¿Qué encubre el Código Educativo para la provincia de Buenos Aires?

¿Qué hay de “nuevo” y que encubre la propuesta de un Código Educativo para la provincia de Buenos Aires?

En estos días el Senador del Frente para la Victoria, Gustavo Oliva presentó en la Legislatura, el proyecto de ley que ya había hecho público el 18 de diciembre del año pasado y que ya  comenzó a discutirse en las comisiones del Senado. Propone  la promulgación de un nuevo Código Educativo,  que de aprobarse, pasaría a regular  la educación en la provincia de Buenos Aires,  deróganse las leyes (…) y toda otra normativa que se contradiga o se oponga a lo normado en el presente Código (art 1122)incluye entre ellas al Estatuto del Docente, el Régimen de Licencias y hasta el Manual de Cooperación Escolar.- 

El proyecto sostiene como argumento central la necesidad de un  “reordenamiento” pero apunta en realidad a profundizar el ajuste y la precarización educativa y laboral. Con la derogación del estatuto que promueve, ataca globalmente al conjunto de las conquistas ganadas por los docentes tras durísimas luchas y que hasta ahora ningún gobierno democrático ha podido cercenar. Este punto es el que define con mayor claridad el carácter flexibilizador y reaccionario de la propuesta, que se presenta  “desdibujado” entre 300 páginas, 1.127 artículos y 132 capítulos.  

  • Ni un paso atrás, el Estatuto es una conquista de la lucha docente: Fue promulgado en 1957, luego de una larga y dura huelga  docente. Hasta ese momento no existían actos públicos, ni garantías laborales. Las designaciones dependían del dedo de los políticos de turno. El listado por orden de mérito y el fortalecimiento de la organización de los docentes como trabajadores de la educación, llevó a que duplicaran el salario en solo un año. Este fortalecimiento intentó ser quebrado en varias oportunidades, hasta que en 1976fue derogado por la dictadura. Recién en 1987 comienza a reordenarse su texto y en 1990 cobra vigencia, con avances en la discusión de su reglamentación. En febrero de 1992 en el marco del inicio de la  “Reforma del estado”, con Menem en la presidencia, Duhalde en la gobernación de la provincia y Susana Farías de Castro como  Directora General de Escuelas, se deroga la reglamentación del estatuto, imponiéndose un nuevo régimen de licencias muy restrictivo que anuló entre otras la licencia por trastornos de embarazo. La lucha de los docentes obligó a renunciar a la funcionaria en pocas semanas, volviendo a recuperarse casi toda la reglamentación anterior. En 1995 los decretos 4457 y 441, con Carlos Ruckauf en la gobernación, se modificaron la Plantas Orgánico Funcionales y otras reglamentaciones que redujeron y congelaron por años los cargos. En el 2002, entre otras medidas de ajuste por la emergencia económica, muchos perdieron la desfavorabilidad al modificarse el artículo 10.  

No es nuevo que los gobiernos nunca nos “regalaron” nada, las conquistas siempre se lograron y sostuvieron a fuerza de una lucha casi permanente.  Por otra parte, a los sindicatos hay que empujarlos desde las bases para que encabecen las luchas. Pero en los últimos años comenzaron a jugar un papel muy fuerte del lado de la patronal. Consintieron cada avance de la reforma educativa, participaron de la elaboración de los proyectos del gobierno y llamaron a los docentes a aceptarlos, encontrándoles siempre “la parte buena”  

Así fue que festejaron la Ley Nacional y Provincial de Educación y su aplicación, avalando la incorporación del contrato precario para miles de docentes, a través de los Planes Fines, Encuentro, Mejoras y  Mamás Cuidadoras, entre otros.    

  • No podemos confiar en las conducciones provinciales del Suteba y la FEB: Ya dieron un paso sin retorno al participar y  reivindicar como conquista el Nuevo  Reglamento General de Instituciones Educativas (2011), que avanza en la responsabilización de los docentes de todo aquello que el estado no resuelve. Avalan el Nuevo RégimenAcadémico, que refuerza el papel de contención de la escuela, donde el alumno va” transitando”,  y el derecho al conocimiento del alumno queda devaluado.Y saludaron la sanción de la Ley de Jardines Comunitarios ,que legaliza la ausencia del estado en la construcción de jardines de infante y maternales..Por eso, aunque hoy afirmen que están en contra, que  “no hay que alarmarse” que nada se va a aplicar “sin consenso previo”, que “todo se debe discutir en paritarias”, lo cierto es que no convocan a ninguna medida concreta para que se baje el proyecto de ley. 
  • NI UN PASO ATRÁS – RECHACEMOS EL CÓDIGO Y  EXIJAMOS AL SUTEBA Y DEMÁS SINDICATOS QUE NUCLEAN A DOCENTES Y ESTATALES, INCLUYENDO A LA CTA, QUE  IMPULSEN UN PLAN DE LUCHA HASTA QUE SEA RETIRADO  

