Con increíble rapidez, la fiscal federal Mángano solicita el 12 de noviembre la elevación a juicio del compañero Daniel Ruiz a raíz de su participación en la masiva manifestación contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017. Lo acusa de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad agravado.
Recordemos que la jornada del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional significo un antes y un después para el gobierno de Macri. Desde ese momento la imagen de Macri no dejo de caer, agravado por la devaluación, tarifazos y ataques permanentes a los trabajadores y sectores populares.
No es simple coincidencia que el pedido de elevación a juicio se conozca en momentos que se prepara la llegada del G-20, con la ciudad sitiada por fuerzas represivas. Eligieron este momento para dar a conocer el pedido de juicio a Daniel Ruiz, como forma de amenaza a los miles que vamos a movilizarnos contra Macri, el FMI y todos los explotadores que vienen a planificar mayor saqueo contra los trabajadores del mundo.
El pedido de elevación a juicio realizado no guarda relación con los tiempos procesales de nuestro país. Teniendo en cuenta la fecha de la movilización, solo pasaron 11 meses para elevarlo a juicio y desde la detención de Daniel solo 2 meses.
Tanto apuro en llevar a juicio a nuestro compañero, solo se explica en este contexto de ajuste brutal, porque pretenden que este juicio sea ejemplificador contra todos los luchadores que salen a movilizarse y enfrentar al gobierno de cambiemos y todos sus cómplices.
En nuestro país los trámites judiciales demoran varios años, la mayoría se archivan por vencimiento de plazos de prescripción o sobreseimiento. Así los corruptos, narcotraficantes y delincuentes reales, quedan libre de culpa y cargo.
Pero en el Caso de Daniel Ruiz, el juez Torres y la Fiscal Mangano se apresuraron a llevarlo a juicio, mientras lo mantienen preso en el penal de Marcos Paz.
Demás está decir que la prisión preventiva de Daniel es un castigo político, ya que aún con los falsos delitos acusados por el juez y la fiscal, debería estar en libertad.
Daniel es un delegado petrolero sin antecedentes penales. Nada impide que permanezca en libertad, pero a pesar de ello le niegan reiteradamente el juez, la fiscal y la Cámara Federal Penal la libertad. Exhiben su encarcelamiento como trofeo político.
Lo mismo ocurre con el pedido de captura contra Sebastián Romero, obrero de General Motors, perseguido por luchar contra los despidos y suspensiones en su fábrica, también acusado de los mismos delitos que Daniel por haber participado en la misma movilización.
Tenemos que unir nuestras fuerzas para lograr la libertad de todos los presos políticos y el cese a la persecución de todos los luchadores.
Agradecemos a todas las organizaciones políticas y sociales que vienen acompañando y luchando por la libertad de nuestro compañero. Y ahora con el pedido de elevación a juicio, llamamos a redoblar los esfuerzos para exigir su inmediata libertad y absolución. Ya que el juicio y pedido de condena contra Daniel será utilizado como antecedente contra cualquier otro luchador que salga a enfrentar al gobierno, al FMI y todos los cómplices de la aplicación de planes de ajuste contra el pueblo trabajador.