2022: luchas obreras y mayor entrega del Gobierno al imperialismo
Ha pasado casi un año con una situación en la que continuó la tendencia de la pandemia, en la que los ricos se hicieron más ricos y los pobres nos fuimos haciendo más pobres. A pesar de las luchas, no hemos podido hacer retroceder esa dinámica. Las direcciones burocráticas del movimiento obrero como la CGT y CTA han garantizado la Paz Social y también la UTEP de los movimientos sociales. La izquierda y los sectores combativos: ¿que hicieron? Deberemos reflexionar acerca de lo transitado para preparar mejor las luchas futuras.
Diciembre del 2021 trajo con mucha fuerza un aire de lucha a través del Chubutazo, en donde el pueblo en toda la provincia tiró por la borda la ley provincial que implementaba la minería a cielo abierto. Esa auténtica pueblada quemó 17 edificios públicos en toda las ciudades y pueblos de Chubut, enfrentó la represión policial, cuestionó todas las instituciones. Y producto de la movilización permanente que incluyó apoyo de sectores obreros como pescadores, gremios estatales y movimientos piqueteros, logró también, liberar 52 presos de esas jornadas, además de que la empresa canadiense se retirara definitivamente de la provincia.
Este proceso interesante planteó que las acciones como el Argentinazo del 2001 y el 18 de diciembre del 2017, siguen vigentes como base para mejorar las luchas. Pero tuvo un freno y no del pueblo, sino de las conducciones, porque en lugar de unificar los reclamos en un pliego común, en avanzar en la coordinación provincial para tirar abajo al gobierno de Mariano Arcioni, las principales direcciones impulsaron la 3ª Iniciativa Popular, o sea juntar firmas para que la recientemente “destruida” Legislatura votara una ley anti minera. A su vez, los gremios cada uno luchó por su lado, ante la falta de aumentos y pagos en términos. Así, con sus acciones hicieron retroceder todo el proceso a la vía institucional dentro de las normas vigentes.
Un paso en la sumisión al imperialismo
El 9 de marzo los diputados votaron el acuerdo con el FMI, un acuerdo que llevó a que la pobreza creciera y con ello la desigualdad: se privilegió beneficiar a sectores como el campo, mineros o petroleros para la obtención de dólares para pagar la fraudulenta Deuda Externa.
Este acuerdo no solo trajo crisis política en el Gobierno, ya que el Frente de Todos (FDT) expuso sus conflictos, aunque sin que nadie sacara los pies del plato. También en la oposición, puesto que todos los partidos patronales tenían órdenes de la Casa Blanca yanqui de acompañar el acuerdo y el ajuste en curso. De esa manera unos se critican por “izquierda” o “derecha” para la tribuna.
Sin embargo, cómo enfrentar el acuerdo firmado también genero polémicas entre los sectores de la izquierda, combativos y demás luchadores. Eso se reflejó en las marchas multitudinarias previas convocadas por iniciativa del FIT-U que eran en sí, marchas testimoniales y no un plan de acción que generara las condiciones de hacer algo más, que pudiera confluir con los sectores obreros. Lo que primó fue que brillaran las figuras legislativas y eso fue una fuerte polémica dentro de ese intento de coordinación.
Lo que sucedió fue que ante el acuerdo y el rechazo de sectores afuera del Congreso se desató una fuerte represión y una escalada judicial que metió presos y persiguió a varios luchadores. Eso desencadenó un salto, no solamente con casos anteriores como los de Sebastián Romero, Facundo Molares, los anarquistas del escrache a Clarín, Jones Huala o piqueteros de Jujuy. Esta situación, ante el silencio de algunos organismos de Derechos Humanos y la poca voluntad de varios sectores, dio como origen a la necesidad de una coordinadora que aglutinara a todos los espacios dispersos que pedían la libertad de los presos. Y gracias a ello se hicieron muchas movilizaciones, actos, acampes con un concepto de la más amplia unidad pero jerarquizando que hay que defender a todo luchador o luchadora atacado por el Estado, independientemente de su accionar o postura política, incluida Milagro Sala. Casi la totalidad de los presos han salido en libertad dejando una gran enseñanza en cuanto a la importancia de la coordinadora.
Los conflictos salariales y el arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo o de Desarrollo Social
A fines del 2021 las negociaciones paritarias por iniciativa del Gobierno y las patronales cambiaron su estrategia para someter a los trabajadores y trabajadoras. Años atrás ante las incertidumbres de los porcentajes de inflación o del descuento del Impuesto a las Ganancias de los salarios, en diciembre implementaron la política de otorgar “sumas puente” por 3 o 4 meses que eran en su mayoría no remunerativas y así de esa manera, patear para después la paritaria anual en donde esa “suma puente” se tomaba como parámetro. Los dirigentes sindicales aprobaban esa modalidad, ya que al no ser remunerativa, perderían dinero en sus cajas sindicales sea por obra social, cuota sindical, mutual o uso de instalaciones de vacaciones pero firmaban en marzo el acuerdo paritario que incluía además un monto fijo y un aporte por trabajador, esté afiliado o no a cada gremio, para compensar los “gastos” ocasionados.
Es por ello que ahora su línea son las paritarias “bicicletas”, o sea fijar revisión de porcentajes de aumentos cada 3 o 4 meses. Se fijaron en grandes tramos dos períodos, uno en marzo – abril y otro septiembre – noviembre y allí en esos lapsos meses más, meses menos, todos los gremios fueron agendando momentos de reuniones en el Ministerio.
Esto llevó a que todos los conflictos tuvieran un modo similar:
- Un inicio en que la directiva del gremio solicita ante el Ministerio un porcentaje de actualización, se fijan las audiencias y las cámaras patronales aceptan o no las propuestas.
