Los gobernadores de 23 provincias (menos San Luis) acordaron un nuevo “pacto fiscal” en el que las provincias se comprometen a reducir impuestos (Ingresos Brutos y al cheque) y compensarán esa reducción con un aumento en los “impuestos directos” como el impuesto inmobiliario y al automotor y otros.
Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es la eliminación del artículo 104 de la ley de Ganancias que aportaba más de 100 mil millones de lo recaudado al ANSES, para su financiamiento y que ahora perderá.
El acuerdo no fue fácil ya que las provincias tienen juicios contra el estado por centenares de millones de pesos (cerca de 800 millones) por el no cumplimiento con la coparticipación y pactos anteriores. El nuevo pacto obliga a desistir de dichos juicios. Además las provincias tienen deudas con Nación. La reducción de impuestos hace bajar la recaudación y las provincias se verán obligadas a reducir aún más los presupuestos, afectando la salud, la educación y el salario de sus trabajadores, y como decimos más arriba compensarán esa baja de recaudación con otros impuestos no a los empresarios sino al pueblo trabajador.
Entre los beneficios por haberse sentado en sus bancas para que se aprobara el escandaloso robo a los jubilados, (la ley de reforma previsional), es que parte del robo será repartido entre las provincias y Nación.
Entre los gobernadores más beneficiados una será Vidal de Buenos Aires, que en el 2018 recibirá una compensación de 21 mil millones y en el 2019, 44 mil adicionales para ser repartido entre los empresarios amigos, en “obra pública”. Y según algunos portales de noticias las otras provincias se beneficiarían con unos 10. Mil millones también en obra pública.
Los únicos privilegiados…son los empresarios
El nuevo presupuesto 2018, la reforma impositiva y el acuerdo fiscal benefician directamente a los empresarios y ataca a los jubilados y trabajadores. No es casual que el “paquete” que el gobierno puso sobre la mesa incluyen todas las reformas que pretende hacer pasar. La reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, todas con la mentira de la inversión y la creación de empleos.
Dentro del acuerdo con los gobernadores se prevé la eliminación de subsidios para el área metropolitana en energía y transporte. Por otra parte las provincias podrán ajustar tarifas y tasas de servicios “acordes al servicio que se presta”. Es decir se vienen nuevos aumentos en las tarifas provinciales y municipales.
La otra “perla” del acuerdo es que el Estado Nacional, ofrecerá “créditos blandos” a las provincias para que se adelanten retiros voluntarios y jubilaciones. Que en criollo significan nuevos despidos y reducción de los puestos de trabajo en las provincias y municipios.
Está claro lo que “juntos”, gobierno y empresarios, están haciendo contra los trabajadores, por eso juntos tenemos que enfrentarlos, en cada provincia y a nivel nacional.