EL EJERCICIO DE LA MATERNIDAD Y EL DERECHO AL ABORTO
PLAN DE SALUD INTEGRAL.
Defensa de un Sistema Nacional de Salud 100 % estatal, público, gratuito y de calidad bajo control de los trabajadores.
Ante la pandemia y las necesidades postergadas de la clase trabajadora, en particular de las mujeres trabajadoras y pobres, se necesita un plan sanitario integral que contemple medidas inmediatas como la entrega gratuita de medicamentos; de mediano plazo, como aumento del presupuesto para la salud pública estatal, como mínimo al 25 % del presupuesto nacional; y de mayor alcance, como infraestructura, fabricación estatal de insumos, etc.
Dicho plan debería tener como parte de sus prioridades:
Elaborar y aplicar políticas integrales de salud para las mujeres, con foco no solo en la atención materno – infantil sino también en los diferentes ciclos de la vida femenina.
No hay salud con hambre. Que todas las familias con Jefa de Hogar reciban por lo menos un ingreso mensual igual a la canasta familiar (1). Que el Estado garantice trabajo digno y el cuidado de les hijes y/o personas enfermas a cargo.
Derechos sexuales y reproductivos, acceso gratuito a métodos anticonceptivos de calidad y que se respeten las elecciones personales.
Ampliación de los servicios especializados y equipos multidisciplinarios que atienden problemas de violencia de género, con atención específica para personas trans.
Expansión de servicios de salud mental con abordaje específico para mujeres y personas trans, fundamental por ejemplo para quienes sufren violencia y sus hijes, quienes han atravesado situaciones de aborto y/o mutilaciones a causa de abortos, etc.
Considerar particularidades de las mujeres indígenas y afrodescendientes, que en su mayoría tienen condiciones de vida y salud precaria, respecto de otros grupos de población.
Garantías para poder realizar consultas, exámenes preventivos y de control de salud, sin pérdida salarial ni represalias laborales.
Combatir la privatización de la salud y la precarización de la asistencia a causa de las pésimas condiciones actuales de infraestructura, salariales y de trabajo.
Programas de investigación acerca de las condiciones de salud y trabajo de las mujeres, bajo control de les trabajadores, que sirvan a la resolución de problemas estructurales tales como prioridad en el empleo para la madre sola con hijos a cargo, reducir su jornada laboral, sin disminución de salario, entre otros.
Campañas en las organizaciones gremiales y estudiantiles, en los medios y en todos los niveles educativos contra el machismo, la lgbtfobia, el racismo, la xenofobia, que atentan contra la salud física y mental.
Derecho a elegir el momento de ser madres.
Educación Sexual para prevenir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Que las mujeres y personas gestantes tengan derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el ejercicio de la maternidad.
Que el aborto se despenalice y sea legal y gratuito en todo el país.
Que pueda realizarse en el hospital público y en las obras sociales con asistencia médica y psicológica. Que tenga en cuenta los distintos métodos, quirúrgico, por aspiración, farmacológico, a criterio de la persona gestante y del equipo de salud.
Que prohíba explícitamente la objeción personal y/o institucional para que sea una realidad. (2)
Que excluya comités de bioética, a través de los cuales miembros de la Iglesia Católica, de las demás iglesias u otros sectores, intenten trabar o impedir este derecho democrático elemental.
Que se pueda efectuar a solo pedido de la mujer, joven, niña o persona con capacidad de gestar, sin necesidad de otros consentimientos.
Que excluya condicionamientos o dilaciones.
Que incluya el aborto como derecho a decidir y a elegir el momento de la maternidad, en los contenidos de la ESI.
Desde el Estado, las organizaciones gremiales, estudiantiles y barriales, impulsar acciones educativas que aborden con la clase obrera (y trabajadora en general), la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto, porque su ilegalidad es un problema de salud pública que discrimina a las mujeres y personas gestantes más pobres. Esas acciones deben construirse sobre el lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Crear Secretarías de la Mujer y de Género en todas las organizaciones gremiales y estudiantiles, en las que haya espacios para orientar a las mujeres y personas gestantes sobre situaciones de violencia, planeamiento familiar, salud sexual y reproductiva y en relación al aborto.
Por el derecho a la educación inicial.
Que las organizaciones gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y barriales, asuman como prioritaria la lucha por la creación de jardines maternales y de infantes, con la participación de las familias de les niñes en esa pelea.
Que funcionen en tiempo integral, sean públicas, gratuitas, de calidad y estatales, atendiendo al 100% de les niñes, a través de un aumento sustancial del presupuesto educativo, que en un plazo cercano alcance por lo menos, al 25 % del Presupuesto Nacional.
Que se incorpore al Estado, sin indemnización a los jardines privados y comunitarios.
En la pandemia: relevar la población en edad escolar (desde los 45 días) y sus condiciones socioeconómicas, entrega gratuita de computadoras, útiles, libros, etc., Internet gratis para toda la comunidad educativa, reparto de viandas nutricionales, entre otras medidas urgentes.
Que les trabajadores del nivel inicial gocen de salarios acordes a la canasta familiar. Nadie por fuera de los estatutos o convenios.
Construcción de, al menos, un jardín maternal y un jardín de infantes por cada escuela primaria.
Centros de cuidado y/o jardines (desde los 45 días) en todos los lugares de trabajo, escuelas y universidades.
Centros de cuidado de hijes en las actividades gremiales garantizados por sindicatos y centros de estudiantes.
Que este plan se ponga en práctica bajo el control de les trabajadores de la educación.
Separación entre la Iglesia y el Estado.
Dejar sin efecto el artículo 2 de la Constitución Nacional que obliga al Estado a “sostener a la Iglesia Católica”
Basta de millones de la recaudación estatal para subvencionar escuelas, universidades u otros emprendimientos religiosos.
Anular las exenciones de impuestos municipales, provinciales y/o nacionales a las instituciones religiosas ( no pagan IVA, impuesto a las ganancias ni al cheque, TSG (Tasas municipales), entre otros)
Incorporar al sistema estatal sin indemnización y bajo control de sus trabajadores a toda institución que cierre sus puertas o despida personal ante estas medidas.
Que la Iglesia Católica y las demás iglesias impartan doctrina a sus propios fieles. Prohibición de que intervengan en cuestiones extra religiosas, intentando imponer sus dogmas a toda la sociedad, como por ejemplo, en el veto al uso del preservativo, el rechazo al aborto no punible, o la exigencia de la objeción de conciencia ante la legalización del aborto.
(1) Según un estudio realizado por la UBA, en 2016 los hogares encabezados por mujeres donde los ingresos no involucran empleos sino programas sociales eran un 56,9% del total en esa situación crítica (Tiempo Argentino, 14/10/2017)
(2) La objeción de conciencia, aunque el aborto sea legal, dificulta o impide el acceso porque puede no encontrarse médico o institución que lo practique y eso está amparado por la ley. Sucede, por ejemplo en Uruguay, Italia y otros países.