La reforma tributaria o fiscal que propone el Gobierno no da vueltas en decir cuál es su objetivo: ayudar a los empresarios a que las cuentas les cierren mejor. Combinado con la reforma laboral y previsional, el resultado son trabajadores más baratos y que “rinden” más: mayor explotación.
Les da facilidades a las empresas multinacionales (particularmente las de los rubros electrónica y automotriz) para importar, reduciendo impuestos internos, mientras que aumentan los gravámenes a las bebidas alcohólicas y a las gaseosas azucaradas.
Más para las patronales, menos para el pueblo
Uno de los ejes de la reforma es la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias empresariales, que hoy esta en 35%, y bajará gradualmente hasta llegar al 25% en 2021, entre otras bonificaciones.
Se propone un régimen de devolución del Crédito Fiscal para las empresas que hayan realizado inversiones y no lo hayan recuperado en un lapso de 6 meses. También se eliminó prácticamente el impuesto al cheque.
Un punto bastante escandaloso es que se establece un mínimo no imponible para las contribuciones patronales (que llegará a 12 mil pesos de salario bruto en 5 años y se modificará en base al índice de precios al consumidor). En palabras más simples: las contribuciones patronales a jubilación, obra social, etc. se efectuarán a partir de una suma bastante inferior al mí- nimo vital y móvil (8.860 pesos). La excusa de esto es que ayudará a blanquear trabajadores. Y tiene sentido, porque con los sueldos de miseria que tenemos (según datos de mayo del INDEC, la mitad de los argentinos cobra menos de 10 mil pesos al mes), no significará una mejora para los trabajadores.
Sigue el pacto de ajuste
Como parte de su búsqueda por el “gran acuerdo” para hacer pasar su plan, el proyecto reduce los impuestos en ingresos brutos y sellos a las provincias, como acordó con todos los gobiernos provinciales (excepto San Luis). Desde los gobernadores oficialistas, hasta los peronistas, incluída Alicia Kirchner, pasando por otros como Lifshitz de Santa Fe, han firmado el pacto fiscal y muchos ya han ordenado a sus diputados y senadores que apoyen la reforma tributaria.
Más allá de cualquier aparente diferencia discursiva, el ajuste de Macri es aplicado en cada provincia por cada gobernador, de todos los colores políticos. El presidente acuerda con los gobernadores el reparto de la torta para así garantizar la aplicación de su plan. Esto no es más que otra demostración de que los gobernadores opositores no pueden ser aliados de los trabajadores en la lucha contra el ajuste.
La deuda siempre está
El gobierno de Macri no retuvo ni un centavo a la hora de pagar en tiempo y forma a sus amigos los buitres de la deuda externa, a costa de la salud y educación públicas, la plata del ANSES (ver nota aparte) y hasta el oro del Banco Central. Cabe preguntarse ahora: ¿menos impuestos es menos plata?. Resulta difícil pensar que el gobierno va a mantener el ritmo de sus pagos con los impuestos a las gaseosas azucaradas ¿Cómo va Macri a mantener sus compromisos financieros? Y la respuesta es muy fácil: va a vaciar más todo lo que pueda vaciar. Escuelas, hospitales, puestos de trabajo. Es por todo esto que la reforma tributaria, junto a las otras reformas de Macri, en especial la laboral, representan un ataque violento contra el pueblo trabajador, y es por eso que más que nunca hay que organizar la lucha para derrotarlas.