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TERMINAR CON LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una escalada represiva en contra de los trabajadores, trabajadoras y sectores populares que salieron a luchar. Decimos escalada porque la persecución a los luchadores siempre existió en nuestro país, y con este nuevo Gobierno nada sustancial ha cambiado, se sigue utilizando el código penal para defender a los ricos.

Mientras sigue detenido en prisión domiciliaria nuestro compañero Sebastián Romero, el Juzgado Nro. 12 a cargo de Sebastián Casanello  ya se desligo y envió al Tribunal Oral N° 3 la elevación a juicio sin profundizar si se quitan imputaciones que han caducado por vencer el plazo legal procesal.

Esta larga incertidumbre y espera no se debe a que están leyendo la causa o mirando los videos nuevamente, o si evalúan aceptar de querellantes al gobierno de CABA y policías. La raíz de todo obedece a que fue una causa armada desde el poder político de turno, y en esas esferas se cocinan las decisiones, por eso mientras ponen un ojo y oído a la roscas del poder, por otro lado siguen con atención lo que pasa en el juicio oral que se desarrolla en simultáneo por las mismas causas e imputaciones en el Tribunal Oral Nro. 3.

Más que juicio farsa, se torna un juicio circo

La jornada del lunes 21/09 se presentó a declarar el titular de la Defensoría del Pueblo de CABA, Alejandro Amor, manteniendo su declaración voluntaria, y agregando algunas cosas que son realmente sorprendentes.

En primer lugar sostuvo que había 200 personas vestidas de negro, encapuchadas que dieron inicio a los incidentes, que la policía fue en primer lugar pasiva ante esos ataques y que después reprimió a mansalva sin discriminación.

Atribuye así a una supuesta teoría de los dos demonios que lo único que hace es justificar el proceder policial, aclarando que en su declaración ante el juez Torres solo hizo hincapié en este grupo y la actitud de los manifestantes. Ese es el tono, nunca este funcionario cuestionó al gobierno de Macri ni a Patricia Bullrich en ese momento, aunque en el juicio lo hizo de manera sutil.

A lo que llamamos cambios de vientos políticos, lo llamativo es que para Amor solo fueron 70 mil personas a esa marcha, pero desplegó todos sus ñoquis de la defensoría: más de 200 funcionarios, dos drones (que eran manejados desde el propio edificio del congreso), fotógrafos, y dijo que recibieron una cantidad de material en “forma anónima”. Recordemos que otro miembro de la defensoría que está a cargo del área prensa declaró en una audiencia que sacó material de internet.

Para el Defensor del Pueblo, hay que reprimir de otra manera

Planteó que estas Fuerzas Armadas no están preparadas para movilizaciones, por lo que deberían tener un protocolo para dispersión de manifestantes y su detención. Sin tapujos dijo que los carros hidrantes serian mejores para ello.

Aunque no vio, ni filmó a personas tirando pirotecnia, a tono con su primera declaración dijo que una vez recibió un mortero en la espalda que lo dejó hospitalizado y que él siente temor al escucharlos. Por otro lado defendió la labor de la Defensoría diciendo que trabaja bajo normas IRAM y que envía todo a la ONU. ¡Qué casualidad que Michelle Bachellet de Chile tampoco  ve la represión salvaje a los manifestantes, ni los 2500 presos políticos con causas armadas allí!

Esto no puede quedar impune

La declaración de Amor solo es otra muestra más de todo este circo orquestado por el poder político. Este personaje fue votado por unanimidad en la legislatura de CABA. En próximas luchas callejeras va a repetir su accionar, es por ello que desde las bancas obreras y populares, desde el FIT y  AyL no deben votar a favor de la designación de los titulares de la Defensoría del Pueblo, denunciando su verdadero rol, que es un apéndice del Estado que aparece en forma “democrática y defensora de derechos humanos” para ser el aval de la represión estatal.

La próxima semana declaran policías y allí se verá como esta causa fue armada. Que no queda otro camino que solicitar la nulidad y la libertad inmediata de Sebastián Romero y la absolución de todos los imputados de las jornadas de Diciembre.