A dos años del acuerdo YPF – Chevron, aprobado por la Legislatura neuquina en medio de una violenta represión, cada vez es más evidente a quién beneficia la política petrolera del gobierno nacional y provincial. Y, una vez más, los beneficiados no somos los trabajadores como querían hacernos creer.
Como ya hemos señalado en ediciones anteriores de AS en relación a Vaca Muerta, a las empresas se les garantiza la máxima ganancia con la mínima inversión. Existe una planificación económica y política que está al servicio de ese saqueo, y que, sin inversión acorde al crecimiento poblacional, condena a la marginalidad y a la pobreza a vastos sectores de la población.
¿Cuáles son las implicancias de esa planificación? ¿Qué es una burbuja financiera? ¿Y por qué Vaca Muerta es una de ellas? ¿Qué implica para los trabajadores y para la población en general? Veamos:
La mentira de toda burbuja
La idea básica de toda burbuja es la siguiente: un recurso infinito cuyo valor no dejaría nunca de aumentar. El recurso crea a su alrededor todo un universo de activos financieros que pasan de mano en mano generando beneficios hasta que alguien pincha la burbuja.
Las estimaciones de la industria derivan de la corta vida productiva de los pozos que se proyecta como si se tratara de una producción a largo plazo. Los operadores, apoyados por potentes agencias publicitarias, enseñan unos resultados de explotación espectaculares obtenidos de la PI (productividad inicial) de unos cuantos pozos y llevan esos resultados a yacimientos enteros todavía no probados. Pero la realidad es que la PI de un pozo es la tasa de producción más alta de toda su vida operativa y, generalmente, se alcanza el primer mes después de la perforación. Un efecto similar al que se provoca al agitar una botella de champagne. Cuando se quita el tapón, el contenido sale a chorros, luego a borbotones y rápidamente cesa. Se estima que la vida útil de un pozo horizontal es de siete años, en los tres primeros alcanza su mayor productividad y luego va decreciendo hasta ser abandonado a los siete años.
Ahora bien, financieramente, el procedimiento es siempre el mismo. Cuando se descubre un posible yacimiento, comienza el auge de los alquileres de tierras. A éste le sigue el de las perforaciones centrado en las zonas más productivas. Lo que hacen los creativos analistas financieros es aplicar curvas abultadas a los datos iniciales de producción y pronosticar una vida media de los pozos de unos cuarenta años. Con esos datos en mente y los contratos de arrendamiento en la mano, Wall Street está haciendo lo mismo que hizo con las hipotecas basura: desarrollar sofisticados productos de ingeniería financiera.
Las transacciones financieras basadas en los alquileres de terrenos se han convertido en una actividad más rentable que perforar. Las grandes multinacionales energéticas están acaparando derechos de arrendamiento para añadirlos a sus reservas de barriles de papel y compensar así el declive de sus reservas reales con objeto de inflar artificialmente el precio de las acciones y mantener su propia solvencia. El único objetivo no es vender petróleo o gas sino, sobre todo, vender alquileres de terrenos y empresas enteras con derechos de explotación convenientemente inflados por las estimaciones exageradas.
Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas
Las burbujas, la especulación financiera, la fuga de capitales de un lado a otro, enriquece siempre a los mismos y las consecuencias, las padecemos los trabajadores en general, y los obreros petroleros en particular, con ritmos laborales extremos y riesgos que se cobran vidas. Mientras que las multinacionales se llevan todo, el gobierno les garantiza un saqueo que solo deja la contaminación y la marginalidad, acompañada de una ilusión de bienestar futuro.
Las leyes argentinas no son iguales a las de EE.UU., en donde el dueño de la tierra también lo es de los recursos que allí se encuentren. Nuestra legislación señala que los recursos son de todos los argentinos, por lo que la explotación le corresponde gerenciarla al estado. En ese marco el boom inmobiliario por el arrendamiento de tierras que se desata ante la burbuja financiera adquiere otras aristas. Es el propio estado el que debería garantizar la explotación del recurso en beneficio de los trabajadores, y no entregarlo descaradamente en contratos que son votados de espaladas a todos a pliego cerrado. Pero eso sólo se logrará cuando el estado este en manos de los trabajadores.
Porque mientras los recursos naturales estén en manos de las multinacionales no habrá ninguna mejora para nuestras vidas. La nacionalización bajo control de los trabajadores es la única garantía. Para que la contaminación no termine con el medio ambiente, para que las ganancias obtenidas vayan a la obra pública y los salarios, para que este planificado todo al servicio de la población y no de las empresas multinacionales como Chevron. Ésta es la pelea que hay que organizar, la movilización por todo lo que es nuestro.