En la República Argentina existe un déficit habitacional que se extiende a lo largo y ancho del país. Según datos del Relevamientos Nacional de Barrios Populares realizado en 2018 en el país existen alrededor de 4 mil villas o asentamientos precarios en los cuales viven cerca de 3 millones de personas.
A esta grave situación que afecta a trabajadores ocupados y desocupados se le suma la situación de millones de personas que al no tener acceso a una propiedad tienen que optar por alquilar su vivienda. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay un millón de personas en esta condición, las cuales utilizan el 45% de sus ingresos en pagar el alquiler (Datos del IVC e Inquilinos Agrupados).
La pandemia profundiza el déficit
La pandemia del COVID-19 ha agravado esta situación de manera exponencial. La liquidación del ingreso mensual de millones de trabajadores informales sin una renta básica para suplir esa falta, sumado al recorte salarial del 25% en miles de trabajadores bajo convenio, acordado por la cúpula sindical de la CGT junto a los empresarios, y como agravante, la pérdida masiva de puestos de trabajo (unos 364 mil en lo que va de la pandemia), han profundizado el déficit habitacional.
Un 40% de los que alquilan, según Inquilinos Agrupados, enfrentó problemas para pagar durante la pandemia. Con la falta de ingresos y la incapacidad de poder sostener alquileres o habitaciones en hoteles, muchas familias se vieron condenadas a tener que dejar sus viviendas. Así es que el panorama urbano empezó a mostrar grupos familiares enteros durmiendo en la calle y/o paradores estatales en pleno invierno.
Donde hay una necesidad, nace un derecho… y una lucha
El pueblo argentino tiene una tradición de lucha que se inició a principios de Siglo XX (vale recordar por ejemplo la huelga de inquilinos en 1907 apoyada por la central obrera FORA) y que con avances y retrocesos continúa al día de hoy. El alzamiento popular del 2001 sigue presente en las conciencias de los trabajadores, y es de esta manera que miles de personas en lugar de ver como sus hijos tenían que jugar y dormir debajo de un puente decidieron organizarse y salir a tomar terrenos para construir una vivienda.
De San Justo a Guernica. Del Conurbano a la Costa Atlántica e incluso en provincias del interior del país se generalizaron las ocupaciones de terrenos. Rápidamente las señales del Gobierno fueron muy claras, criminalizando a los ocupantes, amenazando con desalojos y defendiendo con todos los medios posibles el único valor que reconocen como buenos capitalistas: el de la propiedad privada.
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue quien más se manifestó en ese sentido, incluso con “spots” promoviendo la tolerancia cero contra los ocupantes. E incluso se sumaron el Gobernador Axel Kicillof y la Intendenta de Presidente Perón, aunque con un tono más “amigable”, diciendo que tomar tierras es un delito.
Ante esto hubo un sector del propio Frente de Todos que pegó el grito. Por ejemplo Juan Grabois, dirigente de UTEP, quien declaró: “El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho,… no un delito” (aludiendo a una conocida frase de Evita sobre los derechos del pueblo).
¿Quiénes son los “delincuentes”?
Nuestro partido en este sentido es claro: “delito” es condenar a millones de personas a vivir sin gas, sin luz, en casas precarias, trabajando para pagar un alquiler, sin cloacas. Delito es lo que cometen día a día ellos, los gobernantes, que no son capaces de construir una sola vivienda para una familia obrera pero que entregan terrenos fiscales a grandes constructoras para que hagan negocios inmobiliarios y se llenen de dinero.
Apoyamos las ocupaciones de tierra porque le dan una salida de manera transitoria a miles de personas que toman el problema en sus manos y repudiamos a cualquiera que las quiera desprestigiar y desalojar.
Como antes señalamos, un sector que es integrante del Frente de Todos se ha despegado de esa posición y ha llamado a apoyar las tomas. En este sector se destacan el ya nombrado líder de la UTEP, Juan Grabois, y el Diputado Nacional Federico Fagioli, del Movimiento La Dignidad. Ambos son dirigentes de enormes movimientos sociales, con capacidad de organización y movilización.
Es necesario que utilicen ese capital político para defender las tomas, enfrentar los desalojos y desarrollar un plan de lucha para que no haya un solo ser humano condenado a vivir en una casilla precaria. Nosotros sin dudas, seríamos parte de ese apoyo activo que debería ser lo más amplio posible entre todos los que defendemos las tomas.
Un programa para el problema de la vivienda
Existen casi dos millones de viviendas en el país que no están habitadas y que son utilizadas con fines especulativos. Eso se tiene que terminar, por eso estamos por la expropiación de toda vivienda ociosa para solucionar una parte del déficit habitacional.
Asimismo, creemos que es necesaria una real intervención del Estado para garantizar un techo digno para la familia obrera. Nosotros decimos que los trabajadores y el pueblo tienen derecho a tener una vivienda en condiciones, de material, con fácil acceso a los lugares de trabajo, iluminación en la calle, cloacas, gas, agua corriente, internet, lugar de ocio y esparcimiento. Nos oponemos a la creación de “ghettos” (donde se aparta y concentra a seres humanos) por parte del Estado. Los planes de viviendas tienen que tener como fin la integración de toda la comunidad y la garantía del derecho a habitar en la ciudad.
Por este motivo creemos que es necesario un Plan Nacional de Viviendas que sea financiado con impuestos a las grandes fortunas y con el “no pago de la Deuda Externa”. Los movimientos sociales y las organizaciones sindicales no pueden hacerse los distraídos con esta reivindicación. Es un problema que afecta al conjunto de sus representados, por eso es urgente que incluyan esta demanda en sus programas.
Como dijimos anteriormente, apoyamos las tomas de tierras. Dotémoslas de un programa para poder conquistar la vivienda digna para toda la clase obrera.