Ya con más de 6 meses de pandemia y una profunda agudización de la crisis económica, en el mundo no reina la tranquilidad. La exposición al virus y los efectos brutales de la crisis económica, por las políticas al servicio de las empresas de todos los gobiernos del mundo, se suman a una situación que previo a la pandemia, ya era de ataque al pueblo trabajador, y sobre todo a los sectores oprimidos del mismo, como la población negra y las mujeres.
Al cierre de esta edición un nuevo caso de asesinato de un trabajador negro a manos de la policía, volvió a encender la chispa en EE. UU, generando nuevas importantes movilizaciones y fenómenos inéditos como la huelga de la NBA bajo la consigna “las vidas negras importan”.
A la convulsiva situación de EE. UU se suman también la del Líbano, Bielorussia, Bolivia, entre otras. El hartazgo y la bronca se convierten en acción, y el grito de ¡Basta! Se empieza a escuchar (ver páginas 13 y 14).
El virus se extiende
Aunque el Gobierno esté enfocado en la pos pandemia y en “acordar” con el FMI, en nuestro país el virus ya sigue creciendo por todo el país y empieza a haber signos de colapso en los sistemas de salud de algunas provincias (ver página 3). Aun así, parar sectores no esenciales de la economía para evitar que el COVID 19 siga circulando no está considerado ni dentro de las posibilidades y, contrariamente, se siguen abriendo los pocos sectores que aún estaban cerrados.
Como hace varias ediciones venimos denunciando, en los lugares de trabajo los casos se cuentan por decenas, pero Alberto Fernández fue muy claro en la última conferencia de prensa sobre la cuarentena: (…) “La responsabilidad de cuidarse está en cada uno” (…) ¡Cómo si los trabajadores y trabajadoras pudiéramos elegir entre ir a trabajar o no hacerlo! ¡Cómo si pudiéramos elegir si viajar o no en transportes públicos que vuelven a estar hacinados!
Las peleas por arriba
De la mano del aumento de la crisis, la disputa entre Gobierno y oposición patronal recrudece y “agitan el avispero” por arriba, cada vez más en clave electoral. Mientras día a día aumenta la cantidad de muertos y se extienden los incendios forestales, Gobierno y oposición comienzan la disputa electoral.
Las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe militar se convirtieron en el tema de la semana y abundaron los repudios, omitiendo que, además de repudiar esos dichos, lo que hay que denunciar y cuestionar es que las Fuerzas Armadas que tenemos en la actualidad son las mismas de la Dictadura, y que para derrotar cualquier pretensión de golpe es necesario desmantelarlas (ver página 11).
La Reforma Judicial sigue siendo uno de los grandes caballitos de batalla y fue uno de los principales puntos de la convocatoria del 17 y 26 A. Otra pelea que solo incumbe a los sectores de poder, en la que nos quieren involucrar, cuando nada bueno para el pueblo trabajador puede venir de esta Justicia al servicio de los ricos (ver página 5).
El nuevo DNU de la discordia
La “pelea” novedosa de la semana es el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la regulación del servicio de telecomunicaciones e internet. Nuevamente un anuncio hecho con bombos y platillos al que, si analizamos con detenimiento, veremos que fiel al estilo del Gobierno, es “mucho ruido y casi nada de nueces”.
Lo primero que hay que decir es que luego de 6 meses en que la virtualidad se transformó en el medio para muchas cosas, entre ellas la educación de todos los niveles, el Gobierno se “acordó” de que “hay cinco millones de hogares en la Argentina sin acceso a Internet. De ellos, dos millones no tienen cobertura, es decir, a sus viviendas no llegan ni las redes privadas ni las públicas. Los otros tres millones no pueden pagarlo.”, (según datos oficiales)
Frente a esta realidad, que implica que hace meses hay un porcentaje muy alto de estudiantes por fuera del sistema educativo, el DNU declara como servicio público esencial a la telefonía, la televisión paga y el internet. ¿Eso quiere decir que el Estado se compromete a garantizar esos servicios para toda la población? NO, servicio público esencial es también el agua y hay 7 millones que no tienen acceso al agua potable (el 39,9% son niños y niñas de 5 a 11 años). Es decir que la declaración de servicio público esencial por sí misma, no garantiza nada.
El DNU se limita a congelar el aumento previsto para septiembre, “regular” es decir que las empresas deberían pedir autorización para futuros aumentos (ni siquiera anula el aumento que ya se aplicó en plena pandemia), y obligar a una tarifa “social”, más económica que los planes actuales, lo cual en una perspectiva de aumento de la pobreza al 50% de la población va a resultar igualmente inalcanzable para quienes hoy no pueden acceder.
