Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde fue presentado formalmente como nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne aseguró que su gestión se encargará de “continuar con el programa económico del presidente Macri en el 2017”. Asimismo, luego de reconocer los vínculos suyos y de su familia con la corporación Trump señaló que “hay tres objetivos: bajar el déficit, subir el gasto de infraestructura y disminuir impuestos distorsivos». Junto al nuevo ministro de Finanzas, Luis Caputo, que reconoció que van a seguir endeudando al país con los usureros, ambos reemplazarán a Alfonso Prat Gay al frente de la cartera económica. Como era previsible, el gobierno promete nuevas facilidades para los empresarios y anuncia más ajuste y ataques a los trabajadores.
Adiós a Prat Gay
“El mejor equipo de los últimos 50 años”, como dijo Macri al anunciar su gabinete días después de asumir la presidencia, sufrió sus primeras bajas. Luego de haber calificado su primer año de gobierno con un 8 (ocho), el propio presidente debió pedir la renuncia de algunos de sus funcionarios. Evidentemente no alcanzaron las cumbres y los retiros “espirituales” para resolver la crisis política desatada en el tramo final del año.
Así fue como primero fue el turno de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas y luego el de Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Incluso el propio Macri declaró que “puede haber más cambios si no consigue resultados”, reconociendo indirectamente que las cosas no están saliendo como se lo propone.
No hubo “segundo semestre” ni la “lluvia de inversiones” prometida. Pese a los servicios prestados, para a los bancos y las grandes empresas el ajuste todavía no es suficiente. No alcanzó con los millones obtenidos con la quita y/o baja de retenciones a las exportaciones del campo y a la minería, el acuerdo entreguista con los fondos buitres, la devaluación y los tarifazos. Ni siquiera los resultados del “blanqueo” de los capitales que se encuentran en el exterior fueron suficientes para que los empresarios hagan las inversiones y lograr la tan ansiada “reactivación” económica.
Por el contrario, Prat Gay deja su puesto con una economía en recesión, que implicará una caída de entre 2 y 3 % cuando se conozcan las estadísticas definitivas del 2016. Según el Indec, la caída de la industria y de la construcción en el año fue 4,9% y del 13,1% respectivamente. Y no es lo único. El endeudamiento público tuvo un salto sideral. La inflación, que superará ampliamente el 40 % anual llevó a una caída del poder adquisitivo del salario de alrededor del 5 %. El derrumbe en el consumo popular es notable. Se contabilizan alrededor de 200 mil despidos y la desocupación es casi del 10 %. Entre los trabajadores no registrados, que son un tercio de la fuerza laboral, esto es peor. Hay un aumento considerable del hambre y la miseria. La pobreza supera el 32% de la población y según la UCA en los primeros meses de la gestión de Cambiemos se registraron 1,4 millones de nuevos pobres.
2017: un año electoral cruzado por las luchas
En su primera declaración el nuevo equipo económico puso en el centro el problema de achicar el déficit fiscal. Los trabajadores sabemos lo que eso significa: ajuste y ataque a nuestras condiciones de vida.
Pero los interrogantes de la crisis que precipitaron la salida de Prat Gay aún siguen vigentes, y más allá de las promesas, todavía existen dudas entre los sectores patronales sobre si “en el año próximo en medio de las elecciones, un gobierno más desgastado políticamente pueda sostener el acuerdo de gobernabilidad con el resto de las fuerzas patronales que le permitió implementar sus medidas (massismo, kirchnerismo, gobernadores, burocracia sindical, etc.) y aplicar su plan económico.
(…) El mensaje empresarial es claro. Para que “vengan” las inversiones el Gobierno debe probar que puede avanzar con su promesa de liquidar los convenios y condiciones laborales para “achicar el costo laboral” y derrotar al movimiento obrero para que en este país tenga “reglas claras para invertir”. En criollo, significa que el Gobierno tenga la fuerza suficiente para reprimir y derrotar las luchas de los trabajadores que enfrentan estos ataques para poder garantizarle aún más ganancias a las empresas a costa de nuestras condiciones de vida.”(Ver nota completa en “Cierre en medio de una crisis política”).
Y eso todavía no está nada claro. Es una batalla en curso y el final está abierto. Por el contrario, lo sucedido en los últimos días anticipan algunos síntomas de lo que viene.
El paro contundente del transporte del lunes 19 de diciembre, convocado en forma limitada, inconsulta y sin mucha claridad, ha demostrado nuevamente la fuerza y la predisposición de lucha de los trabajadores. Quedó muy claro que sólo la traición de la cúpula de la CGT es lo que impide desarrollar una lucha que enfrente en forma contundente el impuesto al salario.
Acorde a lo realizado durante todo el año, estos personajes eligieron ir a “brindar” con el presidente y utilizar esa fuerza para negociar con el Gobierno un proyecto más limitado que el votado por la oposición en el Congreso que no representa ninguna salida para los trabajadores. Una vez más en nombre de la gobernabilidad, primero la CGT, y luego el massismo y el Frente para la Victoria, rescataron al macrismo de un golpe significativo.
Otro hecho que demuestra como la bronca se viene acumulando es la explosión de los vecinos en el barrio de Flores contra la inseguridad que garantiza la impunidad policial. Más allá de los límites de la propia convocatoria, a 15 años del Argentinazo volvió a tronar en las calles porteñas el grito de “Que se vayan todos”enfrentando en forma directa a una de las instituciones represivas que necesita el gobierno para aplicar su plan.
El otro síntoma que ha encendido las alarmas es el triunfo de la lucha del Conicet contra los despidos en el ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del método de la toma de edificios y la asamblea. Fue un ejemplo de cómo pararle la mano al gobierno que empieza a ser tomado como referencia en la lucha que se extendió a las dependencias del ministerio de educación.
Más allá de que se tratan de algunas acciones aisladas, que no logran desbordar y quebrar la tregua de las cúpulas sindicales y las organizaciones sociales con el gobierno y las patronales, a nadie se le escapa que el mes de diciembre preanuncia nuevos enfrentamientos para el año próximo.
Como hemos señalado en nuestro último periódico y ratificado en el acto del pasado 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, más allá de la batalla en el terreno electoral que daremos en su momento, no podemos caer en la trampa:
“la búsqueda de unidad en la lucha de los trabajadores y los sectores populares para derrotar el plan económico de Macri y las patronales, será una guía para la acción para todo el año que está por venir. Será un 2017 para poner en pie desde cada fábrica o lugar de trabajo un plan obrero que se contraponga al actual. Será también un año para aprovechar cada tímida medida que las propias conducciones se vean obligadas a realizar para sostener la situación, rodeando de solidaridad y coordinando las luchas que surjan, las dirija quien las dirija, impulsando coordinadoras regionales o zonales, en la perspectiva de congresos obreros y populares que unan la lucha de la clase obrera y sus reivindicaciones (salario, defensa de los convenios, etc.) con la de las mujeres por sus derechos, contra la represión y la persecución de los luchadores, contra la entrega de nuestros recursos naturales, por el no pago de la deuda a los usureros y por la ruptura de todos los acuerdos que nos someten al imperialismo a costa del sacrificio de nuestras familias. En definitiva, sólo la movilización de los trabajadores podrá imponer un programa obrero de emergencia construido desde las bases, para que esta vez la crisis la paguen quienes la provocaron: los bancos y las multinacionales.”