Hace unos días la Cámara Federal libró de culpa y cargo a Paolo Rocca, el empresario dueño de Techint, en la casusa de los “Cuadernos”. Insólitamente, el fallo “no encontró pruebas suficientes” para incriminar al CEO de una empresa donde ya se ha comprobado el pago de coimas para acceder a la obra pública. Al mismo tiempo, la “justicia” encarcelaba a los choferes de la líneas del Este en la ciudad de La Plata, quienes tan solo habían peleado contra el vaciamiento de la empresa (ver recuadro). También se podría citar la persecución a nuestro compañero Sebastián Romero o el encarcelamiento de Daniel Ruiz por el solo hecho de salir a protestar contra la reforma previsional, mientras que el juez Sergio Torres que lo encerró fue premiado con una banca en la Corte Suprema bonaerense. Esto es solo una muestra del verdadero carácter de nuestra “justicia”, siempre al servicio de los poderosos y en contra de los trabajadores y los pobres.
Un régimen de espionaje, mentiras y corrupción
A su vez, el reciente caso “Stornelli”, como antes lo fue el caso de la corrupción K de los “Cuadernos”, han desnudado lo más podrido del régimen judicial. Un festival de extorsiones, espionaje, encubrimientos y corruptelas a todo nivel que salpican a jueces, fiscales, funcionarios, policías, periodistas y servicios de inteligencia. Se trata de una guerra de “carpetazos” entre mafias que defienden a las patronales. No hay buenos ni malos en este juego, todos forman parte y son cómplices más allá de alguna rara excepción que siempre confirma la regla.
Asi es como hace algunas semanas el juez Ramos Padilla inició una investigación que demostró la existencia de una trama compuesta de agentes judiciales, espías y periodistas (como Daniel Santoro de Clarín) que involucra al fiscal Carlos Stornelli, ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli y actual operador judicial del macrismo. En esta causa, había extorsionado a un empresario agropecuario amenazándolo con involucrarlo en la causa de los cuadernos si no pagaba las coimas necesarias. En los hechos, era el “vuelto” del bando kirchnerista contra la investigación del juez Bonadío. Cualquiera que intente rescatar algún criterio de “justicia” en alguno de estos bandos, o pretenda que alguno pueda beneficiar a los trabajadores, se equivoca.
Lejos de la búsqueda de la verdad, el “sistema judicial” es un escenario de operaciones políticas para dirimir las diferencias al interior del entramado de poder, donde siempre pierden los trabajadores y los pobres, que no cuentan con el amparo de algunas de estas bandas.
De vez en cuando, cuando estalla alguna situación escandalosa o la lucha logra imponer las condiciones, algún funcionario o empresario de segunda línea cae, pero siempre salvando a las cabezas y yendo a prisión con privilegios, lejos del hacinamiento y las condiciones infrahumanas que viven los miles y miles de pobres que rebalsan las cárceles. Por eso, cuando estos ladrones de “guantes blancos” declaran que de todo de lo que se les acusa ya “está en manos de la justicia”, saben que en ese mismo momento se está negociando y comprando su impunidad.
Hay que acabar con la mafia judicial
En esta democracia para ricos el poder judicial no está para impartir justicia, sino para asegurarse de que los poderosos sigan siendo poderosos. Para él, los intereses de las empresas están por encima de nuestras vidas. Esto también se evidencia en el trato indulgente hacia femicidas y violadores frente a la dureza casi vengativa contra las mujeres que ultimaron a sus maltratadores. Esta es la causa (y no la consecuencia) de los privilegios corruptos, de las relaciones turbias con servicios de inteligencia, de que torturadores y genocidas como Fernández Garello hayan llegado a las más altas esferas de la corporación judicial y puedan ejercer cargos como el de Fiscal Gral. de Mar del Plata.
No son algunas manzanas las que están podridas, es el cajón el que tiene mal olor. No alcanza con remover jueces y fiscales, hay que acabar con todo el régimen mafioso.
Por eso el PSTU plantea la disolución de todas las camarillas judiciales, y la elección popular de magistrados y fiscales. Pero para que esto resulte es necesario desarticular todo el entramado corrupto de represión y persecución a los sectores populares. Hay que disolver los servicios de inteligencia que solo espían y persiguen a los luchadores, hay que descabezar las cúpulas policiales y que sea el pueblo quien elija a los comisarios entre los miembros de su comunidad. Hay que encarcelar a todos los genocidas y denunciarlos por apañar el “gatillo fácil”, hay que barrer las mafias que hoy dominan las fuerzas policiales. Es necesario imponer el control obrero y popular en todas las instancias, la elección y revocabilidad de todos los mandatos, y la limitación en el tiempo de los mismos. Es importante, además, limitar los sueldos de los funcionarios, que no pueden ser superiores a los de los obreros más calificados.
Pero todo esto solo puede lograrse de la mano de la lucha obrera y popular; que tiene que empezar a ponerse de pie para defender a los hijos del pueblo trabajador atacados por esta justicia mafiosa y patronal; y continuar la movilización hasta imponer su propio gobierno.