El enojo de las “empresas” y de la oposición patronal no habla de lo “grandioso” de la medida sino de la ruindad de las empresas, en la cual basan sus fortunas, y del carácter pro empresarial a ultranza de la oposición. Pero este DNU, ni por asomo, solucionará el problema de la “desigualdad digital”.
Todo el debate abierto por esta situación, y el intento de Larreta de abrir las escuelas como cyber (frenado por la reacción y organización de las escuelas de CABA, ver página 10), son una muestra más de la falta de derechos elementales que tiene el pueblo trabajador, de lo engañoso de esta continuidad virtual del ciclo lectivo: debería haber sido suspendido hasta que absolutamente todos los estudiantes tuvieran garantizada la conectividad y los dispositivos, porque hoy en los hechos, la educación publica dejó afuera a los que no pueden pagar.
Tomemos los problemas en nuestras manos
Mientras Gobierno y oposición patronal debaten sobre tal o cual ley, las necesidades del pueblo trabajador siguen creciendo, y la situación se hace cada vez más inaguantable: estamos expuestos al virus, al desempleo, al hambre, a la violencia policial, a la falta de acceso a la educación de nuestros hijos e hijas y a la agudización de opresión de las mujeres, ya sea por la violencia, machista, ya sea por la multiplicación de tareas domésticas y de cuidado (ver páginas 8 y 9).
Frente a esto, a pesar de la complicidad vergonzosa de la dirigencia sindical, se multiplican y radicalizan peleas por salarios, contra los despidos, por medidas contra el COVID en los lugares de trabajo, por tierras para poder construir viviendas, por la defensa de los humedales y bosques nativos.
Peleas que, aunque parezcan muy distintas, tienen un enemigo común: una política gubernamental que privilegia la ganancia empresarial por sobre todo. Y que para aplicarlas no dudan en dirigir la represión contra las protestas y contra los pibes en los barrios. La misma policía que reprimió intentos de tomas de tierras en provincia de Buenos Aires, es la que desapareció a Facundo Castro, policía al mando del soldado Berni, bancado por Kicillof (ver página 4).
No podemos quedarnos pasivos mientras las cúpulas de las centras sindicales y de los sindicatos pactan acuerdos salariales vergonzosos, como los recientes de la UOM y Sanidad, y se constituyen en un obstáculo para todas las peleas.
Es urgente que nos organicemos para pasar por encima a esas direcciones sindicales que frenan las peleas o las aíslan, porque la dispersión y el aislamiento solo llevan al desgaste o la derrota. Tenemos que tomar los problemas en nuestras manos, organizarnos y realizar acciones para conseguir lo que necesitamos, como están haciendo los cientos que están tomando tierras en el conurbano bonaerense, los desocupados que cortan rutas, los vecinos que salen a cortar la calle frente a la falta de luz.
No alcanza con acciones “simbólicas” o declaraciones, hay que transformar la bronca en acción y las direcciones políticas, sindicales, sociales y del movimiento de mujeres que, aun con un discurso combativo, no están al servicio de eso, están siendo cómplices de lo que estamos padeciendo.
Al cierre de esta edición los trabajadores estatales de Chubut multiplican las movilizaciones por salarios atrasados, también se redoblan las movilizaciones por la defensa de los humedales, desocupados cortan rutas en distintos lugares de la Patagonia, hay fábricas en conflicto en el país como Tenaris, La Salteña, entre muchas otras; los trabajadores de la salud se organizan frente a la falta de insumos.
La solidaridad con todas las luchas y coordinación de las peleas es una necesidad, para empezar a frenar los ataques. Las conducciones sindicales y sociales que dicen enfrentar estos planes, tienen la responsabilidad de hacer real esa coordinación y solidaridad y empezar a construir un pliego común que unifique las peleas: por aumento general de salarios, jubilaciones, subsidios y todos los planes sociales; por los insumos necesarios para el sistema de salud; contra los despidos; por medidas reales contra el COVID; por suspensión del ciclo lectivo hasta que absolutamente todos los estudiantes tengan internet y computadora; por viviendas dignas para todos y todas; por terminar con la represión policial y el gatillo fácil.
La población negra y el pueblo trabajador de Estados Unidos rebelándose contra Trump hoy nos muestran el camino; solo con lucha podremos conseguir lo que necesitamos.