La ley Nº 7.722/07 impide la utilización de sustancias químicas contaminantes tales como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en la actividad minera metalífera en la provincia de Mendoza. Esta ley surgió producto de una heroica lucha de organizaciones ambientalistas y el pueblo cuyano en general. A través de los años hubieron varios intentos de avasallar lo conquistado. La resistencia popular ha sido el dique de contención en los sucesivos gobiernos entreguistas. Hoy se libra una nueva batalla.
Alejandro Abraham, senador del PJ (Unidad Ciudadana), ha presentado un proyecto de reforma a la 7722, en complicidad con los empresarios mineros, que pretende eliminar la prohibición de uso de “sustancias tóxicas similares”. Esto constituye un permiso para que las megamineras utilicen nuevas sustancias tóxicas más o menos contaminantes que las mencionadas en el párrafo anterior. Además apunta a eliminar la potestad de los legisladores de aprobar o no los proyectos de exploración, extracción e industrialización.
Con la excusa de querer ampliar la matriz productiva de Mendoza, pretenden hacernos caer en la trampa. El objetivo es la entrega de los recursos naturales a los intereses imperialistas, vaciando el patrimonio y dejando un gran pasivo ambiental como lo hicieron en la provincia de San Juan. El río La Palca de Jáchal ha sido contaminado por varios derrames de cianuro. Sólo promesas le dan las mineras a los pueblos huéspedes y los sumen en una mayor pobreza y en una contaminación fatal.
Quienes conformamos el PSTU no confiamos en la legislatura, porque es la que votó el código contravencional que criminaliza la protesta social y el trabajo informal; que aprobó el presupuesto 2019 con una reducción en la partida presupuestaria destinada a sueldos de los docentes; que legitimó el Ítem Aula que empuja a los docentes a ir a trabajar enfermos, evitando que se tomen licencias, por lo cual ya lamentamos víctimas fatales. Tampoco confiamos en el gobierno de Alfredo Cornejo porque se sentó a negociar la deuda que contrajo con el BID para el beneficio de los empresarios exportadores/importadores; porque aprobó el fracking por decreto; y porque impone acuerdos paritarios a la baja.
El mismo gobierno que hace campaña por la crisis hídrica ahora quiere entregar el agua a las mineras. El lobby empresarial y la crisis que atraviesa la provincia, hacen que el oficialismo y la falsa oposición se alíen para abrirle las puertas a la megaminería. Muchos de aquellos que en campaña decían defender la ley ya se dieron vuelta como una media.
La única forma de garantizar que la explotación minera sea segura para el conjunto de la sociedad es a través de una empresa única estatal con el debido control por parte de los mismos trabajadores y organismos especializados independientes del poder político y económico. La extracción debe responder a la necesidad real de los mendocinos y del país. Tenemos que lograr que la industrialización de los minerales y metales que se extraigan esté en manos de una empresa del Estado Nacional.
No permitamos que el imperialismo robe nuestros recursos naturales. Es necesario que la lucha popular se fortalezca y que los sindicatos y organizaciones de trabajadores elaboren un plan que defienda nuestros intereses.
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