En medio del aumento del número de infectados y muertos por coronavirus, el anuncio de Alberto Fernández de intervención y expropiación de la agroexportadora santafesina Vicentín movió el avispero y concentró la atención política tanto de propios como de ajenos.
La oposición patronal puso el grito en el cielo, como siempre que aparece la posibilidad de que sean tocados al menos ínfimamente los intereses de los empresarios. Un sector importante del pueblo trabajador la vio con buenos ojos exactamente por lo mismo. Lo cierto es que, aunque sumamente insuficiente para las necesidades actuales, la expropiación sería un pequeño paso. Ahora bien, no nos podemos quedar solo con los títulos del anuncio: es muy importante saber cuál es el proyecto de ley y que se responda además a qué tipo de expropiación vamos (ver página 4). Recordemos que la expropiación del 51% de YPF a la Argentina le costó 5000 millones de dólares que se le pagaron a una multinacional saqueadora como Repsol y que el 49% de YPF sigue en manos de empresas privadas. Un año luego de esa medida, además, se firmaba el pacto YPF-Chevrón, entregando a esa multinacional yanqui la explotación del petróleo en Vaca Muerta, Neuquén.
Mientras tanto, el Parlamento se prepara para seguir jugando su mejor papel, el de ser empleados de los sectores de poder de turno. Por eso seguramente votarán una expropiación con indemnización o tal vez con garantías de que una vez que sea regularizada sea entregada a una nueva empresa privada. De este Parlamento que ha votado privatizaciones, reformas laborales y previsionales entre otras cosas, o se puede esperar nada, aunque cada dos años votemos y cambien algunas fichas, su esencia es la de ser una cueva de bandidos.
Nuevas promesas para tapar lo que no cumplieron
Desde su asunción, Alberto Fernández viene haciendo distintos anuncios de medidas que serían a favor de las mayorías populares, de los cuales aún se esperan resultados. En la apertura de las sesiones legislativa se comprometió a enviar un proyecto de ley para la legalización del aborto que, luego, con la excusa del aislamiento dijo que este momento no era prioridad. Hasta el día de hoy continúa en la lista de espera, mientras que para las mujeres la situación de crisis es cada vez más crítica y la realización de abortos clandestinos no se toma cuarentena.
En relación a la cuarentena, el Gobierno fue de mayor a menor. Primero fue más fuerte (aunque hay trabajadores no esenciales que nunca dejaron de trabajar), luego la fue flexibilizando por presión de las patronales, y ahora tenemos esto: record de contagios y muertes cada día, cuando lo que necesitamos es una cuarentena eficiente, que proteja al pueblo trabajador y no estas vacilaciones que llevan a la enfermedad y muerte a cada día más habitantes de nuestro país. Mientras mantiene cercado con la policía a vecinos de barrios populares, como Villa Azul, sin garantizar los elementos básicos para sobrevivir.
Ni hablar del famoso proyecto de ley del Impuesto a la Riqueza, con el que alardeaban que se le iba a sacar dinero a los Paolo Rocca y Magneto para cubrir las necesidades de los sectores más postergados. El resultado de esto terminó siendo todo lo contrario, subsidio para pagar salarios a la mayoría de empresas del país (los famosos ATP), entre ellas varias multinacionales como Techint o General Motors.
Por otro lado, a días del inicio del aislamiento obligatorio, anunció con bombos y platillos la oferta de la Argentina a los bonistas, de no pagar un peso por los próximos 4 años y con mucha euforia decía que no iba a pagar a costa del hambre de los argentinos. Como bien se saben los resultados, la Argentina todavía sigue negociando con los bonistas y todo indica que vamos en el mejor de los casos a 2 años de “gracia”, mientras seguimos pagando intereses como los 130 mil millones que se pagaron al cierre de esta edición.
Por último, está el anuncio de la prohibición de despidos que sin duda en un principio fue muy bien vista por los trabajadores en un marco de crisis y pandemia. Pero no pasó de la palabra escrita: el Gobierno no movió un solo dedo para que ese decreto sea garantizado, cada día se suman más y más despidos en el país. La muestra de esta situación son los trabajadores del frigorífico Penta, a quienes además de dejarlos en las calles también fueron reprimidos por la policía de la provincia de Buenos Aires. Situación similar sucede con los y las trabajadoras de alimenticia La Nirva, que hace meses se encuentran en lucha por el pago de salarios, o los recientes despidos de la aerolínea LATAM, que abandona el país por no poder bajar los salarios al 50%. Para colmo, a la rebaja salarial a los suspendidos, pactada con los traidores de la CGT, ahora se suma el pago de los aguinaldos en cuotas que ya fue anunciado para parte de los estatales y, sin duda, será aprovechado por las empresas para implementarlo también en el sector privado.
La pelea por nuestros derechos
Cada día que pasa se demuestra que, más allá de los discursos, este Gobierno no tiene ningún tipo de interés de garantizar nuestros derechos a la salud, trabajo digno y vivienda. Por el contrario, lo único que viene haciendo es garantizar las ganancias de los sectores de poder a través de los subsidios a las empresas. Los sindicatos y movimientos sociales afines al Gobierno tienen como objetivo mantenernos desorganizados y que nos conformemos con un miserable IFE, jubilación mínima o un salario al 75%.
Dicen que no podemos movilizarnos por el peligro de la pandemia, pero nos hacen ir a trabajar o a conseguir la comida exponiéndonos todos los días. No podemos resignarnos frente a esta realidad, porque si no peleamos los ataques serán más y más. La necesidad nos llama a que los explotados y oprimidos nos organicemos de forma independiente en nuestros barrios, fábricas y escuelas formado comités para organizar la lucha por defender la vida antes de cualquier lucro garantizando la salud, el aislamiento social acorde para la clase trabajadora y los sectores populares en condiciones dignas y sin hambre: contra los despidos y suspensiones, y la estatización sin indemnización, bajo control obrero, de toda fábrica que cierre o despida; por garantizar un ingreso igual a la canasta familiar para todos y todas; distribución de canasta de alimentos (carnes, verduras, frutas, etc) básicos para todos y todas; por un sistema único y estatal de salud, incorporación de personal de salud e insumos necesarios; entre tantas otras medidas urgentes para la situación actual, que podrían financiarse no pagando la deuda externa ni sus intereses, imponiendo fuertes impuestos a la renta financiera y la eliminación del subsidio a las petroleras, entre otras.
La salida es revolucionaria
Tenemos que organizarnos y pelear por nuestras necesidades más inmediatas y básicas, y en el calor de esa pelea ir construyendo juntos un programa para pelear por salidas de fondo a nuestra situación. Es mentira lo que dijo Fernández de que es posible un capitalismo en el que ganemos todos. Recordemos su frase que menciona cada tanto en pandemia: “Prefiero tener más pobres pero no miles de muertos…” o “De la muerte no se vuelve, de la economía y pobreza se vuelve…”. En este sistema somos nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras los que perdemos siempre, y cada vez perdemos más, más empobrecidos y nuestra salud afectada no solo por el coronavirus, sino por las consecuencias de la mayor pobreza.
Pero no está dicha la última palabra, los vientos de revolución, que hicieron vibrar a nuestro continente antes de la pandemia, se siguen extendiendo por el mundo, llegando al corazón mismo del capitalismo. En un momento histórico como el que estamos viviendo no hay lugar para medias tintas, y para los trabajadores y trabajadoras la salida es revolucionaria y socialista. Desde el PSTU y la LIT a invitamos a construirla.
18 de Junio de 2020.-