La declaración Universal de los Derechos Humanos es bastante clara cuando expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Pero esto es justamente lo que no sucede nunca. ¿Será porque esta declaración la redactaron los poderosos del mundo? Hoy, para aplicar su plan de ajuste, Macri los ataca amparando la represión de ayer y persiguiendo y reprimiendo hoy.
Con la asunción del nuevo gobierno en diciembre, la persecución y la represión pegaron un salto indiscutible. Inauguró su mandato con la represión a los estatales de La Plata y a los trabajadores de Cresta Roja. Siguió con la represión a los bancarios el día de apertura de sesiones en el Congreso. Luego, represión a las murgas en febrero, las reprimendas en los barrios de Merlo, en provincia de Buenos Aires, y en Caballito (Capital Federal), donde desalojaron una huerta de los vecinos. Las clausuras y desalojos violentos de varios centros culturales de diferentes fuerzas políticas en el verano, la irrupción de patotas en Tiempo Argentino, la “contención” al pueblo rosarino en el acto del día de la Bandera, a los trabajadores del Ingenio Ledesma en Jujuy y más recientemente la indignante represión a jubilados en Puente Pueyrredón y a desocupados en la autopista Buenos Aires-La Plata.
Todos estos ejemplos, no son casos aislados, sino muestras de una política general y declarada del gobierno macrista para con los trabajadores. Este rumbo, también lo tomaron los gobiernos provinciales, ya sean macristas o kirchneristas. Como Bertone en Tierra Del Fuego, Alicia Kirchner en Santa Cruz, y Zamora en Santiago del Estero, quienes han reprimido brutalmente a los trabajadores en sus territorios.
Sobre la represión de ayer
En perfecta relación con esto están la reaparición de “ la teoría de los dos demonios”, que justifica el terrorismo de estado de la dictadura, los nefastos dichos del ya renunciado Darío Loperfido sobre que no eran tantos los desaparecidos, ahora repetidos por el presidente y las “masivas” prisiones domiciliarias a militares a genocidas otorgadas en los últimos meses.
Lo que este Gobierno pretende negar es que la última Dictadura Militar, cuya familia del presidente fue una de las principales beneficiadas, fue donde se sucedieron algunas de las mayores violaciones a los derechos humanos. Fueron más de 30000 detenidos desaparecidos, 500 niños nacieron en cautiverio, más de 600 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país y se cerraron en ese período alrededor de 20 mil fábricas que albergaban lo mejor del activismo obrero.
Pero fue por la durísima pelea que dieron los trabajadores argentinos, que derrotaron a sangre y fuego la dictadura militar. Y luego de una lucha de décadas logramos que se anulen las leyes de impunidad (otorgados por el Gobierno de Alfonsín) y los indultos de Menem. Hoy Macri quiere arrancamos esas conquistas.
El intento de prestigiar nuevamente a las fuerzas armadas también es una tarea del gobierno, como ocurrió con el desfile militar el 9 de julio, y con otras maniobras, como la que le devuelve a las fuerzas el poder de designar jefes. Esto deslinda al Ministerio de Defensa de los militares, volviendo al sistema de la dictadura.
¿La vuelta de un Gobierno K por los derechos humanos?
En esta situación de ataque hace pocas semanas volvió la marcha de la resistencia, que había sido abandonada por el sector de las madres de plaza de mayo conducido por Hebe de Bonafini al considerar completada la tarea de justicia en el Gobierno K. Pero la vuelta de esa marcha, a la que en años anteriores hemos concurrido como una cita de honor, planteaba una consigna clara: la vuelta de Cristina y Máximo Kirchner cerraba el acto.Este es el caso más reciente de la utilización que los k hicieron de los DD. HH apropiándose de esa lucha.
Nestor bajó el cuadro de Videla y se montó sobre los juicios que se ganaron las organizaciones de derechos humanos, que venían reclamando hace décadas. Desde que se derogaron las leyes de impunidad, hasta 2014 había registrados solo 131 juicios. Durante estos juicios se dictaron 663 condenas sobre 538 represores. Entonces, teniendo en cuenta que existieron 600 centros clandestinos de detención, y alrededor de 200 mil implicados en delitos de lesa humanidad (contando todas las fuerzas), el porcentaje de imputados es realmente ínfimo.
El kirchnerismo con su doble discurso mantuvo una política represiva y persecutoria. En 2006, la desaparición de Jorge Julio López asestó un golpe violento contra la lucha por los derechos humanos.
Los números son innegables. A pesar de tener figuras como Hebe de Bonafini o Juan Cabandié del lado del gobierno, la desaparición de Julio López en 2006 asestó un golpe violento hacia los DD.HH. Entre 2003 y 2013 hubieron 33 muertos por represión, entre los que se destacan Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, y los qom Mario y Roberto López. Además, fue el que sancionó junto a la oposición patronal la ley Antiterrorista, quien mantuvo “Proyecto X”, dio perpetua a los Petroleros de Las Heras, reprimió a los trabajadores de la Línea 60 y puso a Sergio Berni y a Milani en el poder.
Por todas estas razones confundir la lucha por los DD.HH con la defensa del anterior Gobierno es caer en la trampa de ese doble discurso que tanto confundió y aún confunde.
Unidad contra la represión de ayer y de hoy
Sin dudas existe un ataque brutal contra los DD.HH, sin embargo la movilización se sigue mostrando como el camino para derrotarlo. A pesar de los dichos e intenciones de Macri la movilización logró la perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y los otros genocidas en el juicio de La Perla, Córdoba. A pesar de lo que haya querido la Ministra de Seguridad el Protocolo anyipiquete no lo pudieron aplicar y, por el contrario, las movilizaciones y cortes crecen día a día.
Por eso desde el PSTU contra los ataques a los DD.HH propinemos redoblar la organización y movilización contra la represión de ayer y de hoy. Por cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas de la dictadura; por juicio y castigo a los empresarios y politicos cómplices del genocidio; contra el hambre y la desocupación; contra todo acto intimidatorio o persecutorio; por anulación de la ley antiterrorista; libertad y desprocesamiento de los presos y perseguidos por luchar; contra la criminalización de la protesta social.
1) http://www.derechoshumanos.net/
Basta de persecución a los luchadores
El plan del gobierno Macri no implica solo palos, sino todo un trasfondo legal para impedir la protesta social y que el ajuste pase sin resistencia alguna. El Protocolo Antipiquetes forma parte de ello, al igual que el fallo de la Corte Suprema que cercena el derecho a huelga. Los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, resolvieron que “no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores”. La primera aplicación de este fallo fue a los trabajadores del ferrocarril Sarmiento hace más de un mes, y aún luchan contra la judicialización.
En Tierra Del Fuego, la gobernadora del FPV está iniciando sumarios para quitar los fueros a una decena de luchadores que protagonizaron la huelga de principio de año, y así judicializarlos por luchar. Esto implicaría un antecedente sumamente nefasto para todos los que defendemos los derechos a protestar.
No podemos permitir que esto pase. Si tocan a un trabajador, nos tocan a todos. Y lo hacen al servicio de aplicar el plan de ajuste. Por eso proponemos impulsar la solidaridad con todos los perseguidos, desde cada lugar de trabajo o estudio. Y pelear porque los sindicatos incluyan esta cuestión como una de sus reivindicaciones más importantes.