Hace unas semanas y en el tramo final del proceso electoral, se ha lanzado una campaña contra el pueblo mapuche y sus justas reivindicaciones, acusándolos de atentados de autoría incomprobable, y llamándolos terroristas. ¿Qué hay detrás de esta campaña? ¿Cuál es la posición del PSTU ante las reivindicaciones de los pueblos originarios?*
La comunidad mapuche de la Lof Quemquemtrew se encuentra acampando en defensa de sus territorios en la comarca Cuesta del Ternero, cerca del Bolsón. Esas tierras fueron cedidas indebidamente por el Estado Provincial a un empresario maderero, para el negocio basado en la destrucción de los bosques naturales.
Este proceso coincide con el debate en el Parlamento de la prórroga de la Ley 26.160, que vence en noviembre. El sábado 30 de octubre se reunieron más de 60 comunidades indígenas en el Encuentro Federal y Plural de Emergencia Territorial Indígena en Argentina para reclamar esa prórroga.
En este contexto, se ha desatado una campaña contra los pueblos originarios, acusándolos de “terroristas”, a raíz de atentados muy sospechosos. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano (ex contador del magnate Joe Lewis) encabezan esa campaña, amplificada por los medios nacionales y toda la oposición de derecha. El Gobierno, que dice no considerarlos “terroristas”, ha enviado sin embargo fuerzas de choque para enfrentar el acampe y toda acción de los mapuches. Aunque discutan entre ellos por la campaña electoral, Gobierno y oposición están de acuerdo en reprimir a los mapuches.
La verdad del asunto
Pintan a los mapuches como delincuentes, que intentarían arrebatarnos a “los argentinos” parte de nuestro país.
En primer lugar, ellos fueron los despojados, por el genocidio de la Conquista del Desierto, que masacró a los pueblos originarios para entregar millones de hectáreas a terratenientes ingleses que saquean desde hace 150 años las tierras patagónicas.
A partir de 1990, se están vendiendo cada vez más extensiones a empresas multinacionales como Benneton, o grandes capitalistas como Joe Lewis (íntimo amigo de Macri), que incluso se adueñó de Lago Escondido, un patrimonio nacional (ver ilustración). Ellos financian a los políticos provinciales, a la policía y la justicia, y disponen de sus propias milicias privadas que atentan contra los originarios, quienes están amparados por la Ley citada, y la constitución de 1994.
Esos latifundistas multinacionales son los verdaderos usurpadores que se apropiaron de millones de hectáreas riquísimas en bosques, agua, minerales, y disponen de ellas para sus negocios. Ellos son los que impulsan esta campaña, a través de políticos, jueces, policías y periodistas a sueldo.
El verdadero móvil de lo que está ocurriendo no es, entonces, la pretensión de los mapuches. Es el negocio capitalista que intenta seguir arrebatando a los pueblos originarios las tierras en las que viven. Los mapuches no hacen más que defender como pueden -y tienen todo el derecho de hacerlo- los territorios en que viven, lo único que les queda después de siglos de saqueo.
La última vez que se debatió en el Congreso la prórroga de esta Ley fue en 2017, justamente cuando se dio la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado en un acampe similar al actual en Cuesta del Ternero. La violencia es provocada para quedarse con las tierras mapuches.
Mapuches: una nacionalidad oprimida
Los mapuches son un “pueblo-nación”. Un sector fundamental vive en las grandes localidades de la Patagonia, y trabaja en la actividad minera, petrolera, frutícola y otras. Otro sector sigue viviendo en las zonas cordilleranas, de manera permanente o estacional. Son semiproletarios –que trabajan estacionalmente en la esquila o la cosecha de la fruta en el Alto Valle de R. Negro y Neuquén- y pequeños campesinos, muy humildes, que producen para el autoconsumo o para el mercado interno, o ligados al turismo.
Reclaman sus derechos tanto económicos como nacional-democráticos y culturales. Esas reivindicaciones son completamente justas.
Apoyamos la lucha mapuche por la tierra y por una reforma agraria que supere la constitución del 94 y la Ley 26.160, que parta de la expropiación sin pago de los latifundios. Y la nacionalización de todas las explotaciones petroleras, mineras, acuíferos, lagos y riquezas geográficas, para ponerlas al servicio de la población.
Apoyamos el derecho a su lengua, sus costumbres, su propio gobierno y religión, su propio territorio y formas de propiedad.
En síntesis, apoyamos la más amplia autodeterminación del pueblo mapuche -y de todos los pueblos originarios-, en todos los terrenos. La inmensa mayoría de los mapuches no reclama tener su propio país. Nosotros les proponemos la lucha común por un país que contenga a todos y todas, con sus culturas, bajo un gobierno de los trabajadores y en camino al socialismo.
Pero si el pueblo mapuche resolviera de manera democrática y por mayoría, reivindicar su separación, los apoyaríamos. No les proponemos eso, porque nos parece que no es beneficioso para nadie; pero si lo deciden, apoyamos ese derecho.
Apoyamos, por último, su derecho a defender todo lo que han logrado conquistar de la manera que puedan. No son ellos los “violentos”, si los gobiernos patronales realmente violentos (sea Roca en el siglo XIX, Macri o Alberto en el XXI) intentan despojarlos. No pueden aceptar pacíficamente una nueva “Conquista del Desierto”.
Es el mismo derecho que tenemos todos los argentinos de reivindicar la soberanía sobre Malvinas -incluyendo la recuperación por la fuerza si tuviéramos las condiciones-. Aunque las islas estén hace casi 200 años en manos de los piratas ingleses.
La RAM
Los medios acusan a la organización RAM de ser la representante violenta de los mapuches. Nada indica que eso sea así.
Facundo Jones Huala, su dirigente, está preso en Chile. No hay pruebas contundentes de que haya una organización así en operaciones en la zona. La autoría de los atentados denunciados, no ha sido comprobada. Claramente hay operativos de inteligencia que buscan ubicar al RAM como expresión del conjunto de los mapuches, cuando eso no es así de ningún modo.
Reclamamos el fin de la distorsión, de la mentira. Exigimos la inmediata libertad de Jones Huala, un preso político en Chile, y llamamos a las organizaciones obreras y populares chilenas a luchar por la liberación de todos los presos por luchar de uno y otro lado de la cordillera.
No compartimos, en caso de que fueran ciertas, las acciones vanguardistas aisladas, de sectores minoritarios que se arrogan la representatividad de las mayorías. Impulsamos la mayor democracia del conjunto del pueblo oprimido para desarrollar la lucha por sus reclamos.
Pero sí apoyamos toda acción directa que el pueblo mapuche en su conjunto decida realizar, utilizando todos los recursos para defenderse. Han sido masacrados por los que se apropiaron de sus tierras. Los responsables del despojo y la masacre deben pagar por lo que hicieron. Cuentan con toda nuestra solidaridad, y serán la clase obrera y el pueblo en conjunto con los pueblos originarios, en la lucha por una revolución socialista, quien se los hará pagar.
Llamamos a todas las organizaciones obreras, de izquierda, movimientos sociales y organismos de DDHH, a poner en pie una fuerte campaña en apoyo al pueblo mapuche atacado.
*Para ver un mayor desarrollo, ver https://nuevo.http://nuevo.pstu.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/trotskyarchivo.jpg.com.ar/la-clase-obrera-la-cuestion-mapuche/