Días atrás, alegando que luego de seis años de dispuestas las medidas no se han producido informes técnicos concluyentes que acrediten la persistencia de un riesgo ambiental o para la salud pública que justifique su mantenimiento, el Municipio de Pergamino (intendente Javier Martínez, Cambiemos en su tercer mandato), con el acompañamiento de la Sociedad Rural local, Aapresid y Coninagro, entre otras entidades del agronegocio, realizó el pedido ante el Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario para retrotraer las zonas de exclusión.
“El Municipio de Pergamino, cuya complicidad fue demostrada en la causa judicial, pretende ahora reducir las distancias de resguardo a 100 metros, amparándose en las llamadas ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ y en un sello de ‘Municipio Verde’ otorgado por actores enmascarados del mismo agronegocio”, explica el comunicado.
Retrocedamos en el tiempo para entender el presente
Hace décadas el entonces presidente Menem y su ministro Felipe Sola autorizaron las semillas transgénicas y su complemento los herbicidas producidos por Monsanto.
La soja RR también conocida como soja Roundup Ready, es un tipo de soja genéticamente modificada (GM) que ha sido diseñada para tolerar la aplicación del herbicida glifosato. Utilizando estas semillas los productores controlan las malas hierbas aplicando glifosato sin dañar el cultivo lo que permite reducir los costos de mano de obra y hace la agricultura más eficiente.
El ingreso en nuestro país fue casi al mismo tiempo que se lanzaba a la venta en EEUU.
A esto se le sumó la introducción de la siembra directa. Este paquete rápidamente desplazó a la agricultura tradicional porque aumentaba considerablemente la rentabilidad y además permitió ampliar las fronteras agrícolas.
Algunos ganan y muchos perdemos
La soja se transformó en el eje de la producción agrícola, las empresas del sector pasaron a tener ganancias fabulosas y recibieron un premio extra la propiedad de los puertos privatizados, así el complejo agroexportador se fue concentrando cada vez en menos manos.
Con el paso del tiempo eran evidentes las ganancias siderales de ese sector, pero comenzaron a ser visibles las consecuencias negativas de ese modelo. Por un lado el daño ambiental: desmontes, contaminación de los cursos de agua y de las napas de donde se obtiene el agua para consumo humano. Por otro lado los vecinos afincados en las zonas cercanas a los campos comenzaron a padecer enfermedades en un porcentaje mucho mayor que el resto de la población. Afecciones en las vías respiratorias, infecciones en la piel, distintos tipos de cáncer (por citar solo algunas) se daban con mucha mayor frecuencia en estos sectores.
Ante esta realidad los herbicidas fueron rebautizados como agro tóxicos, esta denominación es rechazada por las empresas pero es la que utiliza la población y los medios al referirse a estos productos químicos.
El caso particular de Pergamino
Ubicada en el centro del corazón agrícola, Pergamino ve crecer por un lado las ganancias de los productores y de un sector relacionado con ellos y por otro lado sufre las consecuencias negativas de ese proceso.
Los agro tóxicos poseen algunas instrucciones básicas para su manipulación y aplicación. Respetarlas o no quedaba en manos de los productores o de las empresas que se dedican a aplicarlos. En muchos casos ni siquiera esas precauciones mínimas eran respetadas. En algunos casos el estado creo áreas específicas para el control de la actividad.
Hace más de una década los vecinos de algunos barrios pergaminenses comenzaron a sufrir las consecuencias directas de las fumigaciones. En algunos casos solo una calle separaba las viviendas de los campos fumigados. Los problemas de salud eran generalizados después de la aplicación de los agro tóxicos. Comenzaron a charlar sobre el tema, se organizaron formando el grupo Barrios Fumigados, se pusieron en contacto con organizaciones de otras localidades afectadas por el mismo tema. Llevaron sus reclamos al Municipio, no obtuvieron respuestas del Intendente ni de la Secretaria de Salud. Intentaron presentar una denuncia contra los productores y no hubo un abogado de la ciudad quisiera tomar el caso. Una de las jóvenes afectadas decidió estudiar abogacía y se recibió mientras seguían reclamando, recibieron amenazas. Pasaron años. Finalmente pudieron presentarse ante la justicia, el tribunal federal de San Nicolás inicio una causa en la que están procesados varios productores y dos agentes municipales.
En el año 2019 dictó una medida cautelar por la cual se impide aplicar agrotoxicos a menos de 1.095 metros de forma terrestre y menos de 3.000 si son aéreos de las zonas habitadas. Por otro lado dictaminó que el municipio debía proveer agua en bidones a los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luard Kallad, La Guarida y Santa Julia.
El problema actual
En distintas localidades y en algunas provincias se han tomado diferentes medidas que van en el mismo sentido que la cautelar dispuesta por el juez Villafuerte Ruzo. Estas decisiones determinan que solo se puede fumigar a cierta distancia de las zonas habitadas.
Estas medidas son parciales e insuficientes porque solo disminuyen en parte algunas de las consecuencias nocivas del uso de los agro tóxicos.
Desde el PSTU y la LIT pensamos que para eliminar totalmente una de las principales causas de degradación ambiental y de ataques a la salud hay que pensar en cambios de fondo pasando a un modelo de producción agrícola amigable con el medio ambiente y la población. Estos cambios no vendrán de la mano de los actuales gobernantes o la oposición ya que coinciden, más allá de diferencias de matices, en que las exportaciones argentinas estén basadas en el sector agrícola y el extractivismo.
Pero es necesario señalar que si el empresariado rural con algún político amigo ataca alguna de las medidas que se han tomado en distintos lugares es necesaria la más amplia unidad para movilizarse y salir a defenderlas.