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MACRI: UN AGENTE INGLÉS

En el marco de la Asamblea General de la ONU, la canciller Susana Malcorra y el miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores británico, Sir Alan Duncan, firmaron una declaración conjunta ¿Cuál es su significado?

La declaración, que luego el gobierno intentó minimizar ante el escándalo que se produjo, es muy grave. Textualmente dice: “Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Sin nombrar una sola vez la disputa por la ocupación inglesa y la soberanía argentina sobre las islas.

Representa un reconocimiento de la soberanía inglesa en el Atlántico Sur, a la vez que garantiza la colaboración argentina para el saqueo de todas las riquezas naturales existentes en el área. Y lo hace con el objetivo explícito de desarrollar la riqueza de las islas, en su actual situación, como parte de la Corona británica.

Es la primera declaración conjunta con Inglaterra desde 1999 (época del intento de “relaciones carnales” que el gobierno de Menem desarrolló a través del Canciller Guido Di Tella). Y representa un paso inédito en la renuncia de Argentina a un reclamo histórico.

Un paso más en la entrega

La Declaración no es abstracta. Involucra explotaciones petroleras y pesqueras concretas.

La petrolera británica Rockhopper Exploration encontró un “yacimiento de clase mundial” en aguas en disputa, con un potencial estimado de mil millones de barriles (comparable a las reservas que reporta en Argentina la compañía privada Pluspetrol) (1). Pero un mes y medio antes, la ONU había aprobado extender la plataforma marítima argentina, incluyendo a las islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Por lo tanto, esta declaración viene a dar garantías a las inversiones petroleras inglesas en el área (2).

Existen campañas de exploración en las cuatro grandes cuencas que rodean las Islas. Según estimaciones británicas, el total podría aportar más de 12.000 millones de barriles de reservas. Suponiendo que sólo el 50% de esas reservas resultara efectivamente probado para su extracción, eso significaría 6.000 millones de barriles, 317% más que las reservas de la Argentina (3).

En cuanto a la pesca, explica, el 60% de la economía de las islas, en 1985, Margaret Tatcher otorgó a los isleños la autorización para explotar los derechos pesqueros en los 320 kms, que rodean al archipielago. El gobierno kelper concede unilateralmente licencias por 25 años a empresas taiwanesas, españolas, indonesias, etc. que realizan capturas de hasta 50 toneladas, procesan y congelan el pescado (calamar en un 75%) para el consumo en Europa (4).

Gracias a esto, el PBI por cápita de un kelper es de u$s 63.000 (el cuarto en el mundo), muy superior a los 15.000 anuales de Argentina.

La Declaración viene a dar garantías y ayudar a los kelpers a adueñarse de nuestros recursos ictícolas.

Basta de Entrega

Todos los gobiernos patronales a lo largo de la historia, hicieron negocios con el capital inglés en lugar de luchar por las Malvinas. Unos, criticando el colonialismo inglés, sin hacer nada (como los gobiernos de Perón, los gobiernos radicales, y el kirchnerismo), y otros directamente lamiendo las botas de los piratas, como el menemismo (y ahora el macrismo).

La dictadura militar decidió tomar las islas en 1982, para forzar una negociación. Cuando percibieron que Inglaterra no cedería, y el conjunto del imperialismo internacional –encabezado por EEUU- se puso de su lado, apostó por la derrota argentina. El Informe Rattenbach (5) hace claramente responsables de la derrota a los niveles superiores de la dictadura.

Nuestro país no será libre ni soberano, mientras las Malvinas sigan en manos piratas. Desde las organizaciones de la clase obrera, debemos repudiar esta Declaración y exigir al Congreso su completo rechazo.

1) La Nación e Infobae – 21-5-2016. 2) Ámbito Financiero – 15-9-2016. 3) Diario El Cronista – 30-3-2012. 4) Idem. 5) Ver el texto completo en http:// www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach