Sólo las organizaciones obreras y populares podemos alcanzar la verdad sobre la corrupción en “sueños compartidos”
Ante la orden de detención librada por el juez federal Marcelo Martínez di Giorgi contra la titular de Madres de Plaza de Mayo desde el PSTU declaramos nuestro repudio a que sea esta justicia patronal quien juzgue a Hebe de Bonafini.
Si bien el juez ha dejado sin efecto dicha orden, y por su parte la misma Bonafini se presentará a declarar en forma voluntaria, eso no borra el hecho político sucedido.
Esta justicia está compuesta por jueces corruptos al servicio de los ricos, que le dieron prisión domiciliaria a decenas de militares genocidas y protegen a sus socios civiles empresariales, como los Blaquier o la propia familia Macri.
A su vez, este intento de detención se da en un contexto donde el propio presidente Macri viene de “festejar” junto a la cúpula militar en la reciente “Cena de Camadería” diciendo que “los argentinos necesitamos una participación activa de las fuerzas”, y vuelven aparecer en los desfiles oficiales genocidas y carapintadas como Aldo Rico o quienes participaron en el operativo Independencia, en un clara intención de fortalecer el aparato represivo del Estado ante el crecimiento de los conflictos sociales que enfrentan el plan de ajuste en curso.
No le reconocemos ninguna autoridad a esta “justicia” que lejos de ser imparcial sólo defiende los intereses de los patrones mientras criminaliza la protesta social, sostiene la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras, ampara a los responsables políticos y empresariales de la masacre de Once y Crogmañon, mantiene más de 5000 luchadores obreros y populares procesados, e intenta cercenar el derecho a huelga persiguiendo al “Pollo” Sobrero y a los trabajadores de la Unión Ferroviaria Oeste o a los petroleros de Chubut por realizar un medidas de fuerza en defensa de sus reivindicaciones.
Asimismo, alertamos que el gobierno de Macri intenta utilizar el desprestigio y la confusión ocasionada por los casos de corrupción en las organizaciones sociales para profundizar su ofensiva represiva sobre los verdaderos luchadores sociales, políticos y de DDHH que enfrentan los ataques patronales.
Por una Comisión Investigadora Independiente
Más allá de esta postura, tampoco nos confundimos ni caemos en la trampa que intenta tapar los casos de corrupción escandalosos acontecidos durante el gobierno kirchnerista agitando la campaña de la persecución política. Esto resulta inaceptable.
No estamos hablando de luchadores perseguidos por defender una causa justa, como los casos descriptos anteriormente, sino de quienes han sido cómplices de los que han usufructuado su lugar en el Estado para enriquecerse, y que más allá de los discursos y de su origen, han apoyado en su momento que se utilice todo el aparato represivo del propio Estado para atacar y perseguir a los trabajadores y sectores populares defendiendo los intereses patronales, apelando incluso a estos mismos jueces para hacerlo.
Por ello, con la autoridad que nos brinda haber enfrentado siempre a la dictadura y haber compartido junto a Hebe innumerables luchas por el encarcelamiento de los genocidas (mientras muchos de los que luego se llenaban la boca hablando de los DDHH apoyaban al PJ y la UCR que pactaron la obediencia debida, el punto final y los indultos) desde el PSTU hace tiempo venimos denunciando que lamentablemente Hebe de Bonafini ha abandonado la causa de la defensa de los Derechos Humanos, de la cual fue una referente indiscutible en su momento.
Hebe ha bajado las banderas de lucha contra la impunidad y en defensa de las libertades democráticas cuando levantó la marcha de la resistencia diciendo que el enemigo no estaba más en el gobierno mientras Julio López estaba desaparecido. Se ha callado cuando el kirchnerismo aprobó la Ley Antiterrorista y el Proyecto X. No estuvo para defender a los presos de Las Heras ni a los miles de perseguidos durante el gobierno anterior, ni denunció ningún hecho de represión durante los últimos 12 años, llegando a defender al genocida de Milani como jefe del ejército en consonancia con la política de Cristina para reconciliar a las fuerzas armadas con la población, sólo para citar algunos ejemplos.
Y para colmo, con todas estas denuncias de corrupción no ha hecho otra cosa que ensuciar los pañuelos blancos y a todos aquellos que no nos pasamos de bando y seguimos peleando en forma consecuente.
Por eso, si bien no aceptamos que esta justicia y ni este gobierno juzgue a Hebe, sí creemos que las organizaciones obreras y populares son quienes deben hacerlo.
Para ello, más allá de que ahora Bonafini acepte presentarse en forma voluntaria ante el juez, para poder saber la verdad sobre lo acontecido en “Sueños compartidos” proponemos que se conforme una comisión investigadora independiente compuesta por organizaciones obreras, sociales y de DDH que se hayan mantenido en la lucha en forma independente del Estado en los últimos años, como por ejemplo las cientos de organizaciones que componen el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.