Para parar este ataque a la educación pública estatal, desde el Frente Índigo llamamos primero conocerlo y a rechazarlo, en las asambleas, cuerpos de delegados, Jornadas de Formación Docente y demás instancias posibles de debate. También es necesario discutirlo con los estudiantes y padres de las familias trabajadoras, que concurren a la escuela pública estatal, para que se sumen a la lucha y lleven la discusión a todas las organizaciones de la clase obrera. 

Avancemos un poco más en la lectura crítica del proyecto 

En la presentación cita a Sarmiento y  a Paulo Freyre historizando en el Cap I el concepto de derecho a la educación como conquista social. Pero a poco de andar, al enunciar los principios generales, define a la educación como un “bien público que debe garantizar el Estado proporcionando igualdad de oportunidades y de trato”  (art 2). Hay una gran diferencia  entre proporcionar oportunidades y opciones educativas que garantizar el derecho universal, igualitario a la educación. El primer concepto corresponde al orden neoliberal – la libertad de elegir1- como han expresado tantas veces sus teóricos y defensores. El segundo se relaciona con el derecho a la educación, considerándose al estado se asume como principal responsable – El paradigma del estado como garante y principal agente dio origen de nuestro sistema educativo, extendiéndose hasta su quiebre con la Ley de Transferencia en 1992.   

Estamos entonces ante una propuesta de carácter diferenciador, no igualitario, que “define la flexibilidad como componente esencial para adecuarla a la diversidad (art 5).  

Quienes trabajamos en las escuelas pública estatales sabemos que la palabra “diversidad” en la práctica, poco tiene de progresivo. Su acepción más general está relacionada con la pobreza y las situaciones de explotación y desamparo. Otras, con la falta de respuesta a los problemas sociales y  de salud, ya que los servicios públicos, incluso organismos de minoridad  “sólo atienden la emergencia”. Son pocos los casos en que el termino responde al respeto de los derechos de los niños y niñas con discapacidad o pertenecientes a una minoría étnica o sexual. La flexibilidad está planteada como “diversificación curricular”. La obligatoriedad declamada por la ley no significa que desde la escuela se reclame a otras áreas del estado la solución a los problemas que impiden la asistencia de los alumnos en las mejores condiciones para aprender, sino a la necesidad de adecuar los contenidos y el formato escolar a las posibilidades de los alumnos.  

  • No tendríaentonces mucho de nuevo 

Esto ya loplantea la Ley Nacional de Educación en su art 16: “…asegurarán la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente…”   Aquí se vuelve a violar el carácter universal, porque equivalencia e igualdad no tienen el mismo significado.  

  • Con el Código la igualdad “desigual” se profundiza  

El proyecto propone que ante el ingreso tardío o reingreso al nivel primario la DGCyE “generará los dispositivos pedagógicos y normativos para que los niños y niñas logren en el menor tiempo posible, incorporarse al grado que por su edad cronológica correspondiera (…)” (art 29). Este punto aún cuestionado del Nuevo Régimen Académico, cuyos instructivos circulan aún a la espera de aplicación, se impondrán ahora con nueva fuerza de ley    

En el mismo sentido el proyecto sostiene gran parte de las reformas que venimos cuestionando y ya son parte del Reglamento de Instituciones Educativas y el Nuevo Régimen Académico Primaria).. “El Bloque Pedagógico en la primaria y el Bloque Académico en la secundaria también proponen dispositivos de “fortalecimiento “y “acompañamiento” que siguen sosteniendo una postura voluntarista, responsabilizando al docente  de generar las condiciones para garantizar las trayectorias educativas de los alumnos (art 700 a 707), En el caso de la secundaria se plantea un Plan de Trayectos Alternativos para aquellos alumnos que adeuden materias, diferenciando cada vez más la posibilidad de acceso a los contenidos. La “inclusión, obligatoriedad y terminalidad” asegurarían las trayectorias educativas y la acreditación, pero no los conocimientos correspondientes al nivel. Con estas medidas se niega la posibilidad del acceso al conocimiento a quienes van a la escuela pública estatal.  

