Desde hace unos días se discute en Diputados la llamada Ley de Blanqueo de capitales y pago a los jubilados.
El PRO, los gobernadores del PJ y el massismo negocian modificaciones a tal o cual artículo del proyecto de ley como condición para apoyarla, como el tema de la coparticipación a las provincias.
La ley contempla el pago de los juicios que el Estado le adeuda a los jubilados y la creación de una pensión universal a la vejez que parece una burla, ya que ni siquiera alcanza el valor de la ya irrisoria jubilación mínima.
Sin embargo, el pago a los jubilados es más bien la cara “bonita” de una ley que da beneficios para blanquear millonarios capitales a grandes empresas y personas que hayan evadido impuestos y no hayan declarado ganancias.
Ningún sector de la oposición cuestiona este aspecto, que es lo esencial del proyecto y que ya ha recibido el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y varios gerentes de empresas, con la excusa de que se necesitan inversiones.
Al servicio de las multinacionales
Esta ley está en los marcos del programa de “amnistías fiscales” promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), organismo internacional cuya sede se encuentra en Francia y que está compuesto por Estados Unidos y las principales potencias imperialistas de la Unión Europea.
Se espera que con su aprobación la sumas blanqueadas asciendan a entre 40 y 60 mil millones de dólares.
Para ello, el Gobierno promete beneficios impresionantes para quienes blanqueen: descuentos y una muy beneficiosa moratoria en relación a los impuestos evadidos y una reducción del impuesto a los Bienes Personales, de manera que sólo pagaran impuestos aquellos cuyos bienes personales asciendan a 800 mil pesos, además de que se eliminará este impuesto en 2019.
Incluso podrán blanquear capitales aquellos que ya hayan sido enjuiciados anteriormente por delitos de evasión de impuestos. Y aunque ahora declaren ese dinero, ni siquiera estarán obligados a traer esa plata al país.
Mientras a los trabajadores nos intentan meter el techo salarial y tarifazos en el transporte y los servicios públicos, y nos roban el salario con el impuesto a las ganancias, a las grandes empresas se las beneficia eximiéndolas de pagar sus impuestos.
Esto no es algo que haya comenzado con Macri. Fueron los gobiernos de Néstor y Cristina quienes durante 12 años le han permitido a las multinacionales y empresarios que se lleven sin declarar las fabulosas ganancias que obtenían a costa de nuestra mano de obra.
Lo que hace Macri no es más que avalar y legalizar ese robo permitiendo que la plata robada ahora sea blanqueada para seguir haciendo negociados. Coherente con esto, Macri intenta prohibir que se sepa y se haga público quién o quiénes blanquean capitales.
Contra los jubilados
Para obtener apoyo el Gobierno intenta hacer creer que traerá beneficios para los jubilados. Sin embargo, con esta ley Macri da un primer paso en el vaciamiento del ANSES al avanzar en la venta de las acciones que posee y que son un importante fondo para financiar las jubilaciones. Además, cancela la moratoria previsional, mediante la cual se podían jubilar aquellos que no tenían aportes, para reemplazarla por una pensión que no alcanza ni siquiera al salario mínimo.
Todo esto es parte de negociaciones que el gobierno mantiene con el PJ disidente y con Diego Bossio (último director de la ANSES durante el kirchnerismo).
Rechacemos la ley
Los trabajadores tenemos que rechazar esta ley, que es otro regalo del gobierno de Macri a los empresarios y multinacionales, que se suma a la devaluación, la quita del cepo, la quita de retenciones y el pago a los buitres, entre otras. Todas medidas que benefician ampliamente a las patronales, mientras los trabajadores sufrimos los techos salariales, la inflación, despidos y tarifazos.
Es necesario que nos organicemos para pelear por un programa obrero que de salidas de fondo.
En lugar de darles beneficios a las grandes empresas que evadieron impuestos, hay que expropiar sin indemnización a todos aquellos que fugaron sus ganancias sin declarar al exterior, y poner las industrias a producir bajo propiedad del Estado y con control de sus trabajadores. En el mismo sentido, hay que romper con los buitres de la deuda externa. Con los millones de dólares que hoy pagamos de deuda se puede garantizar un gran plan de inversión para producir aquello que necesitan los trabajadores y la población y garantizar que los jubilados cobren el 82% móvil que el kirchnerismo había derogado.
Estas medidas son parte de la pelea por la ruptura con el imperialismo y por la Segunda Independencia. Camino que, a 200 años de 1816, solo la clase obrera y los sectores populares pobres pueden llevar adelante para conquistar mejores condiciones de vida (ver páginas centrales).