La segunda ola de contagios de COVID-19 ya es un hecho. Lo ha confirmado la Ministra de Salud, Carla Vizzoti. Los casos detectados diariamente ya promedian los 16 mil.
La propia Vizzoti ha negado que estos se den en las fábricas y escuelas, echándole la culpa a la gente que no se cuida en el ámbito social. No solamente pasa por alto los fallidos protocolos que se aplican, sino que deja de lado el enorme foco de contagio que representa el transporte público que usan millones para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.
Los números también desmienten al Gobierno. El aumento de casos en las franjas entre 0 y 9 años y de 9 a 19 años (o sea, la edad escolar) demuestra que la presencialidad es una trampa mortal para docentes y estudiantes.
En algunas regiones del país aumentan las restricciones, pero las vacunas siguen faltando y los contagios siguen subiendo. Las medidas que proponen el Gobierno Nacional junto a Gobiernos Provinciales son totalmente insuficientes.
Esta catástrofe es totalmente evitable. Pero es necesario tomar medidas urgentes. Por eso los socialistas del PSTU queremos proponer un plan de emergencia para que esta segunda ola no se cobre la vida de ninguna compañera o compañero más.
3 medidas para evitar la catástrofe
1) Anular las patentes para garantizar vacunas para todos
La vacunación masiva es la única salida definitiva para esta pandemia. Estados y universidades han invertido recursos para el desarrollo de las vacunas, pero estas terminan en manos de las empresas que registran sus patentes, sean estas privadas (como Pfizer, Moderna o AstraZeneca) o estatales (como el instituto Gamaleya).
Así, la vacuna que necesitamos para salvarnos se produce a cuentagotas al servicio de generar ganancias para unos pocos. Y se reparte de manera muy desigual. Ya hemos mencionado en estas páginas como los países más ricos se han garantizado una gran cantidad de dosis, mientras los más pobres apenas están recibiendo vacunas. Como denuncia la organización Médicos Sin Fronteras, un grupo de los países más ricos que concentran un 16% de la población mundial se han reservado el 60% de la oferta global de vacunas. A este ritmo la pandemia tardará años en ser superada, mientras surgen nuevas mutaciones, algunas con mayor resistencia a las vacunas.
Si anulamos las patentes de las vacunas podríamos producirlas en mayor cantidad. Existen establecimientos, incluso estatales, como el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, totalmente capaces de producir la vacuna. Los científicos del CONICET y del Instituto Malbrán podrían aislar los compuestos de las diferentes vacunas para ser producidas en masa también.
No es ninguna locura lo que estamos proponiendo. Hay muchísimos casos en la historia en los que se han anulado las patentes de medicamentos. En 1922, se impidió que se patentara la insulina, y Sudáfrica anuló las patentes de los antirretrovirales en los ‘90 para hacer frente al VIH, incluso con la oposición de EEUU.
Nos dirán que la propiedad intelectual fomenta la inversión privada en las investigaciones y ayudó al rápido desarrollo de las vacunas. Nosotros contestaremos que no solamente está representando una traba para los planes de vacunación, sino que ha dividido a la comunidad científica, que podría estar unificando esfuerzos para desarrollar la mejor vacuna posible. Pero la competencia privada divide estos esfuerzos, al servicio de llenar los bolsillos de los empresarios.
2) Estatizar y optimizar todo el sistema de salud
El aislamiento social, preventivo y obligatorio se decretó para darle tiempo al sistema de salud para prepararse y así no colapsar. Pero la “cuarentena” trucha no dio ningún respiro y hoy hay nuevamente peligro de colapso.
El ex Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, había deslizado en su momento la idea de declarar de interés público todos los hospitales y clínicas privadas para cubrir la demanda de camas. Pero los empresarios pusieron el grito en el cielo, y el Gobierno, como con casi toda medida más o menos efectiva, se echó para atrás.
La realidad impone hacer concreta esa medida, estatizar la totalidad del sistema de salud para ponerlo a disposición de combatir la pandemia. Que los trabajadores tomen las riendas de éste, disponiendo de todos los recursos al alcance para cubrir las necesidades.
Esto también aplica a las empresas que producen insumos necesarios, desde los laboratorios farmacéuticos, hasta las metalúrgicas que pueden fabricar camas, o respiradores (como es el caso de la General Motors). Todo esto garantizado a partir de cancelar inmediatamente el pago de la Deuda con el FMI y asociados.
3) Una cuarentena eficiente
Mientras no pueda completarse la vacunación masiva, la cuarentena es el único método para controlar los contagios y no saturar el sistema de salud. El 21 de marzo del año pasado el gobierno de Alberto Fernández decretó el comienzo de la cuarentena. Si bien sectores que no tenían nada de esenciales como los mineros o la fabricación de golosinas nunca dejaron de trabajar, la reducción masiva de la circulación permitió que los contagios se mantuvieran controlados.
Esto fue cambiando a medida de que el Gobierno fue autorizando más y más actividades. Siempre con la excusa de protocolos de dudosa efectividad y que en el mejor de los casos solamente reducían el riesgo de contagio. El colmo de los colmos llegó cuando, a mitad del invierno y comenzado el primer pico de contagios, se retomó la gran mayoría de las actividades, iniciando lo que hemos bautizado como “fase empresarial” de la cuarentena.
Ahora esto se agrava con la llegada de la segunda ola junto a la presencialidad en las escuelas. Presencialidad a la que el Gobierno no quiere renunciar, porque implicaría el retorno de las licencias para cuidar a las niñas y niños.
Esta farsa de medida que llevó adelante el oficialismo durante un año provocó el hastío de muchas compañeras y compañeros y dio de comer a los sectores “anticuarentena”. Ni hablar de quienes trabajan en la informalidad y tuvieron que rebuscárselas para poder comer, porque las migajas del IFE no alcanzaban para alimentar a una familia.
Por eso nosotros queremos proponer que se lleve adelante una cuarentena eficiente. Dónde solamente trabajen quienes son realmente esenciales para la vida cotidiana de las familias trabajadoras. Que las empresas garanticen el transporte a los lugares de trabajo. Que se liberen las redes de WiFi. Se cancelen el cobro de los servicios de luz y de gas. El Gobierno debe garantizar un ingreso de emergencia igual a la canasta familiar a todos los trabajadores informales y desocupados. La farsa de la presencialidad en las escuelas se tiene que terminar mientras no se puedan controlar los contagios. Y la apertura o no de actividades debe estar ligada al avance de la vacunación y a un análisis serio de los casos producto de una campaña de testeos masiva.
Es necesario luchar para defender las vidas de los trabajadores
Todas estas medidas que hemos enumerado pueden ayudarnos a superar la pandemia en poco tiempo. Pero tomar estas decisiones implica ir en contra de los ricos y poderosos, de los dueños del mundo. El Gobierno no parece tener la resolución de llevar esto adelante para salvar la vida de las familias trabajadoras. Por eso solamente podremos lograrlo si tomamos este problema en nuestras manos.
Es fundamental que los trabajadores, quienes generamos la riqueza real de los empresarios, nos pongamos de pie. Que no se sigan llenando los bolsillos a costa de nuestra salud. Hay que organizar asambleas, comités, lo que sea necesario en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada escuela, hospital, que tomen acciones para imponer este plan al Gobierno.
Los dirigentes sindicales hacen silencio mientras las familias trabajadoras caen, ya no solamente víctimas del hambre, sino de la pandemia. Hay que obligarlos a que rompan esa tregua con el Gobierno y tomen las acciones necesarias.
Las vacunas que necesitamos están acá
El laboratorio mAbxience del empresario Hugo Sigman, ubicado en Garín, produce el compuesto de la vacuna de AstraZeneca. Cada mes se producen activos para 25 millones de dosis, con lo que alcanzaría con 3 meses para terminar de aplicar ambas dosis a toda la población de nuestro país. Sin embargo, estas parten hacia México donde deberían ser fraccionadas y envasadas para distribuirse en toda América Latina.
Sin embargo, estas recién han comenzado a llegar hace unos pocos días a nuestro país y en muy baja cantidad. Por supuesta falta de insumos, muchas están retenidas en depósitos en EEUU, cuyas leyes no permiten la salida de vacunas del país. Incluso hay denuncias de que están yendo a parar también a Gran Bretaña. Todo esto cuando en nuestro país tenemos instalaciones capaces de envasar las vacunas.
Hay que evitar ya mismo que se sigan yendo del país al servicio de la especulación y las ganancias de unos pocos empresarios.
Distintas organizaciones han firmado un pedido al presidente para que evite que sigan saliendo estas vacunas del país, pero Fernández ha hecho caso omiso. Es momento de pasar a la acción. Llamamos a todas estas organizaciones a preparar piquetes para evitar que se sigan llevando los compuestos producidos en Garín. Tenemos que bloquear la planta y resistir, impedir que salga una sola vacuna de esa fábrica hacia el exterior, hasta que se garanticen las necesidades del país. Que las vacunas solo salgan si se dirigen, vigiladas por las organizaciones obreras y populares, a centros de envasado en nuestro país. Si hay que enfrentar a la represión para eso, debemos hacerlo, organizando la autodefensa, porque está en juego la vida del pueblo argentino. Imponer el control obrero y popular del destino de esas vacunas, para que sean puestas realmente al servicio de la población. Exigir que se anule la patente y se produzca en todo lugar donde sea posible para abastecer a la Argentina y a toda la región.
El Frente de Izquierda Unidad ha realizado una acción en la puerta del laboratorio con un programa correcto. Pero no ha convocado a ninguna otra organización. Esto nos parece equivocado. Puesto que lo único que pueden lograr de esa forma es promocionar un proyecto de ley que no avanzará en un Congreso que no para de votar leyes contra el pueblo. El centro no puede ser un proyecto de Ley, sino la pelea en la más amplia unidad contra la ley de patentes y por arracar a las vacunas del circuito comercial, declararlas de bien público y forzar su entrega al sistema de salud nacional, bajo control de organizaciones obreras y populares, comenzando por las organizaciones de los trabajadores de la salud.
Es necesaria la más amplia unidad para torcerle el brazo a la industria farmacéutica y así evitar que esta pandemia siga cobrando vidas de compañeras/os y familiares.