  • Una educación precaria para las mayorías populares y una educación privada que se desarrolla incentivada y sostenida por los fondos públicos: Si bien la Ley Nacional de Educación ya reconocía en su art 14 como integrantes del sistema educativo a los servicios de gestión pública estatal,  privada, cooperativa y social, financiados por el estado; la regulación de los mismos a través del nuevo proyecto de Código Educativo es un reaseguro para su implementación en momentos en que el ajuste y la crisis educativa se profundizan.  
  • El estado sostiene discrecionalmente la educación privada, cuyos establecimientos ya representan en la provincia de Buenos Aires más de la mitad de los del estado  (10.702 estatales y 5.578 privados) 2 
  • Desde el 2012 se profundizó el ajuste económico, la provincia decreto la emergencia generando una serie de mecanismos para demorar y en algunos casos directamente no pagar los salarios. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de los edificios, insumos, transportes  y comedores escolares.  
  • La obligatoriedad del nivel secundario e inicial es una gran estafa en la medida que no se construyen escuelas ni Jardines, ni Centros de Formación Integral, CEC, CEF,  ni se crean los cargos y secciones que año a año se reclaman como indispensables. Esta situación lleva a que año a año familias que siempre defendieron y enviaron sus hijos a la escuela pública, cansados de la precariedad, hagan un gran esfuerzo económico y decidan pasar sus hijos a la privada. Solamente en el distrito de Bahía Blanca hay 400 alumnos menos en la primaria este año con rumbo a la privada. El abandono y deterioro de la educación pública está beneficiando claramente al lucrativo negocio de la escuela privada subvencionada. 
  • A esto se suma el abandono presupuestario, la falta de construcción y mantenimiento de los edificios e instalaciones y la casi nula renovación del mobiliario y el congelamiento de las vacantes. Para que se cree un cargo se tiene que cerrar otro en el distrito. Así la población crece pero la escuela y los jardines públicos no.  
  • Los mismos inspectores que niegan la creación de nuevos cargos docentes , impulsan proyectos por fuera del estatuto, en el marco de la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital), junto a funcionarios Municipales y de Desarrollo Social, como los Planes FINES, ENCUENTRO, Madres Cuidadoras y otras  alternativas precarias que conviven con el sistema educativo formal. En el 2014, solo en el distrito de Bahía Blanca, el Plan FINES y COA matriculó 1.550 alumnos de los cuales 1.226 certificaron por fuera del sistema educativo formal.  
  • El Código perpetuaría la precarización educativa de los sectores populares    

Regula la “Educación de Gestión Social “(art 873 al 908),partiendo de la existencia de estos servicios que “surgieron como respuesta a una necesidad social “. Este planteo avanza en la diferenciación educativa y la flexibilidad laboral al reconocer que quienes están cumpliendo la función docente no tienen título. Con la promesa de regularizar a futuro la situación intentan imponer el modelo que ya rechazamos en las movilizaciones del 2001. Dos marchas de 15.000 Bahienses y miles en todo el país se manifestaron en contra de la “Municipalización, privatización  y tercerización de la educación pública”, denunciando al Proyecto del Ministro José LLACH, quien debió renunciar poco antes del día del maestro.  

Estos proyectos de cuño neoliberal, ahora camuflados de “progres” se inspiraron en el modelo Chileno, impuesto por la dictadura de Pinochet y resistido desde hace años por miles de jóvenes y docentes en las calles. En estos días fueron asesinados dos jóvenes manifestantes en Valparaíso, mientras que otro está gravemente herido. También en Curitiba, capital de estado de Paraná, Brasil, fue brutalmente reprimida una protesta docente, a fines de abril, con 160 heridos. 

Este modelo educativo precario,que ataca el derecho al conocimiento, de ajuste permanente, que se viene imponiendo en Latinoamérica y pretenden profundizar en la Argentina, es sostenido por los organismos internacionales (UNESCO/ CEPAL) como una alternativa  “sustentable” en el marco de la Responsabilidad Social Compartida. Fondos que las empresas a través de los bancos destinan a la educación de los pobres, fondos condicionados que de ninguna manera se incorporan al presupuesto.  

De esta manera los organismos de crédito internacional se aseguran que los gobiernos sigan cumpliendo con los pagos y exigencias de ajuste presupuestario que le imponen,  a la vez que reciben financiamiento “para fines educativos”. 

