A mediados de agosto el Gobierno pactó con los gobernadores cinco puntos básicos para contener el gasto público y, muy especialmente, los relacionados al empleo. Una forma directa de chantajear a las economías regionales para negociar menores asignaciones y subsidios del Estado ante la grave crisis económica.
El acuerdo con la mayoría de los gobernadores, tanto del FPV como de Cambiemos, apunta a emitir una Ley de Responsabilidad Fiscal para reducir el elevado gasto provincial y contener el empleo público que, omitiendo expresamente la deuda pública y externa, para Macri y su séquito de CEOs, son uno de los principales generadores del déficit estructural de todas las provincias. Pero con una salvedad: en la reunión efectuada en el marco del Consejo Federal Fiscal no están CABA y La Pampa y se negaron a firmar Santa Cruz y Catamarca.
Acuerdo 1º: las provincias firmantes deberán mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes). Traducido: no deberán aumentar los gastos; no a mejoras e inversión pública en salud, vivienda, transporte y educación; inflación sin reajuste salarial los trabajadores.
Acuerdo 2º: compromiso de no aumentar el empleo en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017, aunque las necesidades de la población así lo requiera, y monitoreado por el INDEC del Gobierno. Traducido: no aumentar el empleo estatal es decir que el aumento del trabajo se realizará con las mismas dotaciones en mayor explotación.
Acuerdo 3º: con los supuestos recursos excedentes anuales se crearán Fondos Anticíclicos Fiscales que deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. Traducido: ante un desastre natural, como inundaciones, sequías o reclamos sectoriales como aumento salarial por inflación, el Gobierno no girará fondos para atenuar la situación.
Acuerdo 4º: limitaciones en gastos durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno ante un cambio electoral. Traducido: no aumentar la obra pública en los dos años entre una elección y otra, dependiendo en definitiva del Gobierno Nacional. Acuerdo 5º: no se aumentará la presión impositiva “legal”, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento. Traducido: evitar aumentar impuestos a los enormes recursos que se apropian patronales nacionales y extranjeras.
Resumiendo, un acuerdo que apunta a una colosal reducción del gasto público. Es así como el Gobierno macrista no tendría que subsidiar a las provincias y seguir destinando fortunas a cancelar intereses de deudas impagables. Algo que de federal tiene muy poco, ya que cada provincia se debería. arreglar con lo que produzca y tiene. Provincias ricas contra provincias pobres, repercutiendo esto en la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo.