El viernes 25 de septiembre se desarrolló una gran movilización en la capital de San Juan. Fue para reclamar al gobernador José Luis Gioja que se prohíba la minería a cielo abierto en la provincia, culpable de un gravísimo accidente, con un millón de litros de solución cianurada provenientes de la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold, derramados en el río Jachal, en las proximidades de la ciudad del mismo nombre.
Según distintas informaciones periodísticas, el derrame se produjo por haber quedado abierta una válvula de seguridad entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre. Esto se atribuye a fallas humanas en la vigilancia y control. Y no se descarta un sabotaje.
El mismo viernes 25 de septiembre se anuncio que la justicia federal iniciaba juicio a 9 ejecutivos de la Barrick y a Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación, un hombre de confianza del ministro de planificación, Julio de Vido, por falta de control y supervisión. Simultáneamente se anunció que el juez interviniente en la causa, que había suspendido las operaciones de la mina Veladero por un mes, autorizaba a retomar la producción, argumentando que peritos del juzgado habían determinado que no se detectaba contaminación en el río. Esto a pesar de que técnicos enviados de urgencia por Naciones Unidas al sitio dijeron que la contaminación puede aparecer más tarde.
Mientras tanto el martes 22 de septiembre el secretario de Minería, Mayoral, anunció el llamado a empresas mineras de 18 países a invertir para el desarrollo de exploraciones y explotaciones en la Argentina. Y el jueves 24 de septiembre Daniel Scioli se hizo presente en San Juan para dar apoyo a todo lo actuado por Gioja y llamó a “seguir adelante” en el desarrollo de la minería. Lo que muestra hasta qué punto el kirchnerismo está comprometido con las grandes multinacionales mineras.
Un juez que determina la suspensión de las actividades pero no afecta en lo más mínimo las cuentas bancarias de la empresa minera canadiense ni sus capitales dispersos en el país.
No es ninguna novedad. Cristina Kirchner llegó a vetar en 2008 una ley de Protección de Glaciares, votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, incluyendo la totalidad de los legisladores kirchneristas, porque afectaba intereses de la minera Barrick Gold. El motivo del veto fue que esa ley impedía la concreción del proyecto de explotación de la mina binacional –en la cordillera chilena y argentina- de Pascua Lama, porque para llevarlo a cabo la empresa debía destruir varios glaciares. Igual actitud entreguista ante la Barrick y el proyecto de Pascua Lama tuvo y tiene la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Es un dato fundamental que ambas presidentas han mantenido estrechas relaciones con el principal propietario de la Barrick Gold, el banquero estadounidense David Rockefeller. La compañía minera es conocida aportante de fondos a las campañas políticas de ambas mandatarias.
Esta política entreguista de ambas presidentas –que en nuestro país es la continuidad de la política privatizadora de Carlos Menem en los años noventa- facilita el saqueo de las riquezas naturales de ambos países por multinacionales como la Barrick Gold y muchas otras empresas (ver recuadro “Actividades mineras en la Argentina”). Y al mismo tiempo garantiza la impunidad de sus responsables para destruir el medio ambiente. Está claro que con Scioli –o con Macri o Massa que han guardado un silencio cómplice frente al derrame de cianuro- continuará la misma política de entrega a los banqueros y las multinacionales.
Para enfrentar esa política entreguista necesitamos extender la movilización como la que se realizó en la ciudad de San Juan a todo el país y fundamentalmente a los propios trabajadores mineros ya que ellos no solo pueden paralizar las actividades sino que además son los más perjudicados con la contaminación. Exigiendo el retiro de las multinacionales mineras y que los recursos naturales pasen a manos del Estado bajo control de los trabajadores, ya que entrañan un gravísimo riesgo para el medio ambiente porque la avaricia capitalista de las multinacionales hace que se invierta poco para saquear más rápido el recurso sin importar las consecuencias a los pobladores ni el futuro laboral de sus trabajadores. Que se impongan sanciones severísimas a la empresa y a los funcionarios del estado responsables por el derrame de Veladero. Y que el Congreso apruebe un régimen de defensa ambiental que incluya todas las medidas de protección de glaciares incluidas en la ley vetada por Cristina Kirchner en 2008.
Esto debe ir unido a la lucha por la derogación de las leyes privatizadoras que entregaron las riquezas del país a las multinacionales mineras y por una política de renacionalización de la explotación del subsuelo bajo control de los trabajadores. Y también de estatización del comercio exterior para que las riquezas del país sirvan a las necesidades de los trabajadores y el pueblo argentino.
Asimismo, saludamos la movilizaciones de las poblaciones afectadas por la barbarie capitalista de las multinacionales. Hacemos un llamado a los trabajadores mineros a unir las luchas para echar a las mineras canadienses, que se establezca la minería estatal para que la vida valga más que el saqueo, que se invierta en mejores condiciones ambientales y laborales. Los proyectos mineros no pueden ser como lo son actualmente, con veinte años de devastación y muerte a trabajadores y pobladores. Hoy el gobierno y el sindicato minero (AOMA) son cómplices de las multinacionales. Es hora de los trabajadores y el pueblo.
Además, llamamos a la conformación de comisiones independientes entre trabajadores mineros, representantes ambientales y vecinales con mandato revocable votados en asambleas en cada pueblo minero para supervisar y denunciar todas las condiciones laborales y ambientales dentro y fuera de cada mina, ya sea a cielo abierto o subterránea.