- Que ante la negativa, en su gran mayoría, se inician una serie de acciones entre ellas, reuniones de delegados, asambleas, algunos inician paros parciales otros movilizaciones y en determinados casos llegan a una huelga como el Sindicato del Neumático (SUTNA).
- Que todos los conflictos terminan dirimiéndose en las mesas paritarias y con acuerdos más o menos favorables, dependiendo del sector y todos respetando la Paz Social firmada y pautando nuevas fechas de revisión para rediscutir aumentos.
- Estos conflictos que en algunos casos pudieron tener la posibilidad de iniciar un cambio de la relación de fuerzas como con el SUTNA, no han podido mejorar el nivel salarial de los trabajadores y trabajadoras porque los porcentajes de cada revisión no son acumulativos en los parámetros de los meses que fijan (diciembre o marzo), en cambio la inflación sí, es acumulativa en cada artículo de la canasta familiar.
La gran mayoría de los salarios están bajo los índices de pobreza (monto actual) y hay muchos precarizados, sub contratados, monotributistas y desocupados.
Estuvo la posibilidad en cada conflicto que se dio, de que se cambiaran totalmente las “reglas” que impusieron el Gobierno y las patronales, ya que en lugar de revisiones de cada tres meses se debería haber firmado aumento general de salario básico, partiendo de la canasta familiar e indexado automáticamente cada 15 o 30 días. Se podría haber planteado la distribución de las horas de trabajo en las fábricas o yacimientos para que ingresaran millones de desocupados en la industria. Y que esos planteos se realizaran solamente con la unidad concreta de toda la clase, ocupados o desocupados con un pliego común. Claro que seguramente, para lograr eso no alcanzaría con marchas o paros sino con ocupación de fábricas, cortes de acceso a la producción, organización para la autodefensa y sobre todo que la crisis la paguen quienes la provocaron: los grandes empresarios y el Gobierno.
El movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados/as
Sin duda en todo el año han sido enormes las jornadas de los diferentes espacios de coordinación desde la Unidad Piquetera y otros, que en menor o mayor medida han puesto de relieve un problema crónico de la economía argentina.
Sin embargo más allá de las justas reivindicaciones del sector, ha sido fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social el principal foco de las protestas y no se ha logrado retomar de manera conjunta los orígenes de movimiento en los ’90, donde el factor central eran los cortes de rutas afectando la producción petrolera en Cutral Co o Mosconi.
Sin dudas el potencial que tiene el movimiento piquetero podría haber jugado un rol superador inclusive para enfrentar la contención social que se impregna desde la UTEP.
La borrachera electoral
Desde mayo de este año ya se comenzaron a autoproclamar las candidaturas para las elecciones del 2023. En lugar de lograr potenciar las luchas que se dieron, y eso que algunas fueron importantes, el objetivo central fue posicionar los mejores candidatos o en su defecto líneas para las elecciones. No es casual que gran parte de la izquierda cayera en esa mecánica, ya lo hacen desde el Frente de Todos o Juntos por el Cambio.
Esto no solo no ayudó al proceso sino que lo perjudicó y no es solo por los que ya presentan propuestas electorales antes de tiempo, también va a suceder con aquellos que rechazan la lucha electoral cuando llegue el momento de votar. Por eso quien en tiempos de lucha privilegian solo lo electoral cometen un error, como también cuando llega el tiempo electoral darle la espalda en ese momento.
¿Qué hacer en el 2023?
Tenemos que sacar conclusiones de lo sucedido en el 2022. Este año la necesidad de ir preparando las condiciones de una huelga general con piquetes, que afecte la producción, no solo fue olvidada por gran parte de la vanguardia, sino que fue rechazada y se le negó importancia a la misma. La pelea por trabajo genuino fue declarativa, mientras se sigue permitiendo la precarización y salarios bajos. Aun sin ser un año electoral esa dinámica se impuso, sin que haya habido resistencia siquiera de los sectores de izquierda, y eso es perjudicial para los trabajadores, porque mientras tanto, el ajuste pasa.
Es fundamental que comencemos a trabajar en las luchas que vendrán, luchas que inevitablemente tienen que ver con la necesidad de terminar con la dependencia del FMI. No podemos permitir que la “borrachera electoral” anule las luchas o las transforme en algo subsidiario. Pero sepamos que cada lucha hay que planearla hasta el último detalle, que habrá ataques de las patronales, fuerzas represivas o judiciales. Si no nos preparamos en la auto organización, superando los límites del sindicalismo que nos llevó hasta acá, difícil va ser revertir esta situación. Y para eso hay que romper las reglas del juego que nos imponen las estructuras sindicales actuales, que llevan cualquier pelea al respeto a las instituciones, cuando esas instituciones están al servicio de las patronales y sus Gobiernos y no de los trabajadores. Más que nunca, es vital elaborar un pliego común entre ocupados y desocupados para terminar con el ajuste de Massa, Tolosa Paz, Olmos y Fernández.
A su vez, si no se avanza en la coordinación de las luchas para terminar con las direcciones de los sindicatos y centrales obreras que han sido cómplices de cada ajuste, se va a dificultar el logro de cualquier objetivo. Por eso la necesidad de comités de lucha, de autodefensa o de fábricas, no es ni abstracto ni prematuro sino una prioridad, para que sean los trabajadores y trabajadoras quienes decidan democráticamente cada paso a seguir. Que haya asambleas conjuntas de afiliados y no afiliados, sin diferenciar gremio en los lugares de trabajo para que dejen de dividirnos.
Al mismo tiempo, es preciso que seamos conscientes de que no obtendremos soluciones definitivas si no tenemos como horizonte una revolución social, que imponga un gobierno propio, de trabajadores/as: lo que va a seguir será la carestía de vida, la desocupación y más miseria.