other

Una nueva lucha de los choferes de la línea 60

El viernes 9 de septiembre, mientras realizaba sus tareas habituales, David Ramallo, electricista de la línea 60, perdió la vida al fallar los elementos de seguridad del elevador en el que estaba reparando un colectivo.
Las malas condiciones de seguridad, de ese elevador en particular y de las instalaciones de la empresa en general, así como de los colectivos, habían sido denunciadas por el cuerpo de delegados en reiteradas oportunidades.
La cabecera de Barracas, donde Ramallo perdió la vida, había sido inaugurada una semana antes por la empresa DOTA. El gobierno de la ciudad habilitó esas instalaciones a pesar de las denuncias que se hicieron sobre la falta de seguridad en la misma.
Tampoco se hicieron eco de estas denuncias, ni la superintendencia de riesgos del trabajo, ni la CNRT, ni la secretaria de transporte, ni el ministerio de trabajo, ni ningún organismo de control sea del ámbito de la ciudad, de la provincia o del ámbito nacional.
Todos ellos, son responsables por la muerte del compañero Ramallo, al permitir el funcionamiento de la línea en esas condiciones.

Las pésimas condiciones de trabajo

El lunes 12, el mismo día que velaban y enterraban a David, realizamos una marcha que obligó al Ministerio de Trabajo a ordenar una inspección al otro día en las cabeceras de Barracas y Maschwitz.
En solo una mañana en la cabecera de Barracas, la CNRT detectó irregularidades en 18 de 25 coches inspeccionados y los puso fuera de servicio, dejando en evidencia el estado de los coches con los que se estaba trabajando. A pesar de esto, la inspección no continuó.
El jueves 15, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, ordenando el restablecimiento del servicio a partir de las 12:00 del viernes, aún cuando las pericias ordenadas por el mismo no habían concluido (una mínima parte del parque móvil fue revisada y solo se realizaron inspecciones oculares de las cabeceras de Maschwitz y Barracas), y las mínimas condiciones de seguridad para choferes y usuarios, no estaban garantizadas.
Es que ni la empresa, ni el gobierno (del que dependen todos los organismos de control) están interesados en la seguridad de los choferes y los usuarios.

Exijámosle a la UTA  un Paro Nacional del Transporte

La muerte de David Ramallo, las malas condiciones de trabajo, y el deterioro de las unidades que ponen en riesgo la vida de choferes y usuarios, no son un caso aislado.
Los 52 muertos en la tragedia de once son el ejemplo claro de eso.
Sabemos que el sindicato también es cómplice por permitir que trabajemos en estas condiciones, por eso no podemos dejar que se la lleven de arriba.
Esta nueva pelea de la 60, con sus asambleas y la fuerte participación de los choferes, se ha vuelto a ubicar como una referencia de lucha para los trabajadores del transporte e incluso de otros sectores del movimiento obrero, pero eso no alcanza. Tenemos que exigirle a la UTA, empujando desde abajo junto a los compañeros de Interlíneas, que llame a un Paro Nacional del Transporte por condiciones de trabajo, reapertura de paritarias, estatización con control de los trabajadores de toda empresa que despida o no cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y todos los reclamos pendientes.
Justicia por David, es que vayan presos los dueños de DOTA, los funcionarios y políticos que permitieron que la empresa funcione en esas condiciones, provocando la muerte de nuestro compañero. También es conseguir las condiciones para que nunca más tengamos que lamentar la pérdida de un compañero.

Un debate necesario

Desde el PSTU, en discrepancia con los compañeros delegados, opinábamos que era un error salir a trabajar en esas condiciones, ya que el control de la CNRT, que estipulaba el acuerdo, no contemplaba la parte mecánica que correspondía hacer en plantas de la VTV, y no contemplaba el control por parte de un perito de parte propio y de los trabajadores.
Mas allá del respeto que tenemos por los compañeros, creemos que este fue un error, porque las condiciones mínimas de seguridad estipuladas eran insuficientes ya que la CNRT no verifica el estado mecánico de las unidades (frenos, suspensión, alineación, etc.) y la revisión quedo en manos de los mismos organismos que son responsables por la muerte del compañero Ramallo, sin que los trabajadores podamos controlar la realización efectiva de las pericias.

DOTA se tiene que ir, que el estado se haga cargo

El viernes por la mañana, la empresa, que intenta criminalizar nuestro reclamo por seguridad laboral, no se presentó a la hora señalada por el Ministerio, alegando que las medidas de seguridad no eran suficientes. En resumidas cuentas, exigían la presencia de gendarmería nacional, la misma que el año pasado nos reprimió durante el lockout de 42 días. Esta provocación no prosperó y cuatro horas más tarde se hicieron presentes.
La CNRT, frente al claro deterioro de las unidades, y temiendo quedar envuelta en un nuevo accidente, se vio obligada a ordenar la Verificación Técnica del parque automotor (VTV).
Esa verificación, ha dejado hasta el momento un resultado impactante: el 70% de los coches no pasó la VTV y están fuera de servicio. Una nueva prueba de que DOTA tiene en pésimas condiciones las herramientas de trabajo y nos expone a todos, trabajadores y usuarios, a perder la vida o sufrir un accidente en cualquier momento.
Una empresa que tiene decenas de colectivos circulando en pésimas condiciones de seguridad arriesgando la vida de todos, no puede ser responsable del transporte de miles de pasajeros. Ya no son denuncias solo de los trabajadores, los entes reguladores lo están constatando.
Por eso, DOTA se tiene que ir. La única salida, para evitar que DOTA o cualquier otra empresa similar siga llenándose de plata a costa de poner en riesgo nuestras vidas, es que el Estado se haga cargo. Estatizar bajo control de los trabajadores y usuarios es la única forma de garantizar un transporte seguro, y de calidad.

Organicemos una gran campaña nacional por condiciones laborales

El mismo día que moría David, falleció Richard Alzaraz, un obrero de la construcción, porque se le cayó una pared encima, y semanas antes Juan Ruiz Díaz perdió la vida en Ternium Siderar cayéndose de un techo. Detrás de cada uno de estos hechos, está el mismo entramado de corrupción al servicio de la ganancia de los patrones.
Necesitamos una gran campaña nacional por la seguridad laboral, contra la reforma que intenta llevar adelante Macri y sus cómplices, uniendo los reclamos de diferentes comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos, fortaleciendo la pelea junto a todos los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas de las políticas de las empresas y el gobierno. Exigiéndoles a las CTA y CGT que dejen de amagar y llamen ya mismo a un paro nacional y plan de lucha contra el ajuste de Macri, por todas nuestras reivindicaciones, incorporando este punto tan importante como es la seguridad laboral.