El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de
Mayo fue intervenido el pasado 3 de junio y su Rector German Ibañez, eemplazado por Alejandro Bujan, hombre allegado a Angelici, presidente de Boca y socio de Macri.
Bujan fue nombrado interventor del INADI el año pasado, donde llevó adelante más de 50 despidos. Esta Universidad se fundó sobre la base de lo que había sido la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Fue creada por ley en 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de esta forma, las Madres de Plaza de Mayo pasaron a formar parte del Estado, bajo el Gobierno de Cristina Kirchner. Hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende la Universidad, está a cargo de German Garavano, quien fue escrachado hace pocos días
por trabajadores del Ministerio que exigían aumento salarial.
El mismo día que se supo de la intervención del Instituto, los estudiantes y profesores ocuparon pacíficamente la sede. Hacía tiempo que venían denunciando el recorte presupuestario en casi un 75%, lo cual es parte de la política del Gobierno contra los Derechos Humanos. Esto en concreto significa que muchos profesores no cobran desde diciembre.
Claudio Avruj, desde la Secretaría de Derechos Humanos es el encargado de llevar adelante este recorte, no sólo de dinero, sino también “de la Memoria”…, como dejó en claro cuando dijo que los desaparecidos no fueron 30 mil y cuando salió a apoyar el 2×1 a los genocidas, aunque a los pocos minutos haya tenido que salir a retractarse por la presión popular.
Desde el PSTU repudiamos la intervención de la Universidad y planteamos que la elección del Rector debe hacerse de manera directa por los estudiantes, profesores y trabajadores no docentes. Lo mismo debe hacerse con todas las autoridades de la Universidad, con los Planes de Estudio y el control de las finanzas. Y así como exigimos presupuesto para la Educación Pública en general, repudiamos el recorte presupuestario en la Universidad y exigimos que se destinen los fondos necesarios para que pueda seguir funcionando.
“Sueños compartidos” no puede ser excusa.
El gobierno utiliza para intervenir la Universidad el escándalo de “Sueños compartidos” en el cual está involucrada Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo y los hermanos Schoklender, que hoy se encuentran procesados por defraudar al Estado, desviando fondos que deberían haber sido utilizados para la construcción de viviendas populares.
En ese sentido decimos que a Hebe de Bonafini, por haber sido una luchadora por los Derechos Humanos deben juzgarla los trabajadores y el pueblo, no el Estado corrupto y patronal, donde siguen estando en los juzgados, en el ejército y en el gobierno, jueces, militares y funcionarios cómplices del genocidio perpetrado durante la última Dictadura Militar. Que se forme una Comisión Investigadora Independiente para juzgar a Hebe de Bonafini, y que el control de las finanzas, en qué se gasta el dinero y los planes de la Universidad, pasen a manos de quienes trabajan y estudian allí todos los días.