Desde el 9 de enero, Milagro Sala está detenida en Jujuy, acusada inicialmente por el gobierno de Gerardo Morales de “Instigación a cometer ilícitos y tumultos” tras ocupar una plaza en la capital jujeña, en protesta por los recortes que el nuevo gobierno provincial quiere hacer sobre los fondos sociales que recibe su organización. Es decir, no está presa por “corrupta”, “mafiosa” o “narco”, entre otras cosas de las que se la acusa, sino por encabezar una protesta; lo que marca un avance en la criminalización de las luchas.
Un ajuste metido a palazos
En sintonía con el gobierno nacional, lo que Morales trata de hacer es meter el ajuste que los capitales extranjeros -apretados por una crisis que no cesa- vienen pidiendo; y por ajuste hay que entender ataque al bolsillo de los trabajadores y el pueblo: devaluando, despidiendo, reduciendo drásticamente los subsidios sociales; buscan hacer de los trabajadores argentinos mano de obra barata y dócil, haciéndonos pagar esa crisis que no provocamos.
Como era de esperarse para un pueblo que no olvida las lecciones de 2001, estos intentos de ajuste no iban a pasar sin respuesta; por lo que los gobiernos están recurriendo a la represión brutal para meterlo. Así se vio en La Plata el mes pasado, o con los despliegues de gendarmería en todo el país y la escalada de mano dura a la que se suma la nueva “ley de derribo”, involucrando ilegalmente a las fuerzas armadas en la seguridad interna del país. Parte de esto también fue la represión a los estatales y detención de 3 compañeros en Rio Negro.
Unidad firme ante la represión a los que luchan
El oficialismo busca hacer creer que el arresto de Sala se debe a los manejos corruptos y mafiosos de su organización. Desgraciadamente, esta excusa es aceptada por muchos trabajadores, y lo que es más grave por sectores y dirigentes de izquierda como el Perro Santillán. Aunque es cierto, a Sala no se la detiene por eso, sino por “Instigación a cometer ilícitos y tumultos”, en sintonía con los dichos de Morales respecto de “regular” la protesta social. En todo caso, son las organizaciones obreras y populares quienes deben juzgar los malos manejos de punteros y funcionarios del anterior y actual gobierno.
Pero frente a este acto represivo, que pretende disciplinar, lo que corresponde a los trabajadores y luchadores en general es unirnos para poner fin a la criminalización, judicialización y toda forma de represión de la protesta obrera y popular. Desde el PSTU nos ponemos al servicio de esa tarea.