En el medio de la campaña por el balotaje, el Gobierno Nacional está sacando nuevos trucos de la galera para sumar una parte del más del 60% del padrón que no votó a su candidato en las elecciones generales. Es así que el 29 de octubre, se llevó a cabo la reforma de la Ley de Educación Superior(LES), proyecto de la diputada kirchnerista Adriana Puiggrós.
A partir de eso el Gobierno comenzó a agitar como argumento de la campaña por el voto a Scioli, que Macri y Cambiemos votaron y están contra la educación universitaria gratuita. Pero la política del kirchnerismo y la reforma de Puiggrós ¿defienden la gratuidad de la educación superior y una universidad para los trabajadores?
Herencias menemistas
Al igual que muchas de las condiciones que vivimos hoy, la LES fue acuñada en 1995, plena década menemista. En el año 2015, el gobierno K sigue manteniendo esta ley privatista, impuesta de las manos del Banco Mundial en los oscuros ´90. Desde un principio esta ley educativa fue rechazada por docentes y estudiantes, ya que abre las puertas a la privatización de la educación superior.
Esto se debe a que establece, desde un principio básico, que la educación superior no es más un derecho, sino un servicio. Como es sabido, para tener cable, electricidad, gas, entre otros servicios, uno debe pagar. Desde el ’95, de la mano del turco Menem, la educación universitaria pasó a considerarse un servicio. Lo que establece desde el vamos, que no es de acceso para todos.
El kirchnerismo siempre argumenta que en la gran década ganada aumentaron el presupuesto educativo a un 6%, que se crearon nuevas universidades y escuelas. Y todo esto no lo negamos. Fueron creadas en esta gestión y con ese presupuesto. El problema grave, es que este 6%, esos millones de pesos, no fueron puestos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Córdoba, o en otras universidades tradicionales. En estos años, vimos cómo se fueron degradando cada vez más nuestros títulos, los edificios, el sueldo de nuestros docentes. Es que este conocido 6% fue a parar a otras inversiones del kirchnerismo, como la creación de Tecnópolis, Canal Encuentro, Paka Paka, que están incluidos dentro de ese presupuesto educativo, mientras las escuelas del conurbano bonaerense y las escuelas rurales del interior siguen sin ventanas, y les falta calefacción.
Seguro ves por todos lados que la campaña de los K ahora es el miedo a la vuelta de los ´90, por eso nos preguntamos si no es un poco contradictorio seguir manteniendo y aplicar durante más años esta ley, herencia de los neoliberales 90. Al final, Macri y Scioli pareciera que no son tan distintos.
Hecha la ley, hecha la trampa
Una de las reformas aplicadas a finales de octubre, establece que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas.” Sin embargo, el principio del autofinanciamento de las universidades no se eliminó, y aquí está la trampa. En los últimos años, ante el ahogo presupuestario que estableció el estado a través del gobierno de los Kirchner, incidió en que las facultades salgan a buscar recursos desde otros lugares. Es así que cada facultad, tiene su negocio.
Ejemplo de esto es la situación en Facultad de Medicina de la UBA, en donde tiene un laboratorio auspiciado directamente por Baghó. Además, es conocido el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde la gestión tiene su caja de recursos en el Instituto de Idiomas. A lo largo y a lo ancho de Argentina, diferentes empresas realizan concursos dentro de las universidades para mejorar la explotación de los recursos, como es el caso de YPF con la carrera de Ingeniería Petrolera.
Por más que la diputada Puiggrós y toda su militancia establezcan estas modificaciones, el autofinanciamiento no ha sido modificado. De hecho, las universidades en donde más se ha aplicado esto, en las del conurbano, como Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Matanza, y podemos seguir nombrando, son casi universidades privadas. Ya que tienen muchas de sus prestaciones en manos privadas, como la universidad virtual, el comedor universitario que está concesionado, y hasta sucursales de bancos dentro de los establecimientos.
Por otro lado, hay cuestiones centrales de la Ley 24.521 que no han sido tocadas. Por ejemplo, el hecho de que las carreras universitarias deben ser acreditadas por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), quien revisa los contenidos de las mismas, la cantidad de horas que debe tener para estar correctamente orientadas al mercado. En los casos de carreras acreditadas, en su mayoría en las universidades más nuevas, sobre todo las creadas por el kirchnerismo en los últimos años, se trata de carreras orientadas a una salida laboral rápida y a la generación de mano de obra barata para las empresas. En las universidades tradicionales, donde la aplicación de la LES fue resistida aún hasta hoy, las carreras de grado cuentan con orientaciones dedicadas a la investigación, con más contenido y menor carga horaria pedagógica.
Por más que el kirchnerismo se vanaglorie de esta reforma, no va al hueso de los problemas de la LES. Una vez más, garantiza el autofinanciamiento, la acreditación y la educación como un servicio. El gobierno sigue manteniendo el negociado de las privadas, subsidiando escuelas e institutos superiores. Es necesario desenmascarar que este lavado de cara de la ley no beneficia a los estudiantes y trabajadores que asistimos a la universidad pública.