El gobierno acusa a los manifestantes del 14 y 18 D bajo la figura legal de rebelión o sedición que está presente en el Código Penal Argentino. Esta causa es en primer lugar política y, para justificarla, necesitan distorsionar la realidad.
Pretenden quitarnos un derecho básico que, además, está consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa (que es tomada ampliamente como el modelo de los Estados Modernos). “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
El gobierno de Macri viola permanentemente los derechos del pueblo trabajador y de la familia obrera. Deja a centenas de miles de familias sin trabajo, nos condena al hambre con una inflación que sigue subiendo y sueldos que alcanzan cada vez menos; destruye la educación y la salud públicas, negando los derechos más elementales a nuestros hijos y abuelos; beneficia a los empresarios sacándoles impuestos, mientras a los trabajadores nos suben todos los servicios y el transporte; deja que las empresas cobren cifras altísimas por un servicio que ni siquiera garantizan, como lo muestran los innumerables cortes de luz que hay en estos días. ¿Debemos soportar en silencio tantas agresiones a nuestras familias? Desde el PSTU, no solo creemos que los trabajadores tenemos derecho a rebelarnos, sino que también decimos que si no queremos que el plan Macri nos pase por encima no tenemos otra alternativa.
Lamentablemente, los dirigentes sindicales que deberían organizar esa resistencia, o transan con el gobierno o le dan aire.
Los trabajadores, los que sufrimos los ataques, tenemos que construir una organización propia y unitaria en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y sindicatos, para imponer la defensa de nuestros derechos y los de nuestras familias.