburo sano y salvo a la noche, poder retornar en las mismas condiciones. Sin embargo, esto no es lo que sucede a menudo. En el último tiempo, los índices de robos, por ejemplo, fueron los más altos en la región. Cabe recordar que en el año 2013 nuestro país quedó al tope del ranking de robos por habitante que realizó la ONU, incluso quedando por encima de países con un alto índice de violencia, como Venezuela, o México.
Ante esta situación que vivimos todos los días, los políticos patronales tienen propuestas. Seguramente te acordás de las propuestas de Macri cuando era candidato en las PASO o en las elecciones definitivas, y ni que hablar del ballotage. El tema de la seguridad estaba siempre presente: prometió llenar los barrios de más policía, y es algo que de hecho viene cumpliendo. Este decreto, impulsado por la ministra Bullrich, implica una mayor inversión en equipamiento y tecnología. De hecho en el último tiempo se trasladó La Policía Federal a la Capital Federal. En varias de las provincias adquirieron nuevos vehículos, dinero para invertir en seguridad, municiones y armamento nuevo. ¿Para cuidar a los trabajadores en los barrios? Bueno, no precisamente. Sino para ponerle freno a la protesta social, como lo viene demostrando.
Avanzada represiva y persecución
La avanzada represiva no es novedad. No viene ocurriendo desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, sino que viene en escalada desde el kirchnerismo. Es por ello que Cristina nunca pudo nombrar la desaparición de Jorge Julio López, (la segunda, para ser más precisos). Ni asumió la culpabilidad de la policía bonaerense en el asesinato de Luciano Arruga hace ya siete años. Nosotros ya teníamos Ley Antiterrorista desde 2012, en el “gobierno de los derechos humanos” y a los petroleros de Las Heras con cadena perpetua. Pero fue el enfrentamiento de los trabajadores, junto con organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, el que puso freno siempre a la criminalización de la protesta social.
El nuevo gobierno, sin que le tiemble el pulso, intenta imponer medidas ejemplares, como la detención de Milagro Sala acusada de “Instigación a cometer ilícitos y tumultos” tras ocupar una plaza en la capital jujeña, en protesta por los recortes que el nuevo gobierno provincial quiere hacer sobre los fondos sociales que recibe su organización. Milagro Sala es detenida por protestar. Y es esto lo que no podemos permitir. Los trabajadores argentinos hemos hecho historia en el enfrentamiento con el Estado y su brazo armado. Derrotamos la última dictadura militar saliendo a la calle, así como salimos en el 2001 y tiramos varios gobiernos abajo. Las fuerzas represivas, con estos dos grandes hechos han sufrido golpes severos y la policía está desprestigiada por los casos de corrupción y gatillo fácil. Esta nueva avanzada represiva debe ser derrotada con los mismos métodos, con los trabajadores en la calle, con sus organizaciones a la cabeza.