El bloque peronista “kirchnerista” del Senado Nacional presentó un proyecto de Ley para aplicar un nuevo impuesto a argentinos evasores en el exterior, fondos que se destinarían para pagar el crédito de U$S 45.000 millones al FMI. Insólitamente, el propio texto alude a la colaboración de este organismo para detectar a estos evasores y lavados de dinero. La Vicepresidenta, en reunión mantenida con el embajador de EE.UU., Marc Stanley, también solicitó colaboración yanqui para investigar.
Este anuncio hizo mucho ruido por supuesto en la oposición patronal que se niega a cualquier atisbo que pueda interpretarse poco beneficioso para algún sector de poder, pero también en los sectores más críticos del acuerdo, adherentes al Gobierno, que venían planteando “Que la paguen los que la fugaron”. Sin duda este proyecto se inspira en esa premisa de sectores que quedaron molestos con cómo se aprobó el acuerdo.
Sin embargo, yendo a lo fino de la propuesta, no hace más que convalidar la necesidad de acordar con el FMI y el sometimiento económico y político que implica, además de ser limitado y de dudosa ejecución
Los alcanzados por el impuesto deberían pagar un 20% de esos bienes en los primeros seis meses de la Ley y un 35% posteriormente. Es decir que los evasores aún así se quedarían con la mayoría de lo que se fugaron. Según el propio FMI y declaraciones de senadores los bienes a investigar alcanzarían cerca de los U$S 400.000 millones y permitirían recaudar hasta unos U$S 70.000 millones.
En la Argentina capitalista un proyecto de difícil aplicación
Algo que suena progresista pero que tiene varios problemas. 1. Habría que detectar a los evasores millonarios, incluso empresas nacionales que fugan millones en recursos de sus ganancias a paraísos fiscales y compra de activos en EE.UU., Europa y hasta Medio Oriente. 2. Si fugaron divisas en raya con lo delincuencial según normas argentinas, deberían ser procesados y hasta encarcelados por corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal 3. El proyecto si no se complementa con una nacionalización del sistema bancario argentino y control de los flujos de fondos es muy difícil aplicarlo con nuestras leyes y justicia burguesas.
¿Al servicio de qué?
El proyecto no es para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como crear empleo con salarios dignos, educación, salud, planes de viviendas, etc. Habla solo de recursos para pagar la deuda con el FMI, pero la Argentina registra una Deuda Pública que llegaría a los U$S 500.000 millones, si se incluyen las Leliqs del Banco Central. Deducimos que el proyecto no es más que una jugada política dentro del partido gobernante y su crisis interna. La única forma de ejecutar estas evasiones y robos es con un pueblo y sus trabajadores movilizados, una economía planificada y el control del sistema financiero y bancos por parte de sus propios trabajadores. Entre bueyes burgueses no hay cornadas.