El 20 de octubre de 2010 en las inmediaciones de la vía rumbo a la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca era asesinado Mariano Ferreyra, militante de 23 años del Partido Obrero, por la burocracia sindical verde de la Unión Ferroviaria, al mando entonces de José Pedraza. Mariano, sus compañeros de militancia y trabajadores tercerizados se encontraban realizando un corte en reclamo de la incorporación a planta permanente de estos últimos cuando una patota armada de la burocracia verde, con la zona liberada garantizada por la Policía Federal, atacó y persiguió con saña a los militantes, asesinando a Ferreyra e hiriendo a otros 3 manifestantes, entre ellos Elsa Rodriguez, otra compañera del Partido Obrero que sufrió lesiones permanentes.
Un crimen del que son todos culpables
5 años después, su muerte todavía representa una bandera de lucha para toda una generación de jóvenes que vieron como los intereses de la burocracia sindical, su ligazón con el poder político y la policía podían conjurar uno de los crímenes más horrorosos de estos últimos tiempos contra la juventud. La indignación que generó el caso llevaría a la movilización de gran parte de la sociedad a pedir por justicia. Dos años y medio de incansable lucha lograrían la condena de Pedraza y parte de sus cómplices a 18 años de cárcel para los autores materiales y 15 años para el dirigente sindical, así como otras condenas menores.
Sin embargo es necesario marcar que nuevamente esta justicia, como en los casos de Fuentealba, Arruga y tantos otros, se abstuvo de mancharle las manos al poder político que tanto defiende. Los intereses de la burocracia verde, que con Pedraza a la cabeza manejaba el negocio de los trabajadores tercerizados a través de la Unión Cooperativa Mercosur, eran parte de los miles de negociados que la burocracia sindical tiene en todo el país, avalados siempre por el gobierno y su Ministerio de Trabajo. El ministro Carlos Tomada, hoy legislador electo para la CABA por el FPV, tenía estrecha ligazón con la dirigencia sindical verde, como lo prueban los audios presentados durante el juicio, y aun así no pagó el mas mínimo costo político por su aval de años a esta burocracia asesina. Esta impunidad es una más de las tantas a las que nos enfrentamos los jóvenes y los trabajadores hoy, la misma impunidad que le permite a Tomada ser legislador es la que le permite a Ibarra ser candidato, que le permite a Sobisch estar libre y que deja que tantos otros políticos, burócratas y policías de gatillo fácil sigan libres.
La bala que mató a Mariano
“La bala que mató a Mariano, tocó el corazón de Néstor” diría Cristina por cadena nacional el día de inicio del juicio en 2012, refiriéndose a la muerte de Néstor Kirchner 7 días después del asesinato de Ferreyra. Claramente la presidenta prefiere que no se recuerden sus fotos con la gorrita verde junto a los “trabajadores ferroviarios” durante sus visitas de campaña a Constitución. Durante 12 años el gobierno K se apoyó en la burocracia sindical para que mediante el fraude, el apriete y hasta el crimen organizado, funcionaran como garantes del trabajo sucio que los políticos y las patronales no podían hacer. La bala que mató a Mariano es en realidad una herida que hoy sigue abierta para la juventud, es una herida que vino de la burocracia, del ministerio de trabajo, de la policía y del gobierno. Es la misma que sufrimos cuando a partir de la política vaciadora de la empresa TBA con la “vista gorda” del gobierno, 51 trabajadores perdieron la vida en la tragedia de Once, como en la de Castelar, donde el kirchnerismo aun no nos puedo explicar a donde iban los millones en subsidios que se les daba a la empresa de los Cirigliano, o también, como Ricardo Jaime, con casos de corrupción probados ante la justicia solo recibe un año y medio de cárcel que ni siquiera es efectiva, mientras que los petroleros de Las Heras, condenados por un crimen que jamás cometieron, son condenados a cadena perpetua.
Por todo esto , reivindicamos la figura de Mariano como la de los cientos de compañeros asesinados por la represión del estado y la persecución de la burocracia sindical, en defensa de los derechos de los trabajadores, y exigimos cárcel a todos los responsables políticos de su asesinato, entendiendo que esta burocracia asesina jamás podría haber actuado de esta forma sin el apaño del gobierno Nacional.
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