Se acerca el final de la farsa judicial que solo persigue disciplinar a las protestas sociales y reforzar la idea de que todo el o la que luche puede ser castigado. Existe ante este escenario una polémica que queremos seguir desarrollando con el Partido Obrero, y parte de una diferencia importante que se viene manifestando a lo largo del juicio y de las acciones en el marco de la campaña contra la judicialización de la protesta social. No se trata a nuestro entender de simples posiciones tácticas ante la Justicia burguesa o el llamado “estado de derecho”, es una diferencia profunda que parte de una adaptación al Régimen y al Estado que el Partido Obrero viene manifestando en los hechos.
¿Una Campaña unitaria para sumar fuerzas o un acto sectario para despegarse?
A diferencia de la acción auto proclamatoria que el PO realizó el 20/09 sin invitarnos, en una clara demostración de intentar despegarse del perfil que el PSTU, a través Daniel Ruiz, le da a las acciones de autodefensa de las jornadas del 18D, nuestra organización convocó abiertamente a todas la organizaciones a las distintas actividades que se realizaron contra la criminalización de la protesta social. En todas, el PO fue parte invitada y tomó la palabra, entre las decenas de organizaciones presentes, como en el acto organizado el último 18 de octubre, para plantarse en las puertas de Comodoro Py.
Pero no es solo el carácter del acto y su composición lo que viene diferenciando la estrategia del PSTU de la del PO. Es el contenido y la apuesta a la movilización, dejando fuera cualquier atisbo de confianza en esa justicia patronal. Y aunque en el discurso se denuncia a la Justicia y al Gobierno, lo que el PO evita a toda costa es “quedar pegado” al programa de reivindicar la autodefensa como legítimo método de la clase obrera y a llamar a movilizarse para afectar al capital a través de la acción directa.
¿A qué final del juicio deberíamos ir?
Está clara la estrategia del Estado y al servicio de qué la aplica, pero saber esto no basta, lo que determina el carácter de cada organización es qué propone para enfrentarla. Y acá, en este punto del qué hacer, queremos despejar una falsa polémica que tal vez pueda darse. Puede ser que para lo que se necesita hacer, afectar los centros del capital, supermercados para garantizar comida, laboratorios para los medicamentos, los puertos para parar la salida de todos los millones que deberían quedarse, aún no haya condiciones: dependerá de los análisis de cada organización y de varios elementos, pero eso no está en debate. Lo que está en discusión es que eso no se espera pasivamente, se prepara, se enuncia, se declara, se propagandiza, como parte de un programa, queremos hacer esto y aquello, de esta forma y de esta otra manera, etc. a no ser que no se esté de acuerdo.
Organizaciones que movilizan a compañeros y compañeras desocupados/as, como es el caso del PO evitan ese programa, mantienen todo dentro de los marcos de la legalidad del Estado, y eso se refleja directamente y con más fuerza aún, en el terreno judicial.
Es por eso que el PO estableció toda su defensa despegándose de los hechos de la primera línea, lo que en la boca del Estado se enuncia como “hechos violentos”. Pero como ya está claro, ningún “gesto de mesura” le importa al régimen del capital a la hora de castigar la protesta social. De igual manera en el alegato realizado en la audiencia del 1ro de noviembre, la defensa del PO planteó que entre las 14 y 16 horas, el PO no participó de los desmanes, ya que ellos dieron la orden de retroceder veinte metros, dando así como fehaciente lo dicho por Amor: que había infiltrados entre las 14 y las 16 horas. Además dijo que podrían identificar al agresor del policía Escobar, ya que en los videos de la causa que se puede observar bien (se puede ver el video del alegato completo en el canal de You Tube del Poder Judicial https://www.youtube.com/watch?v=zXIeadbp_x8).
Es por eso que el PO evitó hacer una campaña común con el PSTU en el que nuestro compañero Daniel Ruiz expresara lo que reivindicamos en los actos públicos, en nuestros materiales escritos, en las entrevistas televisivas, radios y diarios, que es el derecho a defendernos y la necesidad de hacer una revolución obrera y socialista en Argentina y América Latina, y lo haremos nuevamente en el alegato final del juicio el día 8 de Noviembre.
No nos va a ir mejor por mantenernos dentro de las normas, por no decir públicamente lo que hay que hacer, y mucho menos por mantener las manifestaciones dentro del orden establecido. Lo que sucede cuando no se reivindica un programa revolucionario y no se dice cómo cambiar la sociedad, es decir, no se le dice la verdad a la clase obrera y trabajadora en general, es que en realidad solo se actúa dentro de la legalidad, legalidad generada para combatir la protesta.
La adaptación al régimen democrático burgués se manifiesta entre otras cosas por estar más pendientes de no perder votos por “acciones que espanten” y mostrarse en ese marco como una organización “responsable” y que “dialoga”, que por reivindicar lo que miles de trabajadores, entre los cuales estaban Sebastián Romero, Daniel Ruiz y César Arakaki, realizaron ese 18D: la autodefensa en las primeras líneas. Y es por eso que en los no pocos minutos televisivos en que los integrantes del FIT-U se presentan, no se menciona la campaña por la libertad de Sebastián Romero, porque eso implicaría, acto seguido, a reivindicar lo que sucedió.
En ese sentido, a la vista de las acusaciones y el pedido de condena que la Fiscalía, o sea el Estado, realiza, el mejor escenario que el final del juicio debería tener es que el llamado a la jornada nacional de lucha sea un llamado a todas las organizaciones a realizar medidas activas, en las puertas de los bancos, puertos, supermercados, tribunales, con gran visibilidad.