Como con el cupo trans
Este 28 de septiembre es el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En un contexto de crisis económica y pandemia, las violencias hacia las mujeres y diversidades han recrudecido y se han profundizado, por lo que la lucha por este derecho fundamental continúa más que vigente.
El derecho a elegir el momento de la maternidad es una prioridad. Estudios recientes del Instituto Guttmacher (instituto estadounidense sobre la salud reproductiva), arrojaron que en 2020, en el marco de la pandemia del Covid -19 habría un aumento de 49 millones en el número de mujeres con una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna y 15 millones adicionales de embarazos no deseados por año. [1] Esto tomando en cuenta datos de salud reproductiva de 2019 en los países de África, Asia, Europa del Este y Sur, y América Latina y el Caribe, estados donde el acceso a educación sexual, anticonceptivos e interrupción del embarazo son más restrictos.
En nuestro país se calcula que abortan clandestinamente entre 460.000 y 500.000 mujeres al año. Socorristas en Red registra haber recibido 5844 consultas de personas gestantes sólo de marzo a junio.
A principios de agosto el observatorio Human Rights Watch exortó al Ejecutivo a avanzar en la legalización, indicando que solo en 2016, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos, de las que el 16 % tenían entre 10 y 19 años. [1]Es un tema de salud pública urgente.
Además, quienes hayan pasado por una situación de embarazo no deseado saben del temor fundado a maltratos y vejámenes, ya que el aborto no solo no es legal sino que está penado con hasta 15 años de cárcel.
Sobre voluntades políticas
El 10 de diciembre pasado Alberto Fernández asumió la Presidencia. Una multitud oyó su discurso donde prometió legalizar el aborto. El 1° de marzo en la apertura de sesiones del Congreso el compromiso también estuvo presente: “En los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo”.
Pasados seis meses de este anuncio, no se ha avanzado en la legalización. Para el Ejecutivo, el motivo de la no presentación este año es la pandemia. Señaló en junio que ahora “tiene otras urgencias, que van desde la pandemia a la deuda externa”. Lamentablemente, la Campaña por el Derecho al Aborto y Ni Una Menos apoyaron esta decisión, desoyendo a les cientos de miles que estuvimos frente al Congreso en 2018.
En momentos donde las unidades de terapia intensiva se encuentran al borde del colapso, el abordaje debería ser completamente al revés. Las complicaciones de un aborto en condiciones sanitarias seguras son incluso menores que las de un embarazo. Tener la garantía de este acceso implicaría una disminución de camas ocupadas por riesgo de vida o complicaciones pos abortos inseguros y que se despejen UTI que podrían ponerse a disposición de pacientes de Covid.
Incluso el misoprostol, la droga utilizada para el aborto farmacológico aprobada por la OMS se fabrica a nivel estatal en la provincia de Santa Fe, donde se distribuye de manera gratuita en los hospitales de la zona. ¿Acaso este medicamento no se puede utilizar en todos los centros de salud del país?
No esperemos más, DNU para el aborto legal
Desde el PSTU y Lucha Mujer consideramos que tener derecho a decidir engendrar o no, es una deuda con las mujeres y personas gestantes. No nos pueden obligar a ser madres y padres y además tampoco garantizar que lo podremos hacer de manera adecuada.
Creemos que el acceso irrestricto a una educación sexual, anticonceptivos y aborto legal, seguro y gratuito bajo condiciones dignas para todas las mujeres y personas gestantes debe darse con un programa de salud integral, a través de la movilización y un gobierno de trabajadores que proponga cambios realmente de raíz. A continuación presentamos una propuesta que ponemos en debate.
Mientras nos dirigimos por ese camino, es urgente arrancar este derecho, fundamentalmente para las mujeres pobres y trabajadoras, las que más sufren la clandestinidad. Una cuestión hoy ignorada por la CGT y las CTAs y abandonada por la Corriente Federal, el colectivo NiUnaMenos y la mayoría de las direcciones del movimiento de mujeres.
Por eso exigimos que Alberto Fernández legalice el aborto por decreto de necesidad y urgencia, como lo hizo con el cupo trans, tal que: garantice su gratuidad, se realice en el sistema de salud pública y en las obras sociales, a solo pedido de la mujer, niña o persona gestante y deje fuera la objeción de conciencia, comités de bioética y todo programa de consenso con las iglesias y demás sectores conservadores, que intente trabar o impedir el ejercicio del derecho.
Lamentablemente las centrales de trabajadores y sindicatos, las federaciones y centros de estudiantes afines al gobierno o a los radicales y las organizaciones de mujeres de mayor peso, que desde la “marea verde” han declarado esta pelea como propia, en vez de organizar la lucha para que se apruebe, al menos el proyecto que defienden, el de la Campaña, concentraron todo el año en el Pacto Social, que significa más penurias para el pueblo trabajador.
No podemos seguir esperando que actúen por su voluntad. Debemos organizarnos desde las fábricas, lugares de trabajo, escuelas y barrios, aun con las dificultades que nos impone la pandemia. Formemos comités o comisiones para empezar a hacernos cargo de la pelea y obligar a que rompan su vergonzosa pasividad.
[1] En: https://www.hrw.org/es/report/2020/08/31/es-hora-de-saldar-una-deuda/el-costo-humano-de-las-barreras-al-aborto-legal-en
[1] En: https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health