 Los fondos por fuera del presupuesto le dan aire al gobierno para la implementación de algún tipo de política focalizada para “el mejoramiento de las situaciones de extrema pobreza”.  El Ministerio de Educación Nación junto a Desarrollo Social, las organizaciones Sociales,  la DGCyE, los Inspectores y el Municipio gestionan planes por fuera de la estructura escolar, tanto presupuestaria como estatutariamente.  

Estas redes de “proyectos, planes, etc. se van articulando, conviviendo y reemplazando cada vez en mayor medida a los cargos de planta. Para cumplir con este objetivo se creo en julio del 2014 la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa que coordina una red de subsecretarías y secretarias (Dirección nacional de fortalecimiento y ampliación de derechos, de Políticas Socioeducativas y de Gestión educativa) a través de la cual fluyen recursos que de ninguna manera van a fortalecer el presupuesto educativo.  

Se liquida el Estatuto del docente 

Los 466 artículos que bajo los títulos III y IV sobre las funciones, derechos y deberes del personal Auxiliar, Obrero, Administrativo, Técnico Profesional y Docente”, reconocela Ley 10430 que regula la actividad de los trabajadores estatales, pero  desconoce la existencia del estatuto del docente.Se avanza en la “regulación” de situaciones que si bien existen y aumentan en las instituciones, en muchos son resistidas por  antiestatutarias. Ya hay en las escuelas auxiliares designadas por “40 hs” que si bien mejoran su ingreso, cobran menos por cada hora de trabajo. Y al aumentar la carga laboral  absorben el trabajo que debería cubrirse con un nuevo cargo completo.  

De la misma forma conviven en los CENS los profesores con los cargos designados para cubrir los Planes Fines, o los profesores y preceptores de las secundarias con “tutores” del Plan Mejoras, designados directamente por los directivos, con funciones muchas veces  superpuestas con las de los cargos estatutarios . También ocurre que el mismo docente está trabajando en ambas situaciones, o que toma la tutoría algún integrante de la comunidad, más o menos habilitado.     

El Código plantea “remuneración de acuerdo a la tarea” en el caso de los docentes y “bonificaciones y suplementos especiales” en el caso de los auxiliares estableciendo legalmente la diferenciación salarial, como ocurre hace décadas en el empleo privado.  

Parar este proyecto para que las luchas contra la precarización laboral triunfen  

En estos días los profesores de la Técnica 2 de Bahía Blanca, están enfrentando junto a la comunidad educativa, la decisión del Inspector Distrital de cancelar el Proyecto 13 (Asesoramiento Pedagógico y Apoyo Escolar a cargo de profesores pertenecientes a la POF y designados estatutariamente).  

También los profesores de educación Física del distrito pararon  la designación de 496 módulos que estaban aprobados en la POF del Nivel Inicial pero que no se cubrirán por falta de presupuesto. En acuerdo con el Municipio las autoridades educativas ofrecieron los módulos por fuera de las condiciones estatutarias  y por una remuneración menor.  

El triunfo de estas luchas indica la necesidad inminente de que enfrentemos el proyecto  flexibilizador en curso y todo intento de reforma estatutaria. 

El Código Educativo vuelve a la carga con la “evaluación participativa y democrática que pese a ser términos  “políticamente correctos” profundizan la “responsabilización por parte de los docentes” de la actual crisis social y educativa, que ya viene imponiendo el Reglamento de Instituciones educativas.  

La misma tiene dos objetivos: profundizar la desresponsabilización del estado y el disciplinamiento político de los docentes y directivos al gobierno de turno. 

Ya es común oír en las escuelas cuando un docente plantea alguna diferencia respecto de las imposiciones sobre la calificación de los alumnos o la metodología de trabajo, que los inspectores, los directivos o los capacitadores le digan “si no te gusta te vas” .  

También son muy grandes las presiones que sufren los directivos cuando exigen respuesta a los problemas de infraestructura o a situaciones de riesgo. “Las clases no pueden suspenderse, el derecho a la educación es inalienable, esto está prescripto (…)” se les indica.   

Ahora esta bajada de línea, este autoritarismo que pretende enajenarnos,  se fortalece con la modalidad de los concursos (art  1.077) del nuevo código  

Luego del concurso los “candidatos” deberán compulsar, ya que la terna seleccionada será votado a través de un mecanismo de porcentajes en el que los docentes tienen el voto minoritario (35%), 15% los no docentes, 25% los alumnos y 25% los padres. 

Esta propuesta fue resistida en el año 2004 en San Luis, cuando el gobierno de Rodríguez Saá empezó a destituir directivos generándose una pueblada en la provincia. Nunca fue rechazada con claridad por la Ctera, es más Hugo Yasky y el Ministro Filmus viajaron para mediar, cerrando sin claridad alguna el conflicto. Por todo esto debemos estar alerta para impedir que se aplique la reforma en la provincia. 

¿Y que pasa con la comunidad empresaria?  

No esmenor la ingerencia que tendrán las empresas multinacionales en las definiciones institucionales ya que se plantea explícitamente la vinculación de los contenidos curriculares con la producción (art 867 a 858) en dos sentidos:  

-Que la escuela prepare para el trabajo y la formación creando las condiciones para que los alumnos se adapten a las  cambiantes condiciones tecnológicas y productivas  

-A través del COPRET3 y la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales se plantea formalizar acuerdos para promover fuentes alternativas de financiamiento, integrar jóvenes a las prácticas educativas promoviendo el Cooperativismo y el asociativismo, entre otros aspectos. – El sueño del capital – la flexibilización laboral y ganancia empresarial garantizada a través de la escuela pública.  

En síntesis: Poco tiene de novedoso el nuevo código, es el mismo proyecto que desde los 90 sostiene el Banco Mundial para Latinoamérica y que venimos resistiendo hace décadas con nuestras luchas, luchas a las que los dirigentes han dado la espalda. Lo nuevo es que líquida el estatuto del docente de un “plumazo”. 

Tantola Ctera a nivel nacional como el Suteba, la FEB y demás gremios en la provincia de Buenos Aires,  han traicionando sistemáticamente la defensa la educación pública estatal, avalando las reformas.  

En la actualidad, no sólo nos dejan librados a nuestra suerte sino que son parte activa de estos proyectos privatistas y gerenciadores, que precarizan el trabajo de docentes y auxiliares,  además de cambiar la función educativa de la escuela pública.  

Desde los sindicatos y las organizaciones sociales hasta las universidades operan ya como coordinadores de diversos proyectos de terminalidad, formación y capacitación, administrando fondos y cuotas de poder discrecionalmente.   

De concretarse esta reforma el gobierno avanzará sobre nuestros derechos laborales y se profundizará aún más la fragmentación social, al “ofrecerse”  Jardines y Escuelas de primera,  para quienes puedan pagar una cuota, Jardines y Escuelas públicas estatales en estado de abandono, condenadas a su mínima expresión por los ajustes permanentes del presupuesto y las alternativas “comunitarias” en el territorio, respondiendo a las “necesidades” de los más pobres.  

El gobierno que promete y no invierte desde hace décadas cuenta con la aplicación de esta norma. Es lo único que explica que Nora De Lucía afirme  que con la construcción de 53 jardines se garantizará el “cumplimiento de la obligatoriedad de la sala de 4 y 5 años “en toda la provincia de Buenos Aires4 . Solamente en Bahía Blanca hay cientos y cientos de alumnos que no acceden al nivel y menos aún al Jardín Maternal que la ley de educación establece como parte constitutiva.  

Que nonos venda humo: Es muy importante que nadie caiga en la “ilusión “de la gestión comunitaria que el Canal Encuentro propagandiza a través de la promesa “cooperativista” del Economista Bernardo Klikssberg. Hay múltiples ofensivas en ese sentido.  

Como parte del PSTU compartimos la experiencia de lucha con nuestros compañeros docentes y estudiantes que en Brasil, Chile y otros países de América, también enfrentan estos modelos impuestos hace décadas por los gobiernos cómplices del imperialismo, y fortalecernos como parte de una corriente internacional en defensa de la educación pública estatal.  

También denunciamos que tanto del oficialismo Kirchnerista, como Scioli, o de la oposición. Macri, Masa o los radicales encabezados por Stolbizer, son todos responsables de  la actual situación social y educativa, porque avalaron y siguen sosteniendo el núcleo del modelo social y educativo. Ellos no solo no plantean alternativa a este modelo sino que fueron parte de los gobiernos que los aplicaron a rajatabla. 

Abrir la discusión significa apoyar cada lucha, construyendo y sosteniendo un proyecto educativo alternativo, que plantee la recuperación de la educación pública estatal universal, laica, gratuita, que vuelva a brindar el acceso al conocimiento a las mayorías populares. También deberá definirse la designación de recursos presupuestarios genuinos para sostenerla, rompiendo con los acuerdos que nos atan económica, cultural y políticamente a los organismos de crédito del capital imperialista. ¡Ni un peso a los banqueros y empresarios de la educación! ¡Todos los recursos necesarios al servicio de  la educación pública estatal!