Las últimas dos semanas en la provincia de Mendoza constituyeron días de gran
experiencia de lucha para el pueblo. El recientemente asumido gobernador, Rodolfo Suárez,intentó avanzar contra una ley (la 7.722) gestada por el conjunto de la población en defensa
del agua. Sin dilaciones, ambas cámaras de la legislatura sesionaron para aprobar el proyecto de ley que permitiría la utilización de cianuro para la explotación minera. Tanto radicales (oficialistas) como peronistas, sin que les diera un céntimo de vergüenza, votaron
a favor de esta reforma (salvo algunas excepciones).
Paralelamente a los preparativos de esta artimaña, el descontento de la gente en las calles iba creciendo.
El rol que jugaron los asambleístas del agua y otras direcciones reformistas al impedir, con argumentos para meter miedo y enfrentándose a los que nos pusimos en primera línea para
avanzar sobre las vallas, terminó condenado a la movilización a un pacifismo que le permitió
al gobierno aprobar la reforma en la jornada del viernes 20, con la complicidad de la mayoría de los legisladores peronistas.
Merece decirse que muchos de los simpatizantes y militantes de base peronistas quedaron decepcionados de sus dirigentes, en los que depositaron expectativas de “renovación” y les
devolvieron traición. Así, el PJ tuvo que recalcular sobre los hechos y posar de populares nuevamente con pronunciamientos que intentaron desmanchar sus nombres. La gente no
los va a olvidar.
El día domingo siguiente partió desde el departamento de San Carlos un caravanazo con miles de personas a pie para llegar el día lunes a confluir en la capital con otros contingentes de manifestantes. Fuimos 80 mil mendocinos y mendocinas que le caímos a Suárez a casa de gobierno. Esta vez, con la experiencia del 17 y el 20/12, más la bronca
acumulada en el pueblo tanto por la mala dirección como por la tomada de pelo del gobiernoy los legisladores, el movimiento sobrepasó la «contención» que los pacifistas imponían. Después de varias idas y vueltas intentando desviar la lucha, un sector decidió
irse de casa de Gobierno debilitando las posibilidades de tomar el edificio. La represión no tardó en escalar hasta disuadir a todos los que resistieron al lado del vallado. El gobierno promulgó ese día la nueva ley, pero tuvo que suspender su reglamentación por la presión ejercida en las calles.
Durante toda la semana hubo manifestaciones populares en los diferentes departamentos en defensa de la 7722. Esta presión fue mucho más fuerte que la ejercida por el lobby
industrial de Mendoza, con lo que se pudo lograr al final de la semana que el gobernador tuviera que anunciar que mandaría la derogación de la ley modificatoria (9209) a la
legislatura.
Este lunes 30 nuevamente salimos a la calle para ver cómo, con la cola entre las patas, la casta política nos devolvía la ley del pueblo. Cantamos victoria, pero no nos quedamos tranquilos. Sabemos que la Unión Industrial de Mendoza, sectores sindicales y políticos van
a seguir presionando para avanzar con la minería. Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suárez representan esos intereses, lo explicitaron en sus plataformas de campaña y en los
hechos. Todo este proceso ha calado profundo en la conciencia de los mendocinos y mendocinas que, en la lucha, comprobaron que esos políticos no nos representan. El
desgaste político de Suárez, Cambia Mendoza y el Frente de Todos deja a la gobernación debilitada y sin un recambio político sólido.
Ha quedado claro que el pueblo movilizado y organizado fue quien derogó esta ley de las megamineras. Por eso desde el PSTU insistimos en ese sentido para enfrentar el saqueo.
