Las causas por corrupción, impulsadas por distintos jueces, contra Cristina, Boudou, De Vido y una gran cantidad de funcionarios, empresarios y hasta jueces kirchneristas o ligados al anterior gobierno, ocupan un gran espacio en los medios. Especialmente después de la aparición de los “cuadernos de Centeno” que inculparon también a una buena cantidad de grandes empresarios como Rocca (Techint) o Calcaterra, primo del presidente. Pero el accionar de los jueces también alcanzó notoriedad con su actuación a favor de la impunidad de genocidas como en el fallo del 2×1 de la Corte Suprema o la prisión domiciliaria para Etchecolatz. Y existe por último otro aspecto en el que la “justicia” viene jugando un rol fundamental: la persecución y castigo a los luchadores sociales, obreros y populares como nuestros compañeros Daniel Ruiz y Sebastián Romero. ¿Hay posibilidad de que exista en esta Argentina capitalista una Justicia “independiente” de los gobiernos y empresarios?
Una institución al servicio de los ricos y poderosos
Cuando analizamos la Justicia como institución, con sus leyes, códigos, tribunales, cárceles, jueces, fiscales y demás funcionarios, lo primero que tenemos que considerar es que es parte fundamental de una enorme maquinaria al servicio de la explotación de los trabajadores. El Poder Judicial es parte del Estado capitalista que junto con el gobierno, el Congreso y las fuerzas represivas se ocupa de garantizar la propiedad de los capitalistas nacionales e imperialistas de las fábricas, comercios, tierras, bancos y medios de comunicación y sus ganancias. Este hecho es ocultado permanentemente por los medios de comunicación y los políticos patronales bajo la hipócrita máscara de la supuesta “independencia” de la Justicia. Ellos llaman al pueblo a confiar y someterse a esos jueces y fiscales cuyas decisiones serían imparciales y al servicio del “bien común” de la sociedad. Nada más falso. Basta que los obreros o sectores populares salgan a reclamar por sus derechos para que esta mentira se ponga en evidencia. Y las pocas veces en que se logra algo de justicia para los trabajadores, o alguna condena contra algún genocida o represor es fruto de la movilización.
Cuando la multinacional Pepsico vació su empresa y dejó en la calle a centenares de obreras y obreros, incumpliendo incluso procedimientos legales, la justicia no tomó ninguna medida contra la patronal. Pero bastó que los obreros decidieran ocupar la planta, en defensa de sus puestos de trabajo y el pan de sus familias, para que la jueza ordenara en pocos días desalojarlos violentamente con la Policía y la Gendarmería. Lo mismo ocurre con los reclamos por su tierra de los pueblos originarios, cuyos derechos supuestamente reconoce la Constitución. Los gobiernos y la justicia llevan décadas ninguneándolos. Pero no dudan en perseguirlos y encarcelarlos, cuando ocupan un pedazo de tierra, armando acusaciones indemostrables como ocurrió con Facundo Jones Huala. U ordenan la represión a pedido de Benetton, Chevron y otras multinacionales, mientras garantizan la impunidad de las fuerzas represivas encubriendo torturas y asesinatos.
En las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre contra la Reforma Previsional, un auténtico y descarado robo a millones de jubilados, la justicia avaló la brutal represión contra los que fuimos a manifestarnos. Ni Bullrich, ni Larreta, responsables políticos de los criminales operativos, ni los Jefes de la Policía, Gendarmería y Prefectura tienen ninguna causa judicial abierta por esto. Pero sí fueron encausados decenas de manifestantes que se defendían de esa represión. Como nuestros compañero Sebastián Romero, a quien se le negó la eximición de prisión y es perseguido por utilizar un fuego artificial de venta libre, y Daniel Ruiz recientemente detenido por la misma razón. También sigue detenida desde 2016 Milagro Sala, por encabezar una protesta en Jujuy.
Y así podríamos seguir citando miles de casos desde Alfonsín hasta Macri, incluyendo por supuesto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y gobiernos provinciales. Podríamos decir que casi no hay lucha obrera, democrática o popular en estos años de gobiernos “democráticos” donde no haya habido luchadores presos o procesados por esta justicia patronal.
Por una justicia obrera y popular
Aunque hoy hay algunos capitalistas y funcionarios del anterior gobierno presos por corrupción, producto de ajustes de cuentas entre camarillas patronales, no podemos tener ninguna confianza en que jueces como Bonadío puedan ser garantía de justicia. De hecho muchos empresarios entran por una puerta y salen por la otra por colaborar como “arrepentidos”. Ni hablar del propio Macri, Arribas, “Toto” Caputo, Dujovne y tantos otros funcionarios del actual Gobierno o capitalistas amigos de este, sobre los que hay pilas de pruebas para procesarlos y condenarlos por turbios negociados, o la gobernadora Vidal por el caso de los aportantes truchos a la campaña.
“Entre bueyes no hay cornada” dice el dicho popular. Los jueces y funcionarios judiciales, lejos de ser “independientes” son nombrados por políticos patronales y apoyados por empresarios y la Iglesia. Ellos mismos provienen de familias burguesas o de clase media acomodada y disfrutan de poder, altos sueldos, privilegios de todo tipo, cargos casi vitalicios e impunidad. Cuando no amplían sus ingresos con sobornos, negocios con el narcotráfico, la trata de personas o cualquier otro delito.
Para que haya justicia de verdad el pueblo trabajador debe poder elegir a los jueces y funcionarios judiciales que tienen que ganar lo mismo que un trabajador y ser revocables en cualquier momento. Hay que echar a todos los jueces y funcionarios que fueron cómplices o colaboradores de la dictadura y deben ser juzgados y condenados. En vez de esta justicia cara, elitista y burocrática, hecha a medida de los ricos, deben ser tribunales obreros y populares los que deben juzgar e impartir justicia.
Y para acabar de una vez con la impunidad de los genocidas se debe aplicar el criterio de inversión de la prueba, utilizado en los juicios de Nüremberg. Es todo el régimen terrorista de Estado el que debe ser juzgado y condenado como tal, y todos sus integrantes y cómplices deben demostrar su inocencia. Y hasta tanto lo hagan se los debe considerar culpables y las condenas deben ser en cárcel común y efectiva.
Para hacer realidad todas estas propuestas es necesario seguir la lucha hasta echar a Macri e imponer un Gobierno de los Trabajadores, el único que puede garantizar verdadera justicia para el pueblo.