El 12 de octubre pasado acompañamos la marcha convocada por las asambleas ambientales de Mendoza en rechazo de la modificación de la Ley 7722 que protege el suelo provincial del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera.
Recordamos que en 2019, apenas asumió la gobernación Rodolfo Suárez ( Cambia Mendoza), modificó esta Ley con apoyo del Frente de Todos, de espaldas a la voluntad popular que conquistó la norma.
Después de fuertes movilizaciones y protestas masivas a las cuales el Gobierno respondió con represión, dejando mal parado a todo el arco político (Cambia Mendoza y Frente de Todos), tuvo que vetar la ley modificatoria.
Luego de fracasar con la ofensiva represora a la masiva resistencia popular, ahora intentan avanzar con sus planes a través de la incorporación de la temática ambiental en la currícula escolar y de la tercerización de la represión a las manifestaciones mediante la intervención de la patota de la burocracia de la UOCRA.
Esta vez el intento de modificación está siendo promovido por sectores empresariales que tienen como principales representantes políticos a Juan Manuel Ojeda, Intendente de Malargüe, y a Gustavo Cairo diputado provincial del PRO. Pero no son los únicos, también los medios de comunicación, comprados por la pauta oficial, apuntan en el mismo sentido constantemente, tratando de convencer a la opinión pública de que la única alternativa que tenemos los mendocinos para potenciar la economía es la actividad de las empresas megamineras en nuestra tierra.
Esta ofensiva se da en el marco de un acuerdo político nacional entre el oficialismo y la oposición para cumplir con los planes de saqueo impuestos por el FMI. Y siempre tratando de garantizar ganancias exorbitantes a las empresas multinacionales a costa de la contaminación sobre los acuíferos y la destrucción de los yacimientos. Porque sobre esta cuestión hay que ser claros: no es cierto que no puedan realizar actividad minera, el punto es que no pueden contaminar libremente (como ya lo hicieron en Veladero, San Juan, donde se vertieron sobre cinco ríos, 1.072.000 litros de cianuro y mercurio, entre otros metales pesados ) 1).
Los nuevos proyectos presentados para habilitar este tipo de actividades pretenden por un lado, permitir la actividad minera en el 30% del territorio malargüino y por el otro, habilitar el uso de ácido sulfúrico para favorecer la explotación de cobre en todo el territorio provincial.
Desde el PSTU decimos no al intento de pasar por encima de la Ley 7722 que, aunque limitada, es una conquista del pueblo a través de la lucha. Para enfrentar los ataques tanto de las fuerzas represivas del Estado, como también las que utiliza el Gobierno a través de sus aliados en las burocracias sindicales, necesitamos organizar comités de autodefensa obrera y popular.
*No a la megaminería contaminante.
*Expropiación de las empresas mineras con un plan de estatización e industrialización bajo
control de los trabajadores que atienda las necesidades reales de la población.
*Ni un peso para el pago de la Deuda Externa.
*El agua de Mendoza no se negocia, es un recurso vital para el pueblo
1https://www.carbono.news/politica/a-cinco-anos-del-derrame-de-la-mina-veladero-los-vecinos-de-jac
hal-siguen-esperando-justicia/#:~:text=Entre%20los%20d%C3%ADas%2012%20y,mercurio%2C%20
entre%20otros%20metales%20pesados.