Por Fer y Ana
El Grupo 23 es una compañía multimedia de prensa, radio y televisión, propiedad de los empresarios ligados al kirchnerismo Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. El conflicto actual, que afecta a más de 800 trabajadores, se desencadena por la falta de pagos de los salarios de diciembre (en algunos casos también los de noviembre) y aguinaldos, así como por el vaciamiento y los recortes impulsados por la empresa. El gobierno nacional de Macri pretende desentenderse de cualquier responsabilidad mientras que UTPBA (sindicato de prensa histórico) estuvo ausente en todo el conflicto y sólo se pronunció para atacar a los trabajadores en lucha.
Ante este panorama, los trabajadores de prensa -organizados en torno al nuevo sindicato de base, SIPREBA- están movilizados a través de asambleas, paros y marchas para denunciar el ajuste de la empresa y la ofensiva sobre sus puestos de trabajo, reclamar los salarios que se adeudan y exigir el reconocimiento legal del conflicto por parte del Ministerio de Trabajo.
Un nuevo escenario en el conflicto
La novedad más importante en los últimos días fue el anuncio de la venta de Tiempo Argentino y Radio América a un nuevo grupo empresario (M Deluxe, vinculados a la “noche correntina” y con varias denuncias por estafas). Este grupo dijo que iba preservar los puestos de trabajo, pero por el momento no pasa de promesas, ya que aún no pagó todavía los salarios a los 350 trabajadores. Al imponer la negociación por cada medio y no de todos los trabajadores con el Grupo 23, buscan dividir la organización de los trabajadores. Por eso los delegados y la directiva del Sipreba han tomado el anuncio con mucha cautela.
¡Apoyemos la lucha de los trabajadores!
Desde Avanzada Socialista nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los compañeros del Grupo 23. Por eso tomamos e impulsamos el fondo de huelga que están llevando adelante y seguiremos acompañando las actividades que vote la asamblea para exigir una solución a la patronal y al gobierno.
¡Exijamos que se abran los libros de contabilidad! Si hay ganancias, que se les pague a los trabajadores; si se presenta la quiebra, queremos saber qué pasó con los millones de pauta pública recibidos ¡Si la patronal no se quiere responsabilizar de la producción, que lo haga el Estado estatizando los medios bajo control y con comité editorial votado por los trabajadores! Sólo así podremos garantizar el acceso a la prensa escrita, oral y televisiva de todas las expresiones y organizaciones de la sociedad con los recursos necesarios.
¡No podemos aceptar ningún despido más! ¡Unamos todas nuestras luchas para poder enfrentar este ajuste!
Apropósito de la libertad de expresión
¿Libertad de expresión o negociado de los gobiernos con grupos empresarios?
Más allá del agravante del conflicto actual, los trabajadores del Grupo 23 llevan años enfrentando el proceso de ajuste y vaciamiento que la empresa promueve con el consentimiento del Estado. Los despidos generados por el cierre de Poligráfica y del diario Diagonales, la venta de la revista Miradas o los frecuentes conflictos salariales durante el mandato kirchnerista son sólo algunos ejemplos de esto. Otro problema candente es la cuestión de los aportes previsionales. A pesar de haber recibido más de 814 millones de pesos del gobierno nacional y otros 800 de los gobiernos provinciales y municipales durante los últimos seis años (sumándole a ello la pauta privada), la empresa no pagó ni un peso de los aportes a los trabajadores, siendo a su vez favorecida por una moratoria que concedió el Estado. La transferencia directa de gran parte de ese dinero público a los bolsillos de los empresarios K del Grupo 23 aparece así como una realidad cada vez más evidente. Ahora, con la excusa de que las pautas oficiales del gobierno de Macri son menores, pretenden descargar la crisis sobre sus trabajadores, profundizando para ello el vaciamiento y los despidos.
Los trabajadores y periodistas, de esta manera, son rehenes de grupos empresarios y de la pauta oficial, otorgada según el signo político del gobierno de turno, lo que demuestra que la Ley de Medios está lejos de garantizar la labor periodística independiente y la libertad